La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, el gobierno de Colombia y representantes de numerosas organizaciones no gubernamentales coincidieron en describir un cuadro sombrío de la situación en ese país.
Robinson dijo que el imperio de la ley se encuentra en grave riesgo debido a la continuación del conflicto armado, al aumento de la violencia, a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, a la ausencia de una correcta administración de justicia y a la creciente amenaza paramilitar.
El vicepresidente y ministro de Defensa colombiano Gustavo Bell aceptó que las medidas adoptadas por el gobierno no han sido suficientes para resolver el problema de la violencia.
A lo largo de casi cuatro décadas, Colombia ha sido sacudida por choques armados entre grupos guerrilleros de izquierda y fuerzas de seguridad. El conflicto se agravó en los últimos años con la intromisión en el diferendo de las bandas de narcotraficantes y de paramilitares de derecha.
En ese clima se deteriora el respeto de los derechos humanos y se cometen violaciones graves y repetidas de las normas humanitarias internacionales, deploró Robinson ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra desde el 18 de marzo y hasta el 26 de este mes.
La Alta Comisionada presentó este jueves un informe de la situación colombiana a la Comisión, máximo cuerpo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en derechos humanos.
Con los elementos aportados durante el debate por Robinson, Bell, algunos de los 53 estados miembros de la Comisión y las organizaciones no gubernamentales, el presidente del cuerpo elaborará la declaración sobre Colombia que será presentada el 25 de este mes.
Desde hace al menos cinco años, el caso de Colombia es uno de los que más preocupa a la Comisión de la ONU, pero el organismo no condenó a ese país en ninguna ocasión debido a la disposición de las autoridades a colaborar.
Sin embargo, todos los años el presidente de la Comisión emite una declaración que critica en términos severos los abusos que se cometen en Colombia.
Por otra parte, la Alta Comisionada mantiene una oficina en Bogotá que supervisa la situación de los derechos humanos. Robinson anunció este jueves que, de acuerdo con las autoridades colombianas, se establecerán también oficinas dependientes de la central de Bogotá en las ciudades de Cali y Medellín.
El informe de Robinson lamentó la interrupción de las conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo insurgente.
Las FARC, comandadas por Manuel Marulanda, disponen de unos 15.000 hombres armados, estimó la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.
En una carta dirigida a Marulanda, Human Rights Watch solicitó esta semana la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas por la guerrilla en carácter de rehenes.
El documento de Robinson indica que los actos de violencia de la guerrilla, dirigida particularmente contra la población civil, se encuentra en aumento.
Los desplazados internos forzados suman en toda Colombia unos dos millones, 55 por ciento mujeres, calculó la presidenta de la organización no gubernamental Nuevas Sinergías en el Desarrollo con sede en Ginebra, Margarita Pacheco-Montes, .
El representante de la Unión Europea, Joaquín Pérez, manifestó la preocupación del bloque por el progresivo incremento del número de desplazados internos y por su situación de vulnerabilidad e inseguridad.
El informe de la Alta Comisionada subraya la debilidad que se observa en la capacidad del Estado colombiano y de sus instituciones para afrontar los problemas de los derechos humanos.
De manera creciente, se nota la ausencia del Estado en numerosas regiones del país, lo que agrava los problemas de legitimidad, gobernabilidad y de respeto al imperio de la ley.
Robinson también criticó la sanción y aplicación de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional.
El Defensor del Pueblo de Colombia, Eduardo Cifuentes, opinó que esa ley vulnera el principio de la separación de los poderes y pone en peligro la primacía del poder civil sobre el militar.
Sin embargo, Robinson se congratuló por un fallo de la Corte Constitucional de Colombia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional porque viola las normas del derecho humanitario internacional.
El derecho internacional humanitario, regido por las Convenciones de Ginebra, se refiere especialmente a la protección de la población civil afectada por conflictos armados y también a la de los combatientes heridos o enfermos y de los prisioneros de guerra.
La Alta Comisionada mencionó la expansión y consolidación constantes de los grupos paramilitares que figuran entre los principales violadores de los derechos humanos;.
Los grupos paramilitares mantienen vínculos persistentes con funcionarios públicos y con fuerzas de seguridad, dijo.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional continúa recibiendo informes sobre fuertes vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares, sostuvo la portavoz de la institución Tessa Mackenzie.
Más de 80 por ciento de las muertes registradas en episodios de carácter político ajenos a los combates han sido atribuidas a los paramilitares en complicidad con las fuerzas de seguridad, refirió Mackenzie.
Los paramilitares aseguran haber logrado que un elevado número de sus miembros resultaran este año elegidos parlamentarios en las urnas, noticia que disgustó a Robinson.
También expresó inquietud por la propuesta del candidato que encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de este año, Alvaro Uribe, de entregar armas a un millón de civiles para defenderse contra la guerrilla.
Mientras, Bell aseveró que las acusaciones de que las autoridades públicas se encuentran comprometidas en violaciones de derechos humanos carecen de fundamento.
No existe en Colombia violación sistemática o institucional de los derechos humanos, dijo el vicepresidente. (FIN/IPS/pc/mj/ip hd/02
