El sentimiento de desamparo se impone en San Vicente del Caguán, una localidad de la zona del sudeste de Colombia que durante más de tres años estuvo desmilitarizada para favorecer las negociaciones de paz del gobierno con las rebeldes FARC.
«San Vicente es una bomba de tiempo», se dice en la ciudad, de 40.000 habitantes. Durante una semana, a partir de la ruptura del diálogo de paz, faltaron el agua y la luz y las comunicaciones por tierra estuvieron interrumpidas.
Las líneas telefónicas siguen en silencio y San Vicente está amenazada por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se proponen llegar en cinco días a lo que fue zona de distensión.
Las AUC anunciaron el lunes que están dispuestas a «cerrar el cerco» en torno de los guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que aún permanecen en áreas rurales de los cinco municipios que integraban la zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados.
El gobierno rompió el 20 de febrero el diálogo con los guerrilleros y un día después, las FARC dinamitaron una subcentral de energía y dejaron sin servicio de electricidad al departamento de Caquetá, al que pertenece San Vicente del Caguán.
Sin luz no era posible bombear agua y las baterías que alimentaban el servicio telefónico se descargaron días después. Tras una semana se emergencia, se agotó el conbustible que alimentaba los generadores auxiliares de energía.
La ministra de Minas, María Lafaurie, informó el lunes que el suministro de energía había sido restablecido en 56 de los 60 municipios afectados por los ataques a la infraestructura eléctrica.
Pudo entonces reanudarse también el bombeo del acueducto, pero este martes, las comunicaciones telefónicas seguían suspendidas.
«¿Qué daño le ha hecho San Vicente a la guerrilla para que nos tengan así?», dijo a IPS una angustiada mujer que pidió no ser identificada por razones de seguridad.
Otra afirmó que es el precio que la localidad paga por rebelarse contra las imposiciones de los guerrilleros, amos y señores durante tres años de una región del tamaño de Suiza.
«Es una guerra contra nosotros, contra el pueblo», agregó la mujer. «El gobierno jamás debió dejar esto en manos de la guerrilla».
«No se le han dado claras garantías a la población de respeto de sus vidas «, dijo a IPS el ex alcalde Omar García, del opositor Partido Liberal. Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron, tras la ruptura de las negociaciones del gobierno con las FARC, la protección a la población civil de la zona.
Según García, que se desempeñaba como alcalde de San Vicente del Caguán cuando en noviembre de 1998 el ejército comenzó su retirada de los cinco municipios, las negociaciones de paz comenzaron de modo confuso y sin dirección y tuvieron «un lánguido y triste final».
«Convivimos con la guerrilla y no nos pueden estigmatizar. Es el producto de un proceso improvisado» insistió.
la organización guerrillera fue, mientras el ejército se mantuvo fuera de los límites de la zona de diálogo, patrón de campesinos y obreros. Hoy, todos sienten temor a lo que pueda ocurrir mañana.
Un contratista que participó en la construcción de las carreteras y caminos abiertos por las FARC en el área desmilitarizada, calculó que más de l.500 familias se quedaron de brazos cruzados al retirarse los insurgentes.
Eran jornaleros, conductores, operarios, trabajadores de fincas al servicio de los guerrilleros. «Me parece bien que entre el gobierno, pero debió llegar con el maletín lleno de soluciones, de dinero para invertir, para que el pueblo sienta confianza en el ejército y el Estado. Pero entró a bala, con destrucción», dijo el contratista.
La paciencia de la comunidad se agota y su ánimo se altera. «Si la guerrilla destruye, el gobierno debe construir. Y no lo está haciendo», advirtió un comerciante de San Vicente del Caguán, que sufrió fuertes pérdidas por la falta de electricidad. «Yo no tengo ni con que pagar el arriendo», se quejó.
El ejército, apoyado por la fuerza aérea, recuperó el 22 de febrero el Batallón de Cazadores, a tres kilómetros de San Vicente, que había abandonado a fines de 1998. Aviones, helicópteros y soldados lanzados en paracaídas participaron en el espectacular operativo.
Al día siguiente, las tropas ingresaron en la ciudad. Desde entonces, unos 1.000 soldados patrullan las calles y realizan constantes requisas. Los habitantes de San Vicente creen que ese despliegue de efectivos sería más útil si se destinara a proteger las rutas, los puentes y las torres de transmisión eléctrica.
Desde la ruptura de las negociaciones, las FARC han atacado con dinamita las torres y plantas de generación de energía en cerca de 10 departamentos.
Así mismo, los guerrilleros volaron el 28 de febrero el puente sobre el río Guayas, a sólo cuatro kilómetros de un puesto militar, cortando la carretera que une San Vicente con Florencia, la capital del departamento de Caquetá.
Cuatro oficiales, entre ellos el comandante de la XII brigada con sede en Florencia, y el comandante del Batallón de Cazadores, presentaron renuncia, asumiendo la responsabilidad por ese fracaso militar.
«El gobierno nos ha perjudicado mucho», dicen los campesinos en los caseríos de la carretera entre San Vicente y Macarena. En todas las casas cuelgan de palos y estacas paños blancos como banderas de paz
El Poder Ejecutivo «no ha sido justo con nosotros. Nos metió en esto y de la noche a la mañana, sin aviso, nos vimos sin despeje» (desmilitarización), señaló un dirigente comunal.
Las bombas comenzaron a caer y estallar antes de que muchos habitantes del área supieran que se había acabado el diálogo de paz. «Yo estaba solo . Me puse a rezar para que me dieran alientos. Oir esa «totazón» (las explosiones) da mucho miedo», dijo Adán Castro, de 83 años.
Castro es vecino de Los Pozos, una localidad de 50 viviendas en que estuvo la mesa de negociaciones entre representantes del gobierno y de las FARC. Las instalaciones están intactas: la entrada está flanqueada por inmensos retratos de Jacobo Arenas, fundador de la organización, muerto en 1990, y de Manuel Marulanda, su jefe actual.
Los bombardeos semidestruyeron una gigantesca construcción también utilizada por los negociadores y en la que los guerrilleros recibían a invitados a las audiencias públicas.
«Qué pesar, toda esa plata perdida», comentó Castro. Muchos en San Vicente creen que fue absurdo destruir esos edificios, que podrían haber servido para albergar escuelas.
El mismo destino tendrán al parecer las pistas de aterrizaje que el presidente Andrés Pastrana presentó como prueba de que los guerrilleros hicieron uso indebido de la zona destinada a la paz.
Los habitantes de la Tunia, a cuatro horas de camino de San Vicente, aseguran que las pistas existían desde hace años. Lo mismo afirman todos los que conocen la zona.
La población de la Tunia se prepara para el bombardeo de las pistas de aterrizaje. «Si llegan los aviones, todos saldremos a las calles con trapos blancos», según acordaron.
«La guerrilla nos abrió carretera, nos dio oportunidad de trabajar. Pero no somos guerrilleros. Si ahora el ejército nos da trabajo, trabajamos con ellos», dicen los habitantes de la Tunia. (FIN/IPS/yf/ff/ip/02
