Las mujeres son en Colombia las principales víctimas del desplazamiento de civiles que causa el conflicto armado, según dos informes divulgados en ocasión del Día Internacional de la Mujer, celebrado el viernes, aunque también se suman otras agresiones a su dramática situación.
Los informes, publicados por la estatal Red de Solidaridad Social (RSS) y por la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), indicaron que entre 49 y 58 por ciento de los desplazados de las zonas en conflicto son mujeres.
Muchas mujeres también tienen que atender las necesidades de sus hijos en las difíciles condiciones del desplazamiento forzoso. Mujeres, niños y niñas son 74 por ciento del total de desplazados, que la RSS calcula en 600.000 personas y CODHES en cerca de dos millones.
La oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia aseguró el año pasado que las mujeres son las que sufren con mayor rigor el desplazamiento a causa del conflicto, pues asumen la jefatura del hogar.
El desplazamiento no es el único problema creado a las mujeres por la virtual guerra civil de Colombia, puntualizó a IPS María Eugenia Sánchez, de la organización no gubernamental Casa de La Mujer.
Hay también delitos contra los derechos humanos «de tipo sexual, económico y social» , sufridos «permanentemente por las mujeres» a manos de guerrilleros de izquierda y de paramilitares de derecha, dijo Sánchez.
Estos abusos «son los que menos se conocen y los que menos se denuncian», pues «muchas de estas mujeres son amenazadas» con represalias si no mantienen silencio, explicó.
«Se reportaron casos de violencia sexual contra las mujeres ejercida por actores armados. En febrero de 2000, durante la incursión paramilitar en el Salado —caserío de la región caribeña— , varias mujeres fueron ultrajadas, entre ellas una joven violada por numerosos paramilitares», señaló la Alta Comisionada de la ONU.
«Las mujeres campesinas tradicionales —en especial las viudas de la violencia— han sufrido una mayor pérdida de su identidad social que los hombres» como consecuencia del desplazamiento forzoso, advirtieron 24 organizaciones de mujeres y de derechos humanos indicaron a fines de 2001.
No obstante, son ellas las que tienen la responsabilidad de la supervivencia de sus familias y de construir una nueva identidad social, en un medio hostil y ajeno al suyo, indica el informe elaborado por las 24 organizaciones, titulado «Mujer y conflicto armado».
A «la muerte de seres queridos, la pérdida de sus bienes y el desarraigo obligado, las desplazadas tienen que sumar muchas veces la violencia sexual por parte de los actores armados», sostuvo, por su parte, el coordinador de CODHES, Jorge Rojas.
El secuestro con fines de violación sexual y la exigencia de trabajo doméstico sin contraprestación constituyen, según CODHES, «una práctica habitual en un contexto de degradación del conflicto».
Algunas mujeres se unieron para hacer frente a sus atacantes, paramilitares y guerrilleros. Entre ellas figuran las integrantes de la Organización Femenina Popular (OFP) de Barrancabermeja, puerto petrolero sobre el río Magdalena, ubicado en una zona conflictiva.
La OFP nació en 1972, auspiciada por la Iglesia Católica, con la finalidad de capacitar a las mujeres en proyectos de desarrollo. En 1988 se convirtió en organización autónoma y amplió sus programas al campo de la salud, la economía solidaria y la atención a mujeres desplazadas.
Unas 1.200 mujeres integran hoy la OFP en cinco municipios de la central región del Magdalena Medio. Los paramilitares las declararon objetivo militar en enero de 2001 y comenzaron entonces a someterlas a amenazas para que abandonaran su trabajo comunitario.
Pero las mujeres continúan resistiéndose a la presión de los violentos, con apoyo nacional e internacional.
«No nos vamos de Barranca (Barrancabermeja), ni del país. Queremos construir nuestra vida en ese pedacito de tierra donde hemos soñado y criado a nuestros hijos», dijo a IPS una de las dirigentes de la OFP, Matilde Vargas.
«El ser mujeres pobres y organizadas en medio de un conflicto armado como el que vive Colombia no es fácil, y los actores armados deben entender nuestra postura de civilidad y de autonomía frente a ellos», afirmó Vargas.
La OFP recibió en octubre muestras de solidaridad de mujeres de siete departamentos (Antioquia, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Valle, Putumayo y Risaralda), que se dirigieron en caravanas hacia Barrancabermeja para formar «corredor humanitario» femenino.
La idea de esta movilización surgió, dijo Vargas, del ejemplo de organizaciones «que no le hacen el juego a la guerra», entre ellas La Ruta Pacífica de las Mujeres, asociación feminista que apoya la salida negociada de la guerra civil y que realizó seis giras contra la violencia. (FIN/IPS/yf/mj/pr hd/02
