El gobierno de Fidel Castro atribuyó a Estados Unidos la moción crítica de la situación en Cuba presentada a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con respaldo de varios países latinoamericanos.
Estados Unidos es el proponente, el gran redactor y el que se beneficia con este documento, destinado a lograr un nuevo pronunciamiento en contrario que justifique el bloqueo contra nuestro país, dijo el canciller cubano Felipe Pérez Roque en concurrida conferencia de prensa en La Habana.
Pérez Roque señaló que Uruguay asumió el ignominioso papel de presentador de la resolución sobre Cuba, que se someterá a votación el 19 de este mes en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que sesiona desde marzo en Ginebra.
La moción presentada por Uruguay está copatrocinada por Argentina, Canadá, Costa Rica, Perú, Guatemala, Panamá Nicaragua, El Salvador y Honduras. Sobre estos tres últimos países, que no son miembros de la Comisión, huelgan los comentarios, dijo Pérez Roque.
Añadió que los países latinoamericanos involucrados en el caso han actuado bajo la presión del gobierno estadounidense, a cuya diplomacia tildó de chapucera y errática.
Sin embargo, empleó un tono y palabras menos fuertes que el fin de semana pasado, cuando llamó genuflexos a los gobiernos de Argentina, Costa Rica y Uruguay que habían adelantado públicamente su decisión de respaldar una resolución contraria a Cuba en Ginebra.
Ellos están dispuestos a agacharse cuando todavía nadie se los ha pedido. Lo que yo llamaría una posición coherentemente genuflexa a los intereses del gobierno de Estados Unidos, indicó Pérez Roque el viernes pasado a periodistas.
En respuesta, Uruguay llamó en consulta a su embajador en Cuba, Enrique Estrázulas, y pidió una aclaración de esas expresiones al gobierno de Fidel Castro.
Pero este jueves, el canciller cubano descartó que el roce diplomático pueda interrumpir la colaboración en marcha entre La Habana y Montevideo en materia de salud.
El pueblo uruguayo puede tener la seguridad de que el gobierno cubano cumplirá con su compromiso de donar todas las vacunas que sean necesarias e incluso transportarlas hasta el Uruguay para enfrentar la epidemia de meningitis en ese país, aseguró.
Pérez Roque se refirió así a la donación de 1,2 millones de vacunas contra la meningitis tipo B, 200.000 de las cuales ya fueron enviadas a Uruguay para combatir un brote de esa enfermedad.
La Habana no aceptó una propuesta del presidente uruguayo Jorge Batlle de descontar el costo de esas vacunas de la deuda que Cuba mantiene con Uruguay, rechazando la opción de negociar con la salud.
La nueva moción sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, introducida el miércoles en la agenda de trabajo 15 minutos antes de que finalizara el plazo estipulado para ello, no contiene una condena y reconoce los esfuerzos de la isla caribeña en la realización de los derechos sociales de la población.
Sin embargo, solicita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, que envíe un representante personal para que su oficina coopere con el gobierno de Cuba en la aplicación de la presente resolución.
Para el titular de Relaciones Exteriores, lo más grave del texto es la idea de crear otra vez un mecanismo de monitoreo (seguimiento) sobre Cuba, similar al impuesto en la década del 90.
Al respecto, precisó que esa figura fue derrotada en 1998, único año de la pasada década en que no se aprobó una resolución de condena sobre la situación humanitaria en Cuba.
Este país no acepta que se la singularice y rechaza con toda energía esta nueva maniobra de Estados Unidos, este ejercicio vergonzante al que se han prestado el gobierno de Uruguay y de otros países latinoamericanos, afirmó Pérez Roque.
El pasado año, una resolución presentada por República Checa fue aprobada por 22 votos a favor, 20 en contra, 10 abstenciones y una ausencia.
Cuatro de los países latinoamericanos (Argentina, Costa Rica, Guatemala y Uruguay) votaron a favor de la propuesta. Brasil, Colombia (cuyo lugar es ocupado este año por Chile), Ecuador, México y Perú se abstuvieron, en tanto Venezuela y Cuba se pronunciaron en contra.
El gobierno de Castro siempre rechaza toda crítica de este tipo y asegura que en el país se respetan los derechos sociales como en ningún otro país de América Latina y el Caribe.
En su opinión, lo que realmente se dirime en Ginebra es el derecho de esta isla a tener un sistema propio, de corte socialista.
A la vez, las autoridades cubanas atribuyen la ausencia de determinadas garantías civiles, como la libertad de asociación, reunión y expresión, al conflicto de más de 40 años con Estados Unidos, acusado de promover la rebelión interna contra Castro.
Medios opositores, tildados por el canciller cubano de asalariados del gobierno de Estados Unidos, calculan que son más de 200 las personas encarceladas en Cuba por razones políticas. (FIN/IPS/pg/dm/ip hd/02
