La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenzó este lunes un nuevo periodo anual de sesiones signado por la preocupación ante efectos del combate contra el terrorismo encabezado por Estados Unidos.
Los derechos humanos, la seguridad humana y el terrorismo, tres asuntos que la Comisión debatirá durante seis semanas, dominaron los discursos de la jornada de apertura y las declaraciones de las organizaciones no gubernamentales humanitarias.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, sostuvo que, como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre en Washington y Nueva York, las normas internacionales de derechos humanos pueden debilitarse.
Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) la responsabilidad de defender vigorosamente esas normas, advirtió Robinson.
El presidente saliente de la CDH, Leandro Despouy, observó en referencia a los terroristas que, aún cuando se trata de personas que no se sujetan a norma alguna que no sea su móvil criminal, los Estados deben respetar en el caso de ellos los estándares internacionales de los derechos humanos.
Despouy, de Argentina, señaló que en las de décadas de 1970 y 1980 muchos gobiernos latinoamericanos intentaron «combatir al demonio con las armas del diablo y lo único que consiguieron fue transformar a nuestra región en un infierno».
Robinson invitó a la CDH a establecer un mecanismo de supervisión de la aplicación, desde una perspectiva de los derechos humanos, de las disposiciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después del 11 de septiembre para combatir al terrorismo.
La Alta Comisionada, que calificó de «crimen contra la humanidad» los atentados del 11 de septiembre, previno desde el primer momento contra eventuales abusos en perjuicio de poblaciones civiles duante las acciones militares en Afganistán.
La funcionaria también ha censurado las condiciones de detención y la situación legal en que se encuentran los prisioneros capturados en Afganistán y trasladados a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.
En su discurso de este lunes ante los representantes de los 53 estados miembros de la CDH, Robinson subrayó la necesidad de responder al terrorismo no sólo con disposiciones legislativas y de seguridad sino con un arsenal de valores y normas comunes y con compromisos en los derechos universales.
Amnistía Internacional, la organización humanitaria con sede en Londres, declaró la semana pasada su preocupación porque algunos estados han dictado leyes especiales para la persecución de los casos de terrorismo, mediante tribunales extraordinarios o bajo normas también especiales que violan el derecho a un jucio justo.
Otra entidad humanitaria, Human Rights Watch, con oficinas centrales en Nueva York, dijo que numerosos gobiernos han tratado «cínicamente de sacar ventajas de la lucha antiterrorista» para aplastar a opositores políticos o a grupos religiosos.
Reed Brody, uno de los directores de Human Rights Watch, coincidió con Robinson en el pedido a la CDH para que supervise las consecuencias de las medidas antiterroristas en la observancia de los derechos humanos.
Los efectos de los atentados del 11 de septiembre fueron también analizados durante el «Simposio sobre los Derechos Humanos en el Islam», realizado el último fin de semana en Ginebra, con el auspicio de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI).
El secretario de la OCI, Abdelouahed Belkeziz, denunció una «campaña calumniosa contra el Islam», que lo describe como «una creencia que subestima los derechos humanos».
Belkeziz opinó que algunos países antes comprometidos con la defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas, desconocen ahora esos principios cuando se ven afectados por un «horroroso ataque terrorista» condenado por todo el mundo, encabezado por el Islam.
Esos estados, sostuvo el secretario de la OCI, cometen inclusive violaciones y represalias contra personas inocentes.
El ministro de Asuntos Islámicos de Marruecos, Alloui M'Daghri, condenó el terrorismo que es, dijo, el resultado del materialismo exagerado que caracteriza a la civilización y que obliga a restablecer el equilibrio entre los valores.
Robinson confirmó a la CDH que este año abandonará sus funciones. La Alta Comisionada, que concluyó su mandato en septiembre, aceptó permanecer un año más a solicitud del secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Fuentes humanitarias habían comentado la semana pasada que Robinson aceptaría la renovación de su mandato. El desestimiento de la funcionaria obedece a que su reelección no es apoyada por los países más poderosos, dijeron las mismas fuentes.
La Alta Comisionada realizó durante su mandato activas gestiones en defensa de grupos nacionales y de minorías sometidas a violaciones graves, tanto en Africa occidental como en Asia y América Latina.
Robinson criticó las acciones desarrolladas por tropas de Rusia contra los separatistas musulmanes de Chechenia. En su discurso de este lunes insistió en que se necesitan esfuerzos mayores y continuados en defensa de los derechos humanos en la región rusa de Chechenia.
La Alta Comisionada dijo que su conducta al frente de la oficina había obedecido a instrucciones del propio Annan, quien al nombrarla le recomendó «actuar con independencia en la ONU». (FIN/IPS/pc/ff/hd/02
