Australia ocultó pruebas de la responsabilidad de jefes del ejército de Indonesia en la ola de violencia que azotó a Timor Oriental en 1999, una información vital para el juicio de 18 militares y paramilitares indonesios que se reanuda esta semana en Yakarta.
Según detalles filtrados al diario The Sydney Morning Herald, funcionarios de inteligencia australianos interceptaron mensajes electrónicos entre oficiales militares y milicianos indonesios que libraban una campaña de terror para impedir que los timorenses orientales votaran por la independencia en 1999.
No obstante, la mayoría de los timorenses se pronunciaron por la independencia en un referendo de autodeterminación patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en agosto de ese año.
Indonesia había ocupado el territorio en forma sangrienta en 1975, tras la retirada de las tropas coloniales portuguesas.
Antes y después del referendo, grupos paramilitares proindonesios perpetraron una serie de matanzas, saqueos e incendios que obligaron a decenas de miles de timorenses orientales a huir del territorio.
Los mensajes interceptados en Australia podrían ser la prueba de la responsabilidad intelectual de esa ola de violencia, que causó la muerte de casi 1.000 timorenses orientales y destruyó la mayor parte de la infraestructura del territorio, pero fueron ocultados a los investigadores de la ONU.
Transcripciones de la Dirección de Transmisiones de Defensa (DSD, un órgano espía de Australia que recurre con frecuencia a intervenciones telefónicas y micrófonos ocultos) publicadas en el Herald revelaron una cadena de comando encubierta.
Esa cadena existente en 1999 iba desde el entonces ministro coordinador de Política y Seguridad de Indonesia, general Feisal Tanjung, hasta generales y coroneles del ejército en Timor Oriental.
Irritado por la divulgación de datos de inteligencia, el gobierno australiano instruyó el viernes a la Policía Federal para que investigara la filtración.
El ministro de Defensa, Robert Hill, negó en el parlamento que el gobierno haya ocultado información a la ONU.
«No comentaré asuntos de inteligencia y seguridad, pero puedo decir que Australia brindó a la ONU información de inteligencia para ayudarle en sus investigaciones sobre derechos humanos», declaró.
El Herald también reveló, en base a mensajes interceptados por la DSD, que cuando el ejército indonesio fracasó en su intento de impedir el referendo de autodeterminación, organizó la deportación de un tercio de la población de Timor Oriental y la destrucción de su infraestructura.
En esos actos colaboraron otros dos ministros del gobierno indonesio, los generales retirados A.M. Hendropriyono y Mohammed Yunus Yosfiah, según la información divulgada.
La filtración demuestra que «Canberra primero minimizó la colaboración de altos oficiales del ejército indonesio con las milicias, atribuyéndola a 'elementos renegados', y que luego no la utilizó para ayudar en las investigaciones sobre crímenes de guerra», acusó Hamish McDonald, editor internacional del Herald.
El periódico también citó mensajes interceptados por la DSD en febrero de 1999, según los cuales Yakarta envió fuerzas especiales para realizar «operaciones encubiertas» en Timor Oriental contra activistas políticos independentistas y sus partidarios.
La DSD también intervino conversaciones que revelan una relación de subordinación del líder paramilitar Enrico Guterres respecto del entonces comandante del ejército indonesio en Timor Oriental, coronel Tono Suratman.
Estas revelaciones se producen mientras Indonesia aparentemente lanza esfuerzos para juzgar a los responsables de los abusos en Timor Oriental.
En enero de 2000, la Comisión Internacional de Investigaciones sobre Timor Oriental de la ONU y la propia comisión de derechos humanos de Indonesia hallaron culpables al ejército indonesio de los crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental en 1999.
La comisión de la ONU exhortó a la creación de un tribunal internacional, pero Yakarta se negó alegando interferencia con sus asuntos internos.
A modo de arreglo, y bajo presión de la comunidad internacional, Yakarta prometió establecer su propio Tribunal Ad Hoc de Derechos Humanos para Timor Oriental.
La presidenta indonesia Megawati Sukarnoputri designó los jueces a mediados de enero de este año, luego de varios meses de inacción política.
Pero los críticos advierten que los jueces temen llevar adelante su tarea porque la presidencia no les ofreció seguridad, aunque un magistrado de la Corte Suprema fue asesinado el año pasado cuando investigaba casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En la apertura del juicio el pasado jueves, en audiencias separadas, se encontraban en el banquillo Abilio Soares, gobernador civil de Timor Oriental en 1999, y el brigadier general Timbul Silaen, jefe de policía provincial.
Cuatro horas después de iniciado el juicio, los jueces levantaron las sesiones por una semana.
Silaen es uno de tres generales entre los 18 oficiales militares y líderes de milicias civiles acusados de participación o responsabilidad en matanzas de 1999.
Los otros dos generales son Adam Damiri, ex jefe del comando regional de Udayana, que incluía a Timor Oriental, y Suratman, quien fuera comandante militar en la antigua provincia durante la mayor parte de 1999. (FIN/IPS/tra-en/si/js/mlm/hd/02
