El gobierno de Chile mantiene su posición de no votar una condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pese al virtual conflicto por la supuesta protección de La Habana a un condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, hoy detenido en Brasil acusado de secuestro.
Chile se abstendrá de apoyar una resolución contra Cuba cuando la situación de los derechos humanos en ese país sea tratada por la Comisión en su sesión anual en Ginebra del 18 de este mes al 26 de abril, informó el miércoles el canciller subrogante Cristián Barros.
Dirigentes de la oposición derechista chilena habían insistido en que el gobierno de Ricardo Lagos se sumara a una nueva condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas).
Los dirigentes aspiraban a que Chile protestara así ante la «ambigua» conducta del gobierno de Fidel Castro en el caso del insurgente chileno Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato de Guzmán, fundador y líder de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) muerto en abril de 1991.
El gobierno chileno hizo público el martes cuatro documentos intercambiados con La Habana desde el 9 de febrero a propósito de Hernández Norambuena y de otros tres miembros del insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en diciembre de 1996 se fugaron de una cárcel de alta seguridad en Santiago.
La carpeta incluye una ayuda-memoria sobre el caso que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba envió a Santiago el 9 de febrero, la respuesta de la cancillería chilena el 14 de ese mes, una carta de Castro al presidente Ricardo Lagos fechada el 21 de febrero, y la réplica del mandatario chileno el 7 de marzo.
Hernández Norambuena fue detenido el 2 de febrero en el meridional estado brasileño de Sao Paulo, junto a dos chilenos ex militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, dos colombianos y una argentina nacionalizada española.
El grupo había mantenido secuestrado durante 53 días al publicista Washington Olivetto, liberado ese mismo día por la policía.
Por el mismo delito se encuentra prófugo Pablo Muñoz Hoffmann, también integrante del Frente Popular Manuel Rodríguez, otro de los protagonistas de la fuga de 1996 en helicóptero, en la cual participaron además los frentistas Ricardo Palma Salamanca y Patricio Ortiz Montenegro.
Hernández Norambuena y Palma cumplían dos sentencias de cadena perpetua por el asesinato de Guzmán y el secuestro durante tres meses en 1990 del empresario periodístico Cristián Edwards.
Ortiz Montenegro fue hallado en 1998 en Suiza, cuyas autoridades rechazaron un pedido de extradición de la cancillería de Chile, por considerar que no existían garantías en este país para que tuviera un proceso justo, dada la intervención de la justicia militar en este tipo de juicios.
El paradero de los otros tres prófugos era un misterio hasta la detención en Brasil de Hernández Norambuena, quien dijo a la policía brasileña que tras su fuga desde Chile estuvo en Cuba, Argentina y Uruguay antes de viajar a Sao Paulo para participar en el secuestro de Olivetto.
Las autoridades cubanas negaron haber tenido conocimiento de la presencia en su territorio de los prófugos, al tiempo que reiteraron que el gobierno de Castro suspendió todo apoyo a grupos insurgentes en Chile desde que en 1988 se consolidó el mecanismo institucional que puso fin a la dictadura del general Augusto Pinochet en marzo de 1990.
En su ayuda-memoria, la cancillería cubana aseguró que el gobierno de Castro no admite que nadie viole sus leyes ni utilice su territorio para contradecir las políticas oficiales, y que incluso antes de la fuga de 1996 había dado instrucciones de expulsar a quienes intentaran afincarse sin autorización de las autoridades.
El documento agrega que «esta política se ha cumplido rigurosamente e independientemente de las relaciones pasadas» entre Cuba y «las organizaciones que lucharon contra Pinochet».
«La identificación personal de cualquiera de los que hubiesen infringido estas normas y recibido la orden de abandonar el país no es asunto que concierna a Cuba», indica el texto.
En su respuesta, la cancillería chilena valoró la disposición cubana, pero expresó reservas sobre la negativa de La Habana a identificar a quienes recibieron orden de abandonar el país, pues «se trata de fugitivos» que cumplían «una condena impuesta por un tribunal y sobre los cuales había una orden de captura internacional».
Castro trató personalmente el tema con los senadores chilenos Gabriel Valdés, de la Democracia Cristina, y Ricardo Núñez, del Partido Socialista, con quienes se reunió en La Habana el 22 de febrero, ocasión en que les entregó la carta personal para Lagos hecha pública el martes en Santiago.
El presidente cubano volvió a analizar el asunto en una larga entrevista del 27 al 28 de febrero con el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, líder de la UDI y candidato presidencial de la derecha, quien lo visitó acompañado por Juan Pablo Moreno, sobrino del asesinado senador Guzmán.
«Deseo expresarte que Cuba nunca apoyará, por el contrario se opone, a cualquier tipo de acción de carácter violento que pueda afectar la paz y la consolidación del proceso político en Chile», señala el párrafo fundamental de la carta de Castro a Lagos.
El presidente chileno, que dispensó en su carta un trato más formal a Castro, le señaló en su respuesta: «Es mi deber como gobernante asegurar que nuestros tribunales puedan cumplir la ley y apresar a delincuentes que en democracia han cometido gravísimos crímenes y hoy se encuentran prófugos de la justicia.»
La difusión de los documentos coincidió con el inicio de gestiones legales para la extradición de Hernández Norambuena desde Brasil y para insistir ante Suiza por la entrega de Ortiz a Chile, anunciadas por el juez a cargo de la investigación de la fuga de 1996, Lamberto Cisternas.
Expertos judiciales y analistas políticos estiman que las autoridades brasileñas no concederán la extradición de Hernández Norambuena antes de juzgarlo y de que cumpla la condena que se le imponga por el secuestro de Olivetto, considerado un delito común pese a que el ex guerrillero reivindicó móviles políticos.
Según el diario La Tercera, cercano a la UDI, el intercambio de cartas entre Castro y Lagos intentó «suavizar el tono» de la polémica abierta entre ambas cancillería en sus ayuda-memoria.
El matutino conservador El Mercurio, en cambio, calificó este miércoles de «enérgica advertencia» a Castro la disposición del presidente chileno a apoyar a los tribunales en el cumplimiento de la ley y la captura de los insurgentes prófugos.
Más allá de las interpretaciones, lo que está claro hoy es que Chile no vinculará la situación de los insurgentes prófugos con el nuevo debate sobre el caso cubano que se procesará en abril en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
La precisión del canciller subrogante Barros sobre la abstención chilena no hizo sino reafirmar la postura que Lagos adelantó el 19 de enero, cuando señaló que las condenas de la ONU a Cuba son «un ejercicio inadecuado que no contribuye en nada» en la democratización de Cuba.
Barros puntualizó que el gobierno chileno no respaldará una resolución sobre Cuba que mantenga los mismos términos de la votada en 2000, que a su juicio no mejora las posibilidades de una apertura política del régimen de Castro.
Luego de su visita a La Habana y su reunión con Castro y con autoridades de la Iglesia católica, Lavín expresó también reservas sobre la conveniencia de las condenas de la ONU a Cuba.
El líder opositor discrepó así con el diputado Pablo Longueira, presidente de la UDI, y con otros dirigentes derechistas, quienes insisten en reprobar en la Comisión de Derechos Humanos la «vista gorda» que hizo el gobierno cubano durante la estancia en ese país de Hernández Norambuena y sus compañeros.
Sectores de la Democracia Cristiana, miembro de la coalición gobernante, son también partidarios de la condena a Cuba en la ONU y reprochan a los senadores Valdés y Núñez que no se hayan reunido en su visita a La Haana con dirigentes opositores. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/02
