El sistema multilateral que gobierna tratados e instituciones ambientales debe ser reformado para permitir que los países afronten desafíos planetarios, advirtieron este martes universitarios internacionales.
Los expertos se pronunciaron por la creación de una organización mundial del ambiente, con facultades similares a las de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Desde 1973, cuando se fundó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la cantidad de tratados e instituciones ambientales internacionales se multiplicó por diez, sostiene un informe redactado por la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Tokio.
Esto llevó a algunos a argumentar que el actual sistema no sólo es demasiado complicado, sino que está empeorando rápidamente, afirma el documento de 40 páginas Gobernabilidad ambiental internacional – La cuestión de la reforma: aspectos esenciales y propuestas.
El documento fue publicado este martes en Nueva York, al inaugurarse la tercera reunión preparatoria de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sustentable, que se iniciará a fines de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica.
Aunque existen más de 500 tratados y convenciones ambientales, pocas contienen obejtivos y plazos específicos y la mayoría tienen débiles previsiones para su cumplimiento y control, de acuerdo a los críticos.
La forma en que se establecieron esos instrumentos fue en gran medida puntual, difusa y bastante caótica, afirma el documento.
Laura Campbell, de Derecho Ambiental Internacional, Dana Fisher, de la Universidad de Columbia, Yasuko Kawashima, del Instituto de Estudios Ambientales, y Gary Sampson, ex director del comité de comercio y ambiente de la OMC, fueron algunos de los firmantes del informe.
El PNUMA fue fundado hace 29 años en Nairobi, capital de Kenia, con el único propósito de centralizar los tratados y los organismos encargados del control ambiental.
Pero desde entonces, convenciones, organizaciones e instituciones se multiplicaron en todo el mundo, sin ninguna coherencia, señala el documento.
Ahora que existen tantas instituciones con responsabilidades ambientales, algunos estiman que es tiempo de retomar el debate sobre la creación de una nueva estructura organizacional centralizada, alega el informe.
La falta de coherencia se debe en parte a la complejidad de las cuestiones tratadas y a la naturaleza del proceso de creación de instrumentos internacionales.
Muchos tratados ambientales son negociados por ministerios o instituciones especializadas de los países, en foros completamente apartados de los ámbitos de negociación de otros acuerdos internacionales, explica el documento.
La mayoría de los países prefieren un abordaje caso por caso, a través de instrumentos específicos como el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático o el tratado global sobre contaminantes orgánicos persistentes.
Pero esto no significa que la incoherencia sea una característica permanente del sistema de gobierno internacional.
La reforma puede ser elaborada dentro de cada contexto específico, pero teniendo en mente los propósitos más amplios del desarrollo sustentable, recomienda el documento.
Sin embargo, la cuestión sobre cómo reformar el actual sistema permanece sin respuesta.
La conferencia de Sudáfrica considerará varias iniciativas. Algunas organizaciones de activistas proponen crear una organización mundial del ambiente, que permitiría reducir la superposición, asegurar mayor coherencia y suministrar control y equilibrio ante la OMC.
Una institución de este tipo podría contar con mecanismos para la resolución de disputas, como la OMC, y respaldar el respeto del derecho ambiental.
Uno de los beneficios centrales de establecer un sistema de resolución jurídico es que haría más predecible el gobierno ambiental internacional poniendo fin a serias violaciones de leyes ambientales sin importar quién sea el perpetrador, arguyó la Universidad de las Naciones Unidas.
Sin una rama jurisdiccional para el derecho ambiental, existe el peligro de que se creen normas internacionales de dos clases, aquellas que son respetadas, como las de la OMC, y aquellas que pueden ser burladas sistemáticamente.
Los mecanismos judiciales para el derecho ambiental ayudarían a asegurar que las normas ambientales no se conviertan en disposiciones de segunda categoría, agrega el documento.
Otras organizaciones sostienen que los tratados ambientales deberían prevalecer sobre las normas de comercio. Amigos de la Tierra, por ejemplo, instó a adoptar un principio de prioridad para las convenciones internacionales sobre las comerciales.
El comercio debe servir a los propósitos del desarrollo sustentable y no a la inversa, y las corporaciones globales deben asumir responsabilidades para equilibrar los amplios derechos de los que ya gozan, afirmó Daniel Mittler, de Amigos de la Tierra.
No obstante, los expertos admitieron que probablemente la mayoría de las naciones no respalden la creación de una organización que podría desafiar las normas del comercio internacional y la conducta ambiental de los gobiernos.
Un sistema como ese no existe hoy pues los estados son renuentes a otorgar jurisdicción a tribunales donde actores estatales o no estatales podrían desafiar sus políticas o conductas ambientales, concluye el informe. (FIN/IPS/tra- eng/dk/ml/dcl/en/ip/02
