La renuncia de tres fiscales encargados de casos de corrupción en Francia fue una victoria para los políticos que presionan contra la investigación emprendida por la justicia.
Eva Joly, fiscal en varios casos de corrupción durante los últimos 10 años, anunció el 1 de este mes que dejará su puesto para volver a Noruega, su país natal, donde dirigirá una comisión investigadora de lavado de dinero y delitos financieros.
Otros dos fiscales, Laurence Vichnievsky y Eric Halphen, también presentaron renuncia a sus cargos. Halphen decidió dejar el Poder Judicial, y Vichnievsky pidió ser transferido a un tribunal de provincia.
Los tres tuvieron prolongados conflictos con políticos de todos los partidos, muchos del cuales protestaron contra lo que llamaron la instalación en el país de una «dictadura de los jueces».
Las renuncias revelan «la sórdida realidad que se esconde tras el virtuoso postulado de la independencia de nuestra justicia, en especial cuando jueces y fiscales comienzan a examinar posibles transgresiones de la ley cometidas por los poderosos», señaló Jacques Amalric, columnista del diario Liberation.
«Debemos preguntarnos si la justicia francesa, bajo presión política, está a punto de retroceder y dejar impunes a criminales poderosos», agregó.
Jacques Julliard, comentarista de la revista Le Nouvel Observateur, coincidió con su colega. «Las renuncias marcan el fin de una era, o mejor dicho, un paréntesis en el sistema independiente de justicia que el país ha tenido desde 1992», opinó.
En ese año, Francia decidió emular la campaña italiana contra la corrupción y comenzó una etapa de importante independencia del Poder Judicial, con miles de investigaciones sobre políticos como el ex canciller Roland Dumas o el actual presidente, Jacques Chirac, ex primer ministro y ex alcalde de París, señaló.
En los últimos 10 años, de 2.000 a 5.000 políticos y gobernantes fueron investigados por la justicia, 604 de ellos por presunta corrupción, según datos publicados en un libro por Bruno Fay y Laurent Olivier, empleados del parlamento, indicó.
Setenta por ciento de esos 604 casos se relacionaron con delitos financieros, y 70 por ciento de las investigaciones de tales delitos terminaron con el envío a prisión de personas que ocupaban cargos de gobierno electivos en representación de distintos partidos, la mayoría de ellos derechistas, explicó.
Integrantes de partidos de derecha estuvieron involucrados en 60 por ciento de los casos de corrupción investigados, destacó.
La reacción de los políticos ante la acción independiente del Poder Judicial dio comienzo a una nueva fase, en la cual «el péndulo retorna» y los acusados son los jueces, opinó.
El caso de Halphen ilustra el tipo de presión política que se ejerce sobre jueces y otros funcionarios judiciales.
El renunciante fiscal condujo desde 1994 una investigación que reveló corrupción generalizada en el gobierno municipal de París, incluyendo el desvío hacia el derechista partido Unión por la República (RPR, por sus siglas en francés) de Chirac de fondos asignados a políticas sociales.
Las indagaciones de Halphen lo pusieron en conflicto con el presidente, alcalde de París de 1977 a 1995, y presidente del RPR hasta 1995.
De 1994 a 2001, el fiscal fue acosado por intrigas y falsas acusaciones, que incluyeron en 1995, una campaña para desacreditarlo conducida en forma clandestina por el ministro del Interior Charles Pasqua, integrante del RPR.
La policía grabó en forma ilegal conversaciones telefónicas de Halphen, y políticos del RPR ofrecieron dinero al suegro del fiscal a cambio de información sobre la vida privada del funcionario.
El gobierno de Chirac presionó a la policía judicial para que obstaculizara el trabajo del fiscal en ciertas investigaciones, y Patric Devedjan, presidente de la bancada parlamentaria del RPR, acusó a Halphen de buscar notoriedad para preparar el inicio de una carrera política.
En otras ocasiones, medios de comunicación vinculados con el RPR sostuvieron que el fiscal era «incompetente».
Según Julliard, todas las acusaciones contra Halphen «fueron falsas, pero las mentiras se repitieron hasta que muy pocas personas lo consideraron un valiente defensor de la justicia».
El fiscal se dio por vencido en enero y pidió licencia.
«He perdido mis ideales de justicia. Nuestro sistema judicial funciona de dos formas diferentes y opuestas: los pequeños delitos se persiguen sin piedad, pero los poderosos y famosos que violan la ley pueden salirse con la suya», declaró en una entrevista.
Los resultados de la pesquisa conducida por Joly sobre actividades en Africa de la compañía petrolera Elf Aquitaine, realizadas antes de su privatización, parecieron dar la razón a Halphen.
Esa investigación comenzó hace ocho años, y sólo un puñado de personas fueron enviadas a prisión, con breves penas, por acciones que incluyeron recibir sobornos.
Joly optó por centrar su trabajo en los delitos cometidos por franceses, sin indagar las responsabilidades de gobernantes y otros funcionarios africanos sospechosos.
«¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la diplomacia y la soberanía de Estados de Africa y de otras partes del mundo? No tenemos la misión de limpiar el planeta ni los medios para lograrlo», arguyó. (FIN/IPS/tra-eng/jg/ss/lp-mp/ip/02
