Organizaciones no gubernamentales de Colombia lanzaron una campaña en apoyo de comunidades atrapadas en la guerra interna, que recrudeció tras la ruptura de las negociaciones del gobierno con las insurgentes FARC.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a las organizaciones armados el cese de la violencia contra la población civil.
«Debemos reafirmar la construcción democrática de la paz y del país», dijo a IPS Jorge Rojas, director de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que atiende hace 10 años a los colombianos obligados a abandonar su hogar como consecuencia del conflicto interno.
Representantes de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil se reunieron el jueves para unificar su posición frente al nuevo escenario de guerra tras el fin del diálogo de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Los activistas advirtieron que el recrudecimiento de la guerra civil agravará la crisis humanitaria, las violaciones de derechos humanos y la pobreza.
«Con la ruptura del diálogo, no habrá posibilidades de aliviar la tragedia de los colombianos que renuncian a lo suyo para protegerse de la muerte», dijo Rojas en referencia a los desplazados.
Los representantes de las organizaciones no gubernamentales acusaron a las dos partes del nuevo fracaso del proceso de paz, pero cuestionaron especialmente la actitud de la guerrilla.
«Quienes asumieron desde la insurgencia la decisión de profundizar y agudizar el conflicto con ataques a la población civil tienen una enorme cuota de responsabilidad», dijeron en un comunicado los activistas.
Las organizaciones aseguraron que insistirán en la necesidad de diálogo, «que será inevitable aun después del desastre de una guerra inútil».
También anunciaron que en un congreso de paz convocado para mayo exigirán al próximo presidente el regreso a la mesa de negociaciones. La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará en mayo y la segunda en junio.
Los activistas implementaron un plan de apoyo para los 60.000 habitantes de la zona de 42.000 kilómetros cuadrados en el sudeste que el gobierno desmilitarizó en noviembre de 1998 aceptando condiciones de las FARC, la organización guerrillera más numerosa y antigua del país, para iniciar el diálogo.
Las Fuerzas Armadas invadieron el jueves el área, que está sujeta, además, a las amenazas de los paramilitares de derecha.
«Demandados respeto y protección para la población civil, tanto donde fue la zona de distensión como en otras del país donde miles de campesinos están atrapados en medio del asedio paramilitar», afirmó Rojas.
Además de los cinco municipios desmilitarizados del sudeste, habitantes de la sudoriental región de Arauca, de la centrooccidental de Catatumbo y de las meridionales de Cauca, Nariño y Putumayo, se hallan en emergencia humanitaria a causa de la guerra civil, sostuvieron activistas.
En la localidad de San Vicente del Caguán, epicentro de la zona que estuvo desmilitarizada, circula una lista con el nombre de 30 supuestos colaboradores de las FARC.
Codhes aseguró que miles de campesinos quieren abandonar de inmediato la región, cuya desmilitarización cesó en la medianoche del miércoles.
El fin del proceso de paz coincide con la llegada al país de una misión de alto nivel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la finalidad de analizar la situación de los desplazados.
«Es muy importante que exista una preocupación internacional por este problema, que se agudiza cada vez más sin respuestas del Estado», dijo Rojas.
Cada día, 1.000 colombianos abandonan sus lugares de residencia, presionados por la violencia política, calculó Codhes en su último informe. En 2000, 317.375 colombianos dejaron su hogar a causa de la guerra civil, y la cantidad aumentó a 341.925 en 2001.
Los desterrados son recibidos en 586 de los 1.060 municipios del país, indica el informe.
Codhes responsabilizó de los desplazamientos, en primer lugar, a los paramilitares, y en segundo término a los grupos guerrilleros.
Pero el Plan Colombia del gobierno de Andrés Pastrana contra el narcotráfico, financiado por Estados Unidos, también lo hace. Al menos 36.000 campesinos huyeron de sus municipios tras las fumigaciones realizadas para acabar con los cultivos de coca y adormidera (amapola).
Según el informe de Codhes, el fenómeno del desplazamiento sigue siendo más fuerte en las zonas donde hay riquezas o expectativas de desarrollo económico.
La situación de los desplazados es «grave, dramática y creciente», reiteró Rojas, para quien la ruptura del diálogo entre el gobierno y las FARC multiplicará el problema. Colombia ocupa el quinto lugar mundial por sus desplazados, que llegan ya a dos millones.
Hace apenas una semana, Rojas advertido que «el problema tiende a invisibilizarse en su aspecto económico y social a medida que crece el entusiasmo por la solución militar al conflicto».
Ahora, en un escenario de guerra donde cada vez es más clara la intención del gobierno de utilizar los recursos del Plan Colombia en la lucha contrainsurgente, nadie duda en que la cifra de desterrados se disparará.
La ONU indicó el jueves en un comunicado que «lamenta profundamente la ruptura del diálogo» y «reconoce los extraordinarios esfuerzos del presidente Pastrana (Andrés) en la búsqueda de la paz durante estos cuatro años» que lleva al frente del gobierno.
«Los continuos ataques cometidos por las FARC y el secuestro de un avión ayer (el miércoles), durante el cual se tomó como rehén a un senador del Congreso, son violaciones al derecho internacional humanitario» y debilitaron el proceso de paz, sostuvo la ONU.
La ruptura del proceso de paz y la visita de la delegación del ACNUR coincide con la presentación del libro «Compilación sobre desplazamiento forzado», que recoge normas, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional sobre este fenómeno.
La ONU entiende que los estados tienen una responsabilidad primaria en todas las fases del desplazamiento.
«En Colombia, indígenas y afrocolombianos están representados en medida desproporcionada entre los desplazados», sostuvo, al presentar la publicación el delegado de ACNUR, Anders Kompass.
Otro de los principios clave de la ONU al abordar el fenómeno, como la igualdad y no discriminación, no siempre son respetados en Colombia, lo cual causa «la estigmatización de las personas desplazadas», aseguró Kompass.
La ley colombiana es considerada una de las más avanzadas en la materia, pero no se aplica, afirman activistas. Sin embargo, la Corte Constitucional sentenció que los gastos de atención a los desplazados son prioritarios incluso ante el gasto público social en general.
La Corte reconoció también que los desplazados, como víctimas de un delito, tienen derecho a conocer la verdad, a que se haga justicia y a que se repare el daño ocasionado.
Ante el inminente aumento del numero de desterrados, la Red de Solidaridad, organismo que atiende a esta población, anunció un plan de contingencia que operará en los cinco municipios cuya desmilitarización cesó el jueves y en poblaciones aledañas. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd pr/02
