Intelectuales y organizaciones civiles de México lanzaron una lluvia de críticas sobre el gobierno por su tibia reacción ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que niega a los inmigrantes indocumentados derecho a la indemnización por despido.
El dictamen judicial estadounidense provocó una seria preocupación, señala un boletín divulgado este lunes por la embajada de México en Washington.
La reacción diplomática contrastó con las periódicas declaraciones del presidente Vicente Fox y de su canciller, Jorge Castañeada, sobre los emigrantes mexicanos en Estados Unidos y la importancia que ambos le asignan al problema en la agenda de negociaciones bilaterales.
Agustín Gutiérrez, director del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, dijo que el gobierno demostró falta de sensibilidad para defender los intereses de los mexicanos en Estados Unidos, al reaccionar tímidamente y con un bajo nivel.
Similar opinión expresó Edgar Cortés, director del grupo de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez. La decisión de la justicia estadounidense merecía una posición firme y de primer orden, apuntó.
Una resolución dictada el 27 de marzo por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos señala que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a pedir pagos extraordinarios de indemnización en caso de despido de su trabajo.
El fallo se refiere a una denuncia laboral interpuesta en 1989 por un trabajador mexicano indocumentado contra la empresa Hoffman Plastics Compound, del estado de California.
El demandante, quien había intentado organizar un sindicato en la firma antes de ser despedido, exigía indemnizaciones extraordinarias.
La Junta Nacional de Relaciones Laborales y tribunales locales de California le dieron la razón al trabajador, pero la Corte Suprema de Justicia, en su instancia final, se pronunció en sentido contrario.
La embajada de México en Washington lamenta particularmente que (con el fallo) pudieran fomentarse situaciones de abuso, de explotación, marginación e indefensión de un gran número de trabajadores indocumentados mexicanos, agrega el comunicado.
Se calcula que alrededor de cinco millones de inmigrantes mexicanos indocumentados trabajan en Estados Unidos.
Diputados de diversos partidos políticos de México criticaron la decisión de la justicia estadounidense y demandaron al gobierno de Fox que realizara gestiones para revertir el fallo.
El máximo tribunal cometió una grave injusticia laboral que coloca en mayor indefensión a los trabajadores que contribuyen a la vida económica de Estados Unidos, sostuvo Agustín Gutiérrez.
Por su parte, el escritor Carlos Montemayor puntualizó que la Corte Suprema de Justicia del país vecino transformó a los trabajadores indocumentados en los nuevos esclavos del siglo XXI y del tercer milenio.
Unas 20 millones, de las 35 millones de personas de origen hispano que viven en Estados Unidos, tienen raíces en México.
Fox indicó que el principal interés de su gobierno en las relaciones con Estados Unidos es garantizar la seguridad y los derechos de los compatriotas que viven y trabajan en ese país.
Mientras, el canciller Castañeda aseguró que el objetivo final del gobierno es lograr la legalización de los trabajadores mexicanos indocumentados que se desempeñan en Estados Unidos.
La cuestión de la migración fue uno de los principales asuntos de la agenda de trabajo en la última reunión de Fox con su par estadounidense, George W. Bush, realizada en marzo en la septentrional ciudad mexicana de Monterrey.
Marisa Demeo, directora del no gubernamental Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal y Educación, manifestó su molestia por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, pues permite a los empleadores maltratar a sus empleados.
Igual postura expresó Arturo Rodríguez, presidente de la United Farmworkers of America. Esto (la decisión de la Corte) elimina para los trabajadores el derecho de enfrentar a sus patrones y los sitúa casi en condiciones en esclavitud. (FIN/IPS/dc/dm/lb hd/02
