Activistas humanitarios de Estados Unidos expresan creciente alarma ante los esfuerzos del secretario (ministro) de Justicia, John Ashcroft, para acotar el derecho al debido proceso de los acusados de inmigración ilegal.
Esos esfuerzos del funcionario, cuyas funciones incluyen las de fiscal general, se han intensificado tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, en la medida en que muchas personas, incluyendo a funcionarios, pasaron a identificar a los inmigrantes musulmanes como sospechosos de terrorismo.
La última iniciativa de Ashcroft fue pedir a comienzos de este mes que la Oficina de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) reduzca a la mitad el número de sus jueces, y limite en forma estricta los plazos para considerar solicitudes de quienes no son ciudadanos del país.
También planteó que cada juez de la BIA pueda rechazar apelaciones en forma sumaria, una potestad que ha correspondido hasta ahora a tribunales con tres integrantes.
La última propuesta de Ashcroft «puede privar a miles de inmigrantes inocentes de su derecho constitucional a un juicio, y dejar la suerte de esas personas en manos del fiscal general», comentó Timothy Edgar, asesor legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
«Nuestro sistema de cortes de inmigración no debe transformarse en un simple sello del fiscal general», añadió.
El plan de Ashcroft es «en extremo alarmante», y debe verse «en el contexto de otras acciones del Departamento de Justicia en los últimos cinco meses, que redujeron derechos de inmigrantes», opinó Anwen Hughes, de la Comisión de Abogados por los Derechos Humanos.
Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Naturalización, (INS, por sus siglas en inglés), que depende del fiscal general, recibió potestades para mantener detenidos por «tiempo razonable» indeterminado a quienes no sean ciudadanos del país, aun sin presentar cargos contra ellos.
En algunos casos, esa detención puede mantenerse pese a órdenes de liberación de jueces de inmigración o de la BIA.
Ashcroft también emitió una orden reservada para que los jueces de inmigración no permitan ingreso de público a sus audiencias, si el Servicio de Inmigración lo pide por «razones de seguridad».
Tras esas acciones del secretario de Justicia, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, sindicato de los 220 magistrados del sector, presentó al Congreso un informe de 20 páginas, en el cual pidió quedar fuera de la jurisdicción de Ashcroft para garantizar «independencia e imparcialidad en las audiencias».
«La oportunidad de que una persona presente su caso ante un foro imparcial e impugne evidencia en su contra es el requisito más básico del debido proceso, y en la actualidad tenemos por lo menos la percepción de que no siempre es cumplido», sostuvo ese sindicato.
Tal percepción aumentó cuando la Oficina Federal de Investigaciones y el INS cayeron sobre cientos de inmigrantes musulmanes en las semanas posteriores a los atentados de septiembre.
Muchos de ellos permanecieron detenidos durante semanas o meses por violaciones menores de las leyes de inmigración o sin que se hubieran presentado cargos en su contra, privados de asesoramiento legal e incluso sin poder comunicarse con sus familiares.
El Departamento de Justicia llegó a indicar que había más de 1.000 detenidos por el INS, pero se negó en varias ocasiones a proporcionar sus nombres o las causas de su arresto. Según los últimos informes oficiales, el número de detenidos descendió a unos 470.
Integrantes de la organización no gubernamental (ONG) humanitaria Human Rights Watch a quienes se permitió entrevistar a detenidos averiguaron que muchos de ellos aún ignoran cuál es su situación ante la ley, dijo el miércoles a IPS Alyson Collins, quien participó en algunas de esas entrevistas.
«Tenemos graves preocupaciones sobre el modo en que se ha tratado a los detenidos después del 11 de septiembre, y en especial desde el punto de vista físico, y por su falta de acceso a asesoramiento legal y a representantes diplomáticos de sus países», indicó.
«Muchos han recibido órdenes de deportación y están ansiosos de regresar a sus países, pero permanecen en la cárcel y no saben por qué. Muchos no tenían clara su situación, ni sabían qué habían firmado o aceptado cuando se les arrestó. Algunos dijeron que no habían sido acusados ni llevados ante un juez», explicó.
Los jueces de inmigración han ganado creciente independencia desde 1983, cuando fueron separados del INS y pasaron a depender de una nueva Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigraciones.
En los últimos años, esos jueces y los de la BIA han emitido con frecuencia fallos contra el INS, incluso para anular disposiciones que consideraron violatorias del derecho al debido proceso. Muchos de esos fallos fueron respaldados por cortes federales y aun por la Corte Suprema tras apelaciones del INS.
Una intención declarada del Departmento de Justicia es acelerar el trámite de más de 55.000 casos pendientes, pero «el único modo de lograr eso, si se reduce a la mitad el número de jueces, es dedicar menos atención a cada caso», con «alto riesgo» para quienes serán deportados si su apelación es rechazada, comentó Hughes.
La necesidad de una BIA fuerte e independiente fue destacada por el caso de Ali Al-Maqtari, arrestado poco después del 11 de septiembre cuando conducía un automóvil en el cual viajaba también su esposa, ciudadana estadounidense e integrante de las Fuerzas Armadas, hacia una base militar, recordó Edgar.
El hombre permaneció arrestado casi ocho meses, y sólo fue liberado luego de que la BIA rechazara el reclamo del INS de retenerlo por tiempo indeterminado, «para reunir información con fines de Inteligencia», señaló. (FIN/IPS/tra-eng/jl/mp/pr hd/02
