El gobierno de Nicaragua acató un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordenó hace cinco meses proteger derechos territoriales de una pequeña comunidad indígena.
La CIDH, con sede en Costa Rica, decidió que Managua debía demarcar y respetar el territorio reclamado por los 650 awas tingni y por integrantes de otras comunidades indígenas, así como pagarles 50.000 dólares por daños y otros 30.000 por los gastos del proceso legal.
El embajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Lombardo Martínez, entregó el mes pasado un cheque por 30.000 dólares a los abogados que representan a la comunidad awas tingni.
Martínez afirmó que se trataba de un hecho «histórico» y destacó que Managua prepara un proyecto de ley para fortalecer los derechos territoriales de todas las comunidades indígenas del país, mediante la demarcación de sus territorios.
Los ocho jueces de la CIDH resolvieron que el gobierno de Nicaragua había violado la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, de 1979, al negar a las comunidades indígenas afectadas el derecho a la propiedad de la tierra y una protección justa según las normas legales internacionales.
Por lo tanto, ordenó a Managua que adoptara leyes y normas administrativas adecuadas para demarcar las tierras reclamadas por las comunidades indígenas y asegurar sus derechos sobre las mismas.
«Esta es la primera expresión concreta de voluntad de aplicar los fallos de la Corte», afirmó James Anaya, abogado asignado a los awas tingni por el Centro de Recursos Legales Indígenas (ILRC, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, y profesor de derecho de la estadounidense Universidad de Arizona.
Anaya, asesor legal del ILRC, opinó que la aprobación del proyecto de ley en estudio no asegurará su cumplimiento, y expresó su esperanza de que el nuevo presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, adopte con urgencia acciones en la materia.
Nicaragua tiene plazo hasta diciembre para comenzar la demarcación del territorio de los awas tingni y el otorgamiento de títulos de propiedad a los indígenas, dijo a IPS Claudio Grossman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente del sistema de la OEA.
Esa Comisión no exigirá a Managua que todo el proceso comience a implementarse en ese mes, ya que «lo importante es que el gobierno está procediendo de buena fe», añadió.
Los awas tingni han pedido desde los años 50 a las autoridades nicaragüenses que demarquen su tradicional territorio, y pidieron que se les otorguen títulos de propiedad por temor a que la tala de bosques destruya los recursos naturales de los cuales dependen para subsistir.
En 1996, Managua otorgó a la firma Sol del Caribe, de capitales coreanos, un permiso para la explotación maderera durante 30 años de casi 62.000 hectáreas de selva tropical, en territorios reclamados por los awas tingni.
La comunidad indígena afirmó que no había sido consultada sobre esa concesión, se opuso a ella con vehemencia y presentó una demanda judicial en Nicaragua, cuyo largo proceso terminó con la anulación del contrato por parte de la Corte Suprema.
Sin embargo, los awas tingni sostienen que la depredación forestal en sus tierras continuó tras el cese de las operaciones de Sol del Caribe, debido a acciones de firmas más pequeñas que aseguraban contar con permisos gubernamentales, y a talas realizadas por familias que crían ganado.
Los indígenas «agotaron todos los recursos legales disponibles en Nicaragua» sin éxito y decidieron recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó Steven Tullberg, director de la oficina en Washington del ILRC.
Esa comision se pronunció a favor de los awas tingni y pidió sin éxito a Managua que adoptara medidas para protegerlos. Eso determinó que los indígenas presentaran en 1998 una demanda ante la CIDH.
El gobierno nicaragüense «no definió límites de las tierras comunales de los awas tingni ni de otras comunidades indígenas de ese país», señaló Grossman, quien participó en el proceso de la CIDH como abogado de los demandantes.
El y Tullberg elogiaron el veredicto de la Corte Interamericana, que consideraron una gran victoria para los pueblos aborígenes de toda América, porque establece un importante precedente en la interpretación de los derechos de propiedad y fortalece otros reclamos indígenas a gobiernos.
«Los Estados ya no podrán esconderse tras sus propias leyes. Ahora normas internacionales los obligan a reconocer los derechos indígenas a la tierra», aseguró Tullberg.
El fallo de la CIDH también demostró la fuerza y relevancia de las instituciones legales del hemisferio occidental que buscan proteger los derechos humanos, comentó Grossman.
«Eso prueba el valor del sistema interamericano para debatir, y esperemos que también para resolver, asuntos legales de gran importancia y complejidad», agregó. (FIN/IPS/tra-eng/dk/aa/dc- mp/hd en/02
