La lucha antiterrorista no debe afectar el régimen internacional de protección de los refugiados, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ruud Lubbers, ante el Consejo de Seguridad del foro mundial.
«Refugiados y solicitantes de asilo no deben ser discriminados con la presunción de que su religión, su origen étnico, su nacionalidad o su filiación política los hacen de algún modo sospechosos de estar vinculados con el terrorismo», enfatizó Lubbers el jueves.
El planteo de Lubbers aludió a normas adoptadas en nombre de la lucha antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, que establecen condiciones más severas para la inmigración, el refugio y el asilo en Alemania, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros países.
«Los gobiernos deben evitar apelar a la detención sistemática o arbitraria de solicitantes de asilo, o a otros procedimientos que no cumplen con las normas del debido proceso» de sus solicitudes, indicó.
La detención de los solicitantes de asilo debe ser la excepción y no la regla, y los programas de reasentamiento de refugiados no deben discriminar a las personas con base en su origen étnico o nacionalidad, añadió.
Las críticas de Lubbers se dirigieron en forma implícita sobre todo a Estados Unidos, donde permanecen detenidas unas 1.200 personas arrestadas tras los atentados de septiembre, en su mayoría inmigrantes, refugiados y estudiantes provenientes de países musulmanes, a quienes niega la libertad bajo fianza.
El Departamento de Justicia estadounidense ha brindado escasa información sobre esas personas, gran parte de las cuales son paistaníes, egipcias, yemenitas, turcas, sauditas, jordanas y sirias.
Varias organizaciones humanitarias han sostenido que la negativa del gobierno a revelar en muchos casos la identidad de los detenidos o los delitos de los cuales se les acusa viola derechos humanos básicos.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ofreció por escrito asistencia a varios consulados extranjeros en Nueva York, para defender los derechos de personas arrestadas provenientes de esas naciones.
«Tenemos especial interés en destacar abusos cometidos por nuestro gobierno y en impulsar en forma sistemática demandas contra las prácticas inconstitucionales de las autoridades», explicó.
Las nuevas normas antiterroristas estadounidenses permiten a las autoridades de inmigración detener durante una semana a quienes no sean ciudadanos del país sin presentar cargos en su contra, y a mantenerlos detenidos por tiempo indefinido si los consideran peligrosos para la seguridad nacional.
El representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, Sichan Siv, respondió a Lubbers.
«Hemos adoptado nuevas medidas para proteger nuestra seguridad nacional, pero no permitiremos que los trágicos hechos del 11 de septiembre afecten nuestro larga tradición de brindar refugio a quienes lo necesitan», aseguró.
«Sin embargo, debemos asegurarnos de que los terroristas no aprovechen el sistema de protección de refugiados. Desde nuestro punto de vista, eso puede lorarse mediante la aplicación escrupulosa de las excepciones a esa protección previstas en las leyes vigentes», explicó.
Washington está dispuesto a trabajar con la agencia dirigida por Lubbers, para asegurar la armonización de las nuevas normas antiterroristas y los procedimientos relacionados con los refugiados, añadió.
El mes pasado, las autoridades federales iniciaron la búsqueda de más de 6.000 hombres provenientes de Medio Oriente cuyo paradero se desconoce luego de que se les pidió que abandonaran el país.
La gran mayoría de quienes violan órdenes de deportación son personas provenientes de América Latina, pero en la actualidad el Departamento de Justicia da prioridad a la búsqueda de infractores de origen árabe o musulmán.
«Es indudable que desde el 11 de septiembre hay menos tolerancia a la permanencia en el país tras la caducidad de una visa, y extrema sensibilidad cuando esa infracción es cometida por árabes», señaló el presidente del Instituto Arabe-Americano, James Zogby.
Los detenidos por las autoridades de inmigración han tenido escaso acceso a asesoramiento legal y nulo contacto con sus consulados, señaló la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, con sede en Nueva York.
Esa coalición lanzó un proyecto para informar a inmigrantes y buscadores de asilo sobre sus derechos, y ayudarlos a evitar ser arrestados.
El Gremio Nacional de Abogados difunde a su vez una serie de instrucciones para afrontar interrogatorios de agentes del gobierno.
«Tiene derecho a permanecer en silencio. No está obligado a hablar con agentes o investigadores de la policía, la Oficina Federal de Investigaciones o el Servicio Nacional de Inmigración», y «cualquier cosa que les diga puede ser usada en su contra o en contra de otras personas», advierte.
A fines del año pasado, el gobierno de Canadá estableció normas antiterroristas que hacen obligatorio prestar declaración a policías y agentes de los servicios de inmigración, y anulan así el derecho de las personas a permanecer en silencio para no incriminarse.
Las autoridades canadienses preparan leyes más severas en materia de concesión de asilo y refugio, y se disponen a obligar a los inmigrantes a llevar consigo en forma permanente una identificación de plástico.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, ha expresado su temor por el «preocupante aumento» del odio racista tras los atentados del 11 de septiembre.
Robinson se refirió al creciente número de incidentes de xenofobia, en espcial contra musulmanes o personas a las cuales se consideró musulmanas por su aspecto, sobre la base de sentimientos previos antiárabes o antiasiáticos. (FIN/IPS/tra-eng/td/aa/mp/pr hd ip/02
