Un representante de la compañía Gildan Activewear, la mayor fabricante de camisetas deportivas de América del Norte, responderá esta semana en Honduras a denuncias sobre las condiciones de trabajo en sus maquilas.
También llegará a Tegicugalpa un dirigente de la no gubernamental Red de Solidaridad de la Maquila, una organización canadiense que procura mejorar la situación laboral en las maquilas, empresas que utilizan insumos importados y destinan su producción a la exportación.
La televisión canadiense exhibió en enero un programa con imágenes de una de las maquilas de Gildan en Honduras, donde se afirmaba que las trabajadoras cumplen largas jornadas en ambientes sin ventilación adecuada y son vigiladas incluso cuando acuden al servicio sanitario.
El informe televisivo indicó que las aspirantes a un empleo son sometidas a exámenes de embarazo obligatorios.
«No tenemos nada que ocultar. Tenemos plantas fantásticas, con aire acondicionado y luz. Están limpias, son nuevas, tienen cafeterías subsidiadas y transporte. No somos perfectos y estoy segura de que hay cosas para mejorar, pero las condiciones son buenas», aseguró a IPS Mackie Vadacchino, vicepresidenta ejecutiva de la compañía.
Días después, un diario de Montreal aseguró que Gildan se vio obligada a aceptar una auditoría laboral por presiones del Fondo de Solidaridad de la Federación Sindical, con sede en Québec, uno de los principales inversores de la firma.
Pero Vadacchino y un portavoz del Fondo sostuvieron que la decisión de contratar a la consultora Social Accountability International (SAI) fue adoptada libremente y el proceso se inició mucho antes de que se emitiera el programa televisivo.
Gildan, que emplea a 7.000 trabajadores en todo el mundo, vendió en 2001 más de 315 millones de dólares en prendas de algodón, vestimenta para golf y otros artículos.
La firma produce sus prendas deportivas en cuatro maquilas de Honduras y una en México.
El sitio en la red informática Internet de la SAI indica que su código SA8000 se basa en los principios de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de las Naciones Unidas.
El código cubre nueve áreas: trabajo infantil, trabajo forzoso, salud y seguridad, remuneración, horas laborales, discriminación, disciplina, libre asociación y negociación colectiva y sistemas gerenciales.
Según este mecanismo, inspectores independientes revisan los lugares de trabajo y elaboran informes públicos, que pueden ser apelados por la empresa inspeccionada, señaló el analista político de la Red de Solidaridad de la Maquila, Bob Jeffcott.
El activista que también viajará a Honduras, opinó que Gildan está haciendo bien las cosas. «Es estimulante ver los pasos que adoptan, aunque las organizaciones no gubernamentales locales deberán jugar algún papel en ese proceso», advirtió Jeffcott.
Los inspectores que trabajan con SAI pueden ser expertos en la revisión de los libros de la compañía, pero posiblemente no estén calificados para evaluar asuntos como la libertad de asociación, un área en la que pueden aportar las organizaciones locales, señaló el activista.
La Red de Solidaridad de la Maquila es una de las 19 organizaciones que asesoran a SAI, entre las que figuran organismos empresariales, gubernamentales y no gubernamentales.
Hasta el mes pasado la consultora inspeccionó 115 fábricas, la mayoría en Asia, y varias en América del Sur, pero no ha investigado la situación de las maquilas en América Central.
Vadacchino sostuvo que a partir de la inspección iniciada por SAI, Gildan dispuso cambios en las maquilas en Honduras. La compañía señalizó los lugares de salida de las plantas, y redujo el número de trabajadoras en un área de una de las fábricas.
La firma adoptó así mismo el código de conducta Producción de Vestimenta Responsable en Todo el Mundo (WRAP, por sus siglas en inglés). Pero, según Jeffcott, este sistema no se aviene al derecho internacional y no es transparente. «Creemos que está dominado por los fabricantes», concluyó. (FIN/IPS/tra-en/ml/aa/lp/dc/lb hd/02
