El Tribunal Penal Internacional alcanzó este jueves su ratificación final, y desde el 1 de julio tendrá facultades para juzgar crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.
El sueño largamente abrigado de un tribunal penal permanente será realidad. La impunidad ha recibido un golpe decisivo, dijo este jueves el secretario general de la ONU, Kofi Annan, luego de que 10 países depositaran sus instrumentos de ratificación en la sede del foro mundial.
Aquéllos que cometan crímenes de guerra, genocidio y otros delitos contra la humanidad ya no estarán fuera del alcance de la justicia, agregó Annan.
Con las adhesiones de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Camboya, Eslovaquia, Jordania, Irlanda, Mongolia, Níger, República Democrática del Congo y Rumania las ratificaciones llegaron este jueves a 66, seis más de las requeridas por el Tratado de Roma, que estableció en 1998 la conformación del tribunal permanente.
El Tratado, firmado por 139 países, entrará en vigor 60 días después de su ratificación final.
El tribunal sólo tendrá jurisdicción sobre delitos cometidos luego de su entrada en vigor, por ciudadanos de estados que hayan ratificado el Tratado de Roma y en territorios de esos estados, o si el Consejo de Seguridad de la ONU le refiere un caso específico.
Más de un tercio de la población del mundo no estará protegida por este organismo pues gobiernos como los de China e India, países que suman más de 2.000 millones de habitantes, negaron su adhesión al tratado, arguyendo que se trata de un instrumento imperfecto.
El tribunal puede constituirse en la institución de derechos humanos más importante creado en los últimos 50 años, dijo el activista Richard Dicker, de la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch.
Esta será la corte donde los Saddam, los Pol Pot y los Pinochet del futuro deberán rendir cuentas, dijo Dicker en referencia al presidente de Iraq, Saddam Hussein, al líder del Partido Comunista y de la guerrilla Jemer Rojo de Camboya, Pol Pot (1925-1998), y al ex dictador de Chile, Augusto Pinochet.
Pol Pot fue responsabilizado por la muerte de millones de personas durante su régimen, entre 1975-79. El presidente iraquí es acusado de utilizar armas químicas contra la minoría curda de su país, mientras Pinochet soporta cargos por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su dictadura de 17 años, que concluyó en 1990.
Las ratificaciones se lograron más pronto de lo previsto, pues muchos esperaban que el proceso tomara diez años, agregó Dicker.
La amplia confianza en los valores intrínsecos del tribunal, en un mundo traumatizado por violaciones a los derechos humanos a gran escala, facilitó su puesta en vigor, dijo a IPS el jefe de la sección de tratados de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Palitha Kohona.
La comunidad internacional de ONG jugó un papel esencial en difundir enfáticamente este mensaje en todo el mundo, agregó Kohona.
La campaña fue conducida por la Coalición por el Tribunal Penal Internacional, una red de más de 1.000 organizaciones civiles y legales de todo el mundo, con sede en Nueva York.
Corea del Norte, Libia, Cuba e Iraq también rechazaron el instrumento.
El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton (1993-2001) firmó el tratado el 30 de diciembre de 2000, un día antes de que venciera el plazo y dos días antes de que asumiera el actual mandatario, George W. Bush. Finalmente, Washington se negó a la ratificación.
El senador del gobernante Partido Republicano, Jesse Helms, ex presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado, calificó la medida de Clinton como un evidente intento de atar las manos de su sucesor.
Helms expresó sus temores de que el tribunal persiga en el futuro al ejército de su país, reflejando la posición del gobierno de Bush.
Los estados tienen sus propias prioridades. Un tratado de esta naturaleza requiere extensas revisiones y una compleja legislación para ser introducido en el sistema legal nacional, dijo Kohona.
Sin embargo, destacó, la participación de grandes estados ciertamente contribuirá a fortalecer el respaldo moral del tribunal.
El tribunal no está dirigido contra los ciudadanos de ningún país en particular, sino contra los criminales, y actuará en situaciones donde el país implicado esté incapacitado o no tenga voluntad de hacerlo, aclaró Annan.
Hay persistentes rumores de que Washington procurará quitar su firma del Tratado de Roma.
El acto de retirar la firma no sólo provocará una tormenta política entre los más estrechos aliados y amigos de Estados Unidos, sino que creará un precedente contrario al interés nacional de ese país, dijo el portavoz del independiente Estados Unidos por el Tribunal Penal Internacional, Don Kraus.
Si Washington se retirara del tratado, se haría vulnerable a las presiones para que abandone otros instrumentos internacionales, resistidos por grupos de interés dentro del país, explicó Kraus.
La escalada de violencia en Medio Oriente no podrá ser llevada ante el tribunal sin que antes Israel o un estado palestino con reconocimiento internacional ratifique el tratado. Aunque Tel Aviv suscribió el instrumento, aún no lo ha ratificado.
El tribunal tendrá su sede en la ciudad holandesa de La Haya, donde también se encuentran la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.
La propuesta fue impulsada por el presidente de Trinidad y Tobago, Arthur Robinson, y respaldada por una resolución de la Asamblea General de la ONU en 1989.
El tribunal, que no formará parte del sistema de la ONU, estará conformado por 18 magistrados, así como por fiscales e investigadores propios, y será financiado por los estados parte del Tratado de Roma.
Su naturaleza es diferente a la de los dos tribunales penales creados por el Consejo de Seguridad de la ONU para Ruanda y Yugoslavia, cuyos mandatos se limitan a esos dos países. (FIN/IPS/tra-eng/td/aa/dcl/hd/02
