Abogados y otros funcionarios de las cortes internacionales de la Organización de las Naciones (ONU) para juzgar genocidio y crímenes de guerra en Ruanda y la ex Yugoslavia están involucrados en sobornos y fraudes.
Adama Dieng, secretario administrativo de la Corte Penal Internacional para Ruanda (CPIR), con sede en Arusha, anunció el lunes el inicio de procedimientos disciplinarios contra un funcionario de ese organismo que aceptó sobornos de abogados defensores para acelerar sus pagos.
Hans Holthuis, secretario administrativo de la Corte Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (CPIEY), con sede en La Haya, revisa a su vez el caso de un acusado que alegó ser indigente y recibió servicios de defensa legal pagados por ese organismo, pero realizó luego costosas compras mientras estaba detenido.
La Oficina de Servicios Internos de Supervisión (OSIS) del foro mundial investiga la posibilidad de que acusados y sus correspondientes defensores hayan acordado engañar a las cortes con falsas declaraciones de indigencia, para repartirse los honorarios correspondientes.
La CPIEY fue creada en mayo de 1993, juzga en la actualidad al ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, y aún no ha logrado capturar y llevar ante ella a dos de los principales acusados de crímenes de guerra, los serbios Radovan Karadzic y Ratko Mladic.
La CPIR fue creada en noviembre de 1994, y esperan juicio ante ella numerosos integrantes civiles y militares del gobierno interino que ejercía funciones en Ruanda en ese año, cuando se produjo el genocidio de integrantes de la etnia tutsi.
Las dos cortes se hacen cargo de los honorarios de abogados y otros costos del juicio para los acusados a los cuales aceptan como indigentes, y esos honorarios son elevados.
En 1999, la CPIEY y la CPIR pagaron en total 8,5 millones de dólares a defensores, y se calcula que desembolsaron más de 10 millones de dólares con el mismo destino en cada uno de los dos años siguientes.
Según la OSIS, los honorarios varían según el equipo de abogados defensores, y en un caso fueron más de 300.000 dólares.
Muchos de esos equipos recibieron ofertas de reparto de honorarios por parte de acusados ante una u otra corte, y en varios casos tales ofertas fueron aceptadas, indicó ese organismo de investigaciones internas.
Abogados actuantes ante la CPIR fueron responsables de que sus defendidos o parientes de éstos recibieran costosos regalos, que incluyeron vestimenta, computadoras, televisores y reproductores de vídeo y de música, informó.
En uno de esos casos, un detenido recibió dos computadoras, un reloj de oro y ocho radios, a cambio de solicitar la renovación del contrato de uno de sus defensores, destacó.
Otro detenido alegó que era indigente y fue aceptado como tal, pero dispuso de avanzados y costosos equipos de computación y reproducción de vídeos y música mientras estaba detenido, añadió.
Los investigadores de la OSIS confirmaron las características de todos los regalos recibidos por personas detenidas y las identidades quienes les dieron esos regalos.
«No es fácil erradicar la práctica del reparto de honorarios, que implica discusiones y acuerdos confidenciales entre un abogado y su cliente», señalaron Dieng y Holthuis.
Dieng despidió a un abogado defensor ante la CPIR por inconductas que incluyeron reclamo de honorarios por trabajo no realizado y otras solicitudes de pago excesivo.
La conducta profesional de algunos funcionarios de las cortes penales internacionales fue «cuestionada por acusaciones de abuso y mala práctica», dijo la semana pasada ante el Congreso de Estados Unidos el embajador de ese país para asuntos vinculados con crímenes de guerra, Pierre-Richard Prosper.
Washington desea que la CPIR y la CIEY terminen su trabajo en 2007 o 2008, indicó.
Las actuales discusiones sobre plazos para que termine el trabajo de ambos organismos son delicadas, señaló Fred Eckhard, portavoz del gobierno estadounidense.
«Pienso que la comunidad internacional no tiene intenciones de poner fin a los mandatos hasta que todos los principales acusados sean juzgados», opinó.
«Esas cortes son costosas y pienso que no se les permitirá continuar sus tareas por tiempo indefinido, pero está claro que su principal objetivo no se cumplirá hasta que juzguemos a Karadzic y Mladic», explicó.
«Tengo entendido que se han intensificado los esfuerzos para que esas personas sean capturadas y llevadas a juicio», añadió. (FIN/IPS/tra-eng/td/aa/mp/ip/02
