Proyectos de ley considerados vitales por el gobierno de Brasil están paralizados en el parlamento por disputas relacionadas con las elecciones presidenciales de octubre, cuyo impacto amenaza interrumpir la recuperación económica.
La coalición gobernante, debilitada por la deserción del Partido del Frente Liberal (PFL), demostró este martes su se mostraba este martes incapaz de aprobar proyectos clave para lograr un equilibrio de las cuentas públicas que permita recuperar la confianza de los inversores y para superar la crisis energética.
La prórroga de la Contribución Provisional sobre Movimientos Financieros, el llamado impuesto a los cheques con que se recauda 0,38 por ciento de los retiros bancarios y que caduca el 17 de junio, depende de una enmienda constitucional bloqueada por la negativa del PFL a votarla.
Los liberales, cuyo partido es el mayor por su representación en la Cámara de Diputados, con 96 escaños de un total de 513, son esenciales para la aprobación de enmiendas constitucionales, que exigen una mayoría especial de 60 por ciento de los legisladores.
El Estado perderá 173 millones de dólares por semana a partir del 17 de junio, según las autoridades impositivas. Como una enmienda entraría en vigencia 90 días después de la sanción, sólo su aprobación antes del 17 de marzo hubiera evitado la interrumpción de la recaudación.
El PFL rompió con la coalición que respalda al presidente Fernando Henrique Cardoso el mes pasado, después de una inspección policial, ordenada por la justicia y cumplida el 1 de marzo, a la empresa Lunus, perteneciente a la precandidata liberal a la presidencia, Roseana Sarney.
Los 582.000 dólares en reales requisados en la empresa y exhibidos por la televisión nacional derrumbaron la popularidad de Sarney, entonces gobernadora del estado de Maranhao y ubicada en el segundo lugar de las encuestas de intención de voto detrás del izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva.
Sarney y su marido, Jorge Murad, deberán comparecer ante la justicia como sospechosos de desviar fondos públicos de fomento al desarrollo de la Amazonia a través de sus empresas, un escándalo que involucra otros líderes políticos del norte brasileño desde el año pasado.
Murad y Sarney alegaron que el dinero requisado es producto de donaciones para la campaña electoral, pero no convencieron a la opinión pública. El escándalo destruyó las aspiraciones de Sarney a la presidencia y mejoró dentro del oficialismo las posibilidades del ex ministro de Salud José Serra.
El PFL acusó el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), al que pertenecen el presidente Cardoso y Serra, de haber provocado el escándalo. Como represalia, los liberales abandonaron la coalición, con el retiro de sus cuatro ministros y la obstrucción de las votaciones parlamentarias.
La solución para la escasez de energía eléctrica, que obligó al país a un racionamiento entre junio y febrero pasados, también afronta obstáculos.
Sin los votos del PFL, será difícil la aprobación de un proyecto que indemniza las empresas de electricidad por la pérdida de ingresos durante el racionamiento y autoriza al gobierno a contratar centrales termoeléctricas de emergencia para evitar nuevas crisis.
En Brasil 83 por ciento de la electricidad se produce en represas hidroeléctricas, que dependen de las lluvias.
Esas medidas son de interés para el país, para toda la sociedad, y no solo para el gobierno, y en esa condición deben de ser votadas lo antes posible, argumentó el ministro y jefe del Gabinete Civil de la presidencia, Pedro Parente, al señalar la responsabilidad del PFL sobre las consecuencias de su actitud.
Por otra parte, si no se prorroga de inmediato el impuesto a los cheques, las pérdidas de ingresos previstas hasta el fin de 2004 obligarán al gobierno a reducir sus programas sociales, en desmedro de la población pobre, advirtió el ministro.
Mientras, el presidente del PFL, senador Jorge Bornhausen, rechazó la responsabilidad de su partido en la parálisis legislativa al afirmar que el gobierno aún mantiene su mayoría en el parlamento y puede, por lo tanto, aprobar las leyes que considere necesarias.
En realidad, la coalición gobernante sólo es mayoritaria formalmente. La disputa electoral causó otras divisiones que imposibilitan la aprobación de proyectos polémicos como el de energía y la prórroga del impuesto a los cheques, tributo creado hace ocho años con carácter provisorio que se ha ido eternizando.
Otro gran partido coaligado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), está dividido. Una facción quiere postular un candidato propio a la presidencia y se resiste a aprobar iniciativas del gobierno.
Partidos menores, como el Progresista Brasileño (PPB), que en años anteriores apoyaban decididamente el presidente Cardoso, se dividieron ante las elecciones del 6 de octubre y otros, como el Laborista (PTB), pasaron a la oposición.
La incertidumbre política incluye la posibilidad de triunfo del opositor Lula, líder del Partido de los Trabajadores y favorito entre los aspirantes a la presidencia en las encuestas.
Esas incertidumbres se suman turbulencias externas que amenazan la recuperación económica, como la crisis argentina y el precio del petróleo. Analistas habían previsto un crecimiento del producto interno bruto de 2,5 a 3,5 por ciento para este año. (FIN/IPS/mo/mj/ip if/02
