La Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial se negó a investigar denuncias de corrupción en una mina de la cual es copropietaria en Perú, pese a importantes evidencias.
La CFI, con sede en Washington, revisó un vídeo y otros materiales y «concluyó que la evidencia es insuficiente para continuar la investigación», afirmó su gerente de relaciones corporativas, Joe 0'Keefe, en una carta a la organización estadounidense Project Underground, supervisora de proyectos de minería.
Esa grabación, que se hizo pública en enero de 2001, muestra al parecer cómo Vladimiro Montesinos, ex jefe de Inteligencia del presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), instó en 1998 al presidente de la Corte Suprema, Jaime Beltrán, a fallar a favor de la firma estadounidense Newmont Mining Corporation en un juicio por reclamos de tierras.
La CFI posee cinco por ciento de Minera Yanacocha, la mayor mina de oro de América Latina, cuya propiedad comparte con Newmont y la firma peruana Buenaventura.
Esa mina de los Andes, unos 600 kilómetros al norte de Lima, era centro de polémica antes de que se conociera el vídeo, desde que agricultores acusaron a las compañías mineras de contaminar la reserva de agua de la región.
El reclamo contra Newmont, por la propiedad de Minera Yanacocha, había sido presentado por la firma francesa Buró de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM).
En 1998 la Corte Suprema de Perú falló a favor de Newmont en una votación de cuatro contra tres, y Beltrán integró la mayoría. El fallo obligó a BRGM a vender a Newmont sus acciones de la mina.
El año pasado, después de la divulgación del vídeo, Newmont admitió haber mantenido conversaciones con el Departamento de Estado estadounidense sobre el caso, pero negó haber violado leyes.
O'Keefe afirmó que la empresa estadounidense no cometió actos ilegales.
Dennis Jett, ex embajador de Estados Unidos en Perú, dijo a periodistas en 2001 que recordaba haber hablado sobre el caso con Fujimori y Montesinos, a quienes advirtió que cualquier señal de haber cedido a presión francesa alimentaría rumores de corrupción en Perú y alejaría a los inversores internacionales.
Jett destacó que Washington respalda a las empresas estadounidenses en otros países, pero nunca aceptaría la práctica del soborno.
O'Keefe reconoció en la carta, que el impacto ambiental y social de la mina Yanacocha desató una fuerte polémica.
«La CFI toma estos temas con seriedad, y trabaja con la compañía para resoverlos», dijo el gerente, quien agregó que representantes de su institución visitaron el sitio.
Erica Etelson, abogada de Project Underground, criticó la decisión de la CFI.
«¿Qué otras pruebas necesitan para disponerse a investigar», preguntó.
Project Underground había pedido a la Unidad de Investigaciones de Corrupción y Fraude del Banco Mundial que investigara las acusaciones, pero la Unidad alegó que no tenía jurisdicción sobre la demanda y la remitió a la CFI.
La negativa de la CFI a iniciar una investigación llamó la atención de algunos legisladores estadounidenses, entre ellos Cynthia McKinney, del opositor Partido Demócrata e integrante de la Subcomisión de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
«Llegó el momento de que el Banco Mundial destierre em forma agresiva la corrupción en todos sus proyectos y todos los niveles, y haga buen uso de su presunta política de 'tolerancia cero' del fraude y la corrupción», declaró esa subcomisión.
Newmont sostiene que sus operaciones mineras siempre incluyen estrictos controles ambientales, pero Proyect Underground afirmó que la contaminación en cursos de agua alrededor de la mina supera en forma constante el nivel aceptado por la Organización Mundial de la Salud, según análisis oficiales en Perú.
Muchos agricultores afirman que vendieron su tierras a la firma minera convencidos de que podrían regresar al área años después, porque la compañía y la CFI no les informaron que la región en la cual vivieron generaciones de sus familias se convertiría en un gran agujero, destacó.
Eso violaría la política de consulta a las comunidades afectadas del Banco Mundial, señaló.
Cuando Newmont realizó su reunión anual en 2000, en la central ciudad estadounidense de Denver, Project Underground llevó allí a varios agricultores peruanos afectados, para que denunciaran ante los accionistas la conducta de la empresa.
Segunda Castrejón Vallejo, representante de la organización de agricultores de la ciudad de Cajamarca, ubicada a unos 48 kilómetros al sur de la mina, dijo en esa reunión que Minera Yanacocha contaminó las reservas de agua del área y daño a especies animales y vegetales.
Project Underground sostuvo que 151 kilogramos de mercurio de la mina se derramaron en junio de 2000, y expusieron a cientos de personas del cercano poblado de Choropamapa a letales daños nurológicos. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/lp-mp/en/02
