El escaso presupuesto para educación pública en Chile contribuye a reproducir la desigualdad de la distribución del ingreso, pues disminuye cada vez más la calidad de la capacitación de los pobres, según expertos.
De 1971 a 2000, el gasto público en educación secundaria disminuyó 7,8 por ciento y el universitario 48,3 por ciento, pese a la mejora registrada a partir de la recuperación democrática en 1990, señaló en un informe el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA).
«La regresión de los años de dictadura entre 1973 y 1990 es una deuda aún no pagada» por la coalición de centroizquierda que se mantiene en el gobierno desde entonces, advirtió.
La escasez de recursos para educación pública determina que sólo logren ingresar a la universidad nueve por ciento de los jóvenes chilenos que integran el 20 por ciento de la población de menores ingresos, explicó.
El ingreso a universidades públicas se realiza mediante una prueba de aptitud académica para seleccionar a los aspirantes.
Sólo 23,2 por ciento de los jóvenes provenientes de hogares con ingresos mensuales menores de 400 dólares ingresan a la universidad, y entre quienes pertenecen a familias del tramo más alto de ingresos, desde 1.400 dólares por mes, el ingreso es 44 por ciento.
«Las diferencias de financiamiento inciden directamente en los rendimientos escolares. Es al país, a través del aparato estatal, al que le corresponde reducir la brecha», afirmó el CENDA.
El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas también advirtió sobre las dificultades de acceso a la educación en Chile y el alto grado de deserción escolar de menores de 18 años que deben trabajar para aportar dinero a sus hogares.
El problema se agrava en coyunturas económicas como la actual, en las cuales se produce «un deterioro significativo de las condiciones de vida de un amplio espectro de la sociedad», sostuvo el economista Hugo Fazio, autor del informe del CENDA.
Esa coyuntura se caracteriza por desocupación que llegó el año pasado a 9,1 por ciento de la población económicamente activa, lento crecimiento de la masa total de dinero pagado por salarios, alto endeudamiento y sostenido aumento de la desigualdad de la distribución del ingreso.
Chile es el tercer país de América Latina en términos de distribución desigual de la riqueza, ya que el 20 por ciento más rico de la población recibe ingresos 15 veces superiores a los del 20 por ciento más pobre, según datos del Ministerio de Planificación.
Cuarenta y tres por ciento de los consultados en una encuesta del Centro de Estudios Públicos, vinculado con partidos derechistas, opinaron que la desigualdad sería menor si mejorara la calidad de la educación.
A fines de los años 90, Chile contaba con 10.621 establecimientos de educación, y 59,6 por ciento de ellos eran gratuitos y administrados por los gobiernos municipales, mientras 10,9 por ciento eran privados y pagos. El resto eran financiados en forma parcial por el Estado.
Sin embargo, «el gasto en educación va dirigido proporcionalmente en un porcentaje muy superior a los alumnos provenientes de los hogares de ingresos muy elevados» que estudian en colegios privados, comentó el CENDA.
«Para enfrentar las desigualdades existentes, el gasto fiscal en educación debe volver al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzado a comienzos de la década de los años 70», opinó Fazio.
En 1973, último año de gobierno del socialista Salvador Allende, derrocado por un golpe militar, el gasto público en educación fue el más alto de los últimos 30 años, 7,2 por ciento del PIB.
En la actualidad, es 4,2 por ciento del PIB, y los aportes del Estado al sistema universitario suman 0,67 por ciento del PIB.
El socialdemócrata presidente Ricardo Lagos implementa una reforma educativa iniciada en 1996, entre cuyos ejes están la extensión de la jornada escolar, cambios en los planes de estudio y mayor capacitación de los maestros.
Los principales logros de esa reforma se han registrado en los niveles más básicos, al aumentar la escolarización, y Lagos ha puesto especial énfasis en la enseñanza del uso de computadoras.
Una de las críticas al proyecto más reiteradas se refiere al cambio de planes de estudio que ha hecho opotativa la enseñanza de filosofía por parte de cada institución.
Más de 30 por ciento del financiamiento de las universidades estatales se realiza mediante pagos de los estudiantes, de 150 a 350 dólares por mes, y más de la mitad de quienes rinden examen de ingreso a la universidad provienen de hogares con ingresos apenas mayores que la mensualidad más alta.
Los alumnos con menores recursos reciben becas o pueden aspirar al Fondo Solidario, que les otorga créditos.
El gobierno se propone enviar en marzo al Congreso un proyecto de Ley de Sistema Nacional de Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior, que incluye la implementación de créditos para estudiantes de las universidades privadas.
Esas instituciones reciben en la actualidad a una cantidad importante de jóvenes provenientes de la educación pública que no logran ser admitidos en las universidades estatales.
«Hoy los resultados logrados en la prueba de admisión son directamente proporcionales al nivel de ingreso del grupo familiar», sostuvo el CENDA. (FIN/IPS/as/dm-mp/ed/02
