Lori Berenson, la estodounidense condenada en Perú a 20 años de cárcel por colaborar con insurgentes, anunció hoy que no se sumará a la huelga de hambre iniciada el martes por 547 presos políticos en reclamo de la revisión de sus causas.
El abogado defensor José Sandoval fue el encargado de informar la decisión de Berenson, actualmente recluida en la prisión de Cajamarca, una ciudad serrana situada a 850 kilómetros al noreste de Lima.
La actitud de la mujer parece indicar que ha apostado a la presión diplomática del gobierno de Estados Unidos para tratar de obtener la libertad anticipada, dejando de lado la protesta.
Berenson, apresada en noviembre de 1995 en un allanamiento policial a la vivienda en Lima donde se alojaban 15 guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue sentenciada en junio por la justicia civil tras anularse, en agosto de 2002, el juicio militar que en 1996 la condenó a cadena perpetua.
La Corte Suprema de Justicia debe fallar esta semana para aceptar o rechazar la apelación presentada por Berenson, quien se declara inocente y niega haber colaborado en el plan del MRTA para capturar la sede del edificio del Congreso legislativo que fuera frustrado por la acción policial.
Las autoridades aún no han informado sobre la cantidad de condenados que aún permanecen en la cárcel, pese a que ya hace cuatro años que cesaron los enfrentamientos entre el marxista MRTA y el maoísta partido Sendero Luminoso.
Esas dos organizaciones insurgentes se alzaron en armas en 1980 para llevar adelante una guerra civil que el gobierno del depuesto Alberto Fujimori (1990-2000) dio por finalizada en 1998 y que provocó más de 27.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
Fujimori indultó entre 1997 y 1998 a más de 4.000 detenidos relacionados con las guerrillas, en su mayor parte campesinos o indígenas residentes en la selva que dieron apoyo o fueron reclutados a la fuerza por el MRTA o Sendero Luminoso.
En 1998, Fujimori creó una Comisión de Indultos, conformada por personas independientes y presidida por el sacerdote católico Hubert Lanssier, para examinar las solicitudes de los presos que reclaman inocencia. Ese grupo de notables pudo obtener la libertad de unas 2.000 personas entre 1998 y 2000.
Organizaciones humanitarias señalan que los acusados por esa causa que aún permanecen en prisión suman más de 3.000, de los cuales unos 1.700 se declaran inocentes y piden la revisión de sus casos.
Berenson, que tenía 25 años cuando fue detenida, también se declara inocente, pero tanto las circunstancias de su captura como su línea de defensa son diferentes a la de los otros presos políticos peruanos que piden por su libertad.
Entre las diferencias se señala que Berenson fue capturada en un refugio en Lima del MRTA, que preparaba el asalto del Congreso para tomar rehenes y canjearlos por detenidos políticos, mientras que los demás presos demandan la intervención de la Comisión de Indultos aduciendo haber sido incriminados por terceras personas.
El MRTA repitió el frustrado operativo el 17 de diciembre de 1996, al tomar una sede de la embajada japonesa en Lima, que concluyó cuatro meses después con la recuperación de la vivienda por fuerzas del ejército tras matar a todos los guerrilleros y a un rehén y liberar a los 71 restantes.
Sin embargo, el destino de Berenson parece más promisorio que el de los otros 1.700, debido a la difusión internacional del caso de la estadounidense y a las presiones en su favor ejercidas por el Departamento de Estado y legisladores de su país.
«Es probable que Berenson no participe en la huelga de hambre y haya adoptado la táctica de no hacer olas ante la expectativa de que su caso sea tratado en la reunión que mantendrán el 23 de marzo en Lima los presidentes Alejandro Toledo, de Perú, y George W. Bush, de Estados Unidos», opinó el abogado Enrique Tuesta.
La huelga de hambre iniciada el martes en el penal de la base naval del Callao, parece ser un nuevo intento de Víctor Polay, el más alto dirigente del MRTA con vida, para obtener su libertad, con procedimientos acordes con el nuevo marco político existente en el país.
Polay y Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, convocaron el ayuno para exigir la revisión judicial de sus respectivos casos, se los declare «prisioneros de guerra» y que se cierren las prisiones de máxima seguridad del Callao, además de las de Yanamayo y Challapalca, estas dos en la sierra sur.
Por su parte, Berenson sostiene en su alegato ante la Suprema Corte de Justicia que no se demostró su participación en los preparativos de toma del Congreso del MRTA, además de afirmar que fue sentenciada por sus ideas de rechazo a la injusticia social en Perú.
La joven estadounidense había sido interceptada minutos antes de la detención de los 15 guerrilleros junto con Nancy Gilvonio, dirigente del MRTA, en una vivienda donde fueron también hallados algunos uniformes militares, un croquis del Congreso y documentos de la organización subversiva.
Los guerrilleros, que resistieron con sus armas durante algunos minutos, admitieron su intención de asaltar el Congreso para tomar algunos parlamentarios como rehenes y canjearlos por sus lideres detenidos.
Los padres de Berenson, Mark y Rhoda, iniciaron en Estados Unidos una intensa campaña periodística para obtener la libertad de su hija, con la cual lograron despertar el interés de la prensa, del gobierno y de algunos influyentes legisladores de su país.
En tanto, la mayoría de los 1.700 presos políticos que se declaran inocentes y han solicitado la intervención de la Comisión de Indultos sostienen que fueron sentenciados en base al testimonio de presos a los que se prometió reducción de condenas si proporcionaban nombres de cualquier otra persona.
Ese procedimiento, creado por el gobierno de Fujimori, fue eficaz para desmoralizar y dividir a los insurgentes presos, favoreció la penetración de los servicios de inteligencia en las filas de Sendero Luminoso y del MRTA, pero, aparentemente, fue causa de muchas detenciones injustificadas.
«Sendero instruyó a sus militantes para que protegieran a sus jefes y cuadros de importancia, indicándoles que dieran los nombres de simpatizantes o de cualquier otra persona ajena», comentó la historiadora Imelda Vega. (FIN/IPS/al/dm/hd ip/02
