La Campaña por un Brasil Libre de Transgénicos, encabezada por siete organizaciones no gubernamentales (ONG) y apoyada por otras 50, volvió a movilizar a sus activistas, ante avances de las fuerzas que pretenden liberar la siembra y el comercio de productos genéticamente modificados.
Son fuerzas considerables, ya que reúnen al gobierno, a empresas transnacionales, a grandes agricultores y a organismos técnicos como la estatal Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (Embrapa).
En el parlamento, los diputados empezaron a debatir un proyecto de ley con normas favorables a la liberación de esos productos, y en los tribunales de justicia, puede resquebrajarse el muro que mantuvo a Brasil sin cultivos genéticamente modificados.
Hace tres años, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor y del grupo ambientalista Greenpeace lograron un fallo judicial provisorio que impide la siembra comercial de la soya Round-up Ready (RR), producida por la transnacional Monsanto y que resiste herbicidas de la propia empresa, permitiendo la reducción de costos.
Faltan estudios que aseguren la ausencia de riesgos ambientales y para la salud humana, según los argumentos de las ONG acogidos por el tribunal.
Pero un recurso de Monsanto, al que se unió el gobierno, obtuvo el 25 de febrero un primer voto favorable en el Tribunal Regional Federal de Brasilia, de la jueza Selene María de Almeida. Los votos de otros dos jueces decidirán en las próximas semanas si el RR podrá ser sembrado en gran escala, lo que abriría las puertas a los demás productos transgénicos.
La correlación de fuerzas parece desventajosa para el movimiento anti-transgénicos, reconoció a Tierramérica una de las coordinadoras de la campaña, Flavia Londres, de la ONG Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa.
Otro factor negativo fue la renuncia, el 4 de marzo del ministro de Medio Ambiente José Sarney Filho, que discrepó del gobierno y promovió la adhesión de su ministerio a la acción judicial y a los argumentos de las ONG.
Pero Londres espera que los dos magistrados «se opongan al voto de la relatora» Almeida, que justificó su apoyo a la liberación del RR en un «largo y complejo informe». Fue «un voto inédito», en contradicción con numerosos fallos que exigen en casos similares el estudio de impacto ambiental bajo responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, comentó.
La comisión especial de la Cámara de Diputados que examina el proyecto de ley es, por su composición, favorable a los transgénicos. «Pero el juego sólo empieza», dijo Londres. Hay que aguardar la votación en el plenario de la cámara baja y en el Senado.
La mayoría de la población rechaza los organismos genéticamente modificados (OGM), aseguró Londres, basada en encuestas.
El proyecto en consideración admite una proporción de cuatro por ciento de elementos transgénicos en alimentos, sin necesidad de etiqueta. Es decir, sin identificación específica, observó. A su juicio, la presión popular podría determinar el rechazo de la iniciativa en el parlamento.
Es necesario un debate más amplio y un movimiento social que impida «las derrotas que estamos sufriendo», opinó Elenar José Ferreira, coordinador de Producción y Medio Ambiente del Movimiento de los Sin Tierra.
Además de la cuestión ambiental y sanitaria, algunas empresas transnacionales están obteniendo el monopolio de la biotecnología y de las semillas, amenazando la soberanía nacional, advirtió Ferreira.
El movimiento contra los OGM debe enfrentarse también a las razones de investigadores como Luis Antonio Barreto de Castro, jefe general del Centro de Recursos Genéticos y Biotecnología de Embrapa.
De Castro sostiene que la resistencia a los transgénicos provoca el atraso científico de Brasil, perpetúa el masivo uso de agro-tóxicos y pone al país en desventaja en la competencia por el mercado agrícola mundial.
El investigador y la Confederación Nacional de Agricultura, que representa a los grandes cultivadores, señalan que la producción de transgénicos aumenta aceleradamente en muchos países hace varios años, sin que se comprobara ningún daño ambiental o a la salud humana. (FIN/Tierramérica/mo/dv en/02
