/BOLETIN-DD HH/ ESTADOS UNIDOS: Afganistán, el mayor logro de 2001

El derrocamiento del régimen Talibán en Afganistán fue el principal avance de la humanidad en materia de derechos humanos en 2001, según el informe anual del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.

El informe presentado el martes, de casi 6.000 páginas, considera que la caída del régimen islámico de Talibán (1996- 2001), provocada por los bombardeos de Estados Unidos y Gran Bretaña, fue «un triunfo de los derechos humanos» y asegura que la lucha de Washington contra el terrorismo «forma parte de un combate mayor por la democracia».

El Departamento de Estado deploró que algunos países aliados a Estados Unidos en la campaña antiterrorista, como China, Rusia y Uzbekistán, aprovechen la coyuntura para justificar sus propias violaciones a los derechos de las minorías étnicas o religiosas.

El informe sugiere que el terrorismo tiene su origen en la violación de derechos humanos y la pobreza.

«Junto a la necesidad de defendernos, está la creciente conciencia de que el terrorismo ha ganado adherentes en países donde se niegan los derechos humanos y se reprimen las libertades civiles. Los ciudadanos en muchos países carecen así mismo de oportunidades económicas», afirma la introducción del informe.

La edición 26 de «Informes nacionales sobre la práctica de derechos humanos» cubre 195 países y fue difundido cuando George W. Bush lleva poco más de un año en el gobierno de Estados Unidos y casi seis meses después de los atentados contra Nueva York y Washington.

El Departamento de Estado afirmó que entre 3.000 y 3.500 personas murieron en 2001 por la guerra civil en Colombia, pero subrayó que «el gobierno (de Andrés Pastrana) continuó trabajando para poner fin a la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares responsables de la mayoría de los asesinatos».

Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional consideraron que las evidencias presentadas no aseguran tal conclusión.

«Hay un esfuerzo evidente por inflar los avances hechos por el gobierno (estadounidense) en ese ámbito», dijo a IPS Tom Malinowski, director de HRW en Washington. Sólo en el país sudamericano fueron asesinados más líderes sindicales, 171, que en el resto del mundo.

El activista destacó que una lectura cuidadosa del informe sobre Colombia no sostiene la propia conclusión. «Parece que el documento estuviera escrito por dos personas distintas», opinó Malinowski.

Varias organizaciones de derechos humanos temían que el Departamento de Estado ignorara hechos graves de los gobiernos aliados e hiciera hincapié en los países que constituyen, según Bush, el «eje del mal» —Iraq, Irán y Corea del Norte— y en los «estados renegados» hostiles a Washington, como Libia.

Pero, con excepción del tratamiento dado a Israel, los críticos se mostraron relativamente conformes con el documento, que mantiene el equilibrio alcanzado por informes publicados durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), los primeros no dominados por la lógica de la guerra fría.

Respecto del conflicto de Medio Oriente, los abusos cometidos contra la población palestina, incluyendo el uso de fuerza excesiva y la práctica de asesinatos selectivos, se mencionan en el contexto de una represalia al «terrorismo» palestino.

El documento admite que la violencia se profundizó en Israel y las zonas autónomas palestinas, donde la actuación del ejército israelí y la Autoridad Nacional Palestina fue calificada como «pobre».

El informe puntualizó que las acciones israelíes fueron «una respuesta a ataques terroristas, demostraciones violentas y otros enfrentamientos».

Cuestionado por los periodistas sobre este punto, el secretario adjunto de Estado para los Derechos Humanos, la Democracia y el Trabajo, Lorne Craner respondió que, a su juicio, el informe «podría haber tenido más en cuenta el contexto».

«Se trata en general de un trabajo muy minucioso y muy cándido», opinó Malinowski.

Amnistía Internacional saludó igualmente el reporte, pero subrayó que en algunos casos «existe un notorio divorcio entre las violaciones citadas en el informe y las relaciones diplomáticas del gobierno de Bush con los gobiernos responsables».

«Quienes lean este documento en Arabia Saudita, Rusia, China o Turquía sabrán de antemano que es improbable que la agudeza de las críticas sea seguida de presiones diplomáticas. En materia de derechos humanos, Estados Unidos es un perro que ladra pero no muerde», estimó Amnistía.

Los primeros informes fueron solicitados por el Congreso legislativo en 1976, y se redactaron por primera vez durante el gobierno de Jimmy Carter (1976-1980).

Desde entonces fueron creciendo para constituir en la actualidad el análisis más amplio sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

Muchos gobiernos consideran que el documento es una calificación sobre su gestión, y sostienen que ilustra la arrogancia de Estados Unidos.

Para otros países se trata de un análisis desequilibrado e ideológico, puesto que no evalúa los derechos sociales y económicos.

Los informes evitan comparar prácticas de distintos países. Pero su introducción, redactada por el secretario Craner, destaca aspectos positivos o negativos de algunas naciones.

Las elecciones en Perú y las reformas políticas en Bahrein, Qatar y Omán fueron destacados como logros del pasado año en materia de reformas políticas, así como los comicios en Tailandia, Bangladesh y en la meridional provincia yugoslava de Kosovo.

En contraste, las elecciones en varios países estuvieron marcadas por la intimidación, la violencia y las amenazas de muerte, como en Belarus, donde el presidente Aleksandr Lukashenko extendió su permanencia en el poder.

Zimbabwe, donde el presidente Robert Mugabe aspira a una reelección este fin de semana, y los comicios en Camboya merecieron juicios negativos.

Craner mencionó algunos avances en la República Democrática del Congo, Burundi y Macedonia, donde la Organización del Tratado del Atlántico Norte medió en un acuerdo de paz entre la minoría albanesa y el gobierno que responde a la mayoría eslava.

El informe consideró inapropiada la calificación de «terroristas» dada por Beijing a los activistas islámicos de la región autónoma de Xinjiang, así como la estrategia de Rusia para reprimir a los combatientes chechenos en el Cáucaso: desapariciones, ejecuciones sumarias, tortura y amenazas. (FIN/IPS/tra-en/jl/dc-lp/hd ip/02

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