Italia mantiene su apoyo a la integración europea, señalaron este lunes el primer ministro Silvio Berlusconi y el canciller español Josep Piqué, presidente de turno del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE).
La satisfacción por la puesta en circulación del euro, el 1 de enero, expresada por los gobiernos y la mayoría de los partidos de oposición de Eurolandia, como muchos llaman a la zona integrada por 12 de los 15 países de la UE que adoptaron esa moneda común, se vio empañada por críticas y cambios en el gabinete italiano.
Discrepancias y modificaciones que no terminan de conformar a los partidarios de una Europa más unida e integrada.
Las tensiones en el gobierno de Berlusconi entre partidarios de fortalecer la integración europea y «euroescépticos» llevaron el sábado a presentar su renuncia al canciller Renato Ruggiero, un decidido y firme europeísta.
Ruggiero tuvo varias disidencias con el resto de los ministros, pero su renuncia la desencadenó su par de Defensa, Antonio Martino, cuando auguró el viernes que el euro tendría un porvenir oscuro.
Berlusconi no respaldó a Ruggiero, se abstuvo de nombrar un reemplazante, el domingo asumió personalmente la cartera de Relaciones Exteriores y este lunes afirmó que para su gobierno Europa «es un ideal, una ambición y una necesidad, porque nos ha dado prosperidad, seguridad, paz y libertad».
Piqué se mantuvo prudente y declaró que el cambio de gabinete «es un problema interno de Italia», que no hay que sacarlo de su contexto y que no afecta a la unidad europea.
No obstante, este lunes canceló el viaje que tenía programado para el martes a Roma, con el objeto de entrevistarse con el canciller italiano en el marco de una gira orientada a concertar las políticas comunes.
Por otro lado, el ministro francés de Economía y Finanzas, Laurent Fabius, exigió a Berlusconi que «confirme su compromiso con Europa». Una actitud que se debería concretar en hechos y no sólo en palabras.
La desconfianza de los demás gobiernos del bloque hacia las autoridades de Italia se verifica también dentro de ese país, donde la oposición interpreta los últimos cambios como el primer paso hacia una política antieuropeísta.
Esa postura fue manifestada por una marcha realizada este lunes en Roma y por el líder del centro izquierda, Francesco Rutelli, quien exigió un debate parlamentario sobre el porvenir de la política exterior.
Las críticas también llegaron desde el sector privado, como es el caso del peso pesado de la industria, Gianni Agnelli, de la empresa de automóviles Fiat, quien calificó de error, estupidez y una pérdida la aceptación de la renuncia de Ruggiero.
La crisis italiana hizo aflorar discrepancias que van más allá de ese país y que, en el fondo, muestra que hay un sector europeo decidido a profundizar la integración en todos los niveles y otro que prefieren dejarla tal como está o, en el peor de los casos, demorar al máximo las transformaciones que demandan los primeros.
José María Aznar, jefe del gobierno español y presidente de la UE en este primer semestre del año, se mostró dispuesto a que durante su ejercicio del cargo logre un fuerte impulso a la integración.
El punto quizás más importante sea el cumplimiento del compromiso de los 15 miembros de la UE de finalizar este año las negociaciones con la docena de candidatos a ingresar en el bloque, con excepción de Bulgaria y Rumania.
Para cumplir ese calendario, durante el semestre de la presidencia española se deberían negociar las políticas agrícola y regional.
En la cuestión agrícola, el principal problema son las subvenciones que permiten a los productores europeos, en especial a franceses y españoles, competir con otras regiones del mundo en las que ese sector produce a costos menores.
En Francia, se realizarán elecciones en este primer semestre y el peso del voto de los campesinos es suficiente para que cualquier gobierno evite hacer concesiones europeístas en esa materia.
Por política regional se entiende aquella destinada a nivelar las economías de los países miembros, con el traspaso de fondos de los países más desarrollados a los menos favorecidos.
Alemania y Holanda, por ejemplo, son contribuyentes netos, o sea que de sus presupuestos se transfieren fondos a otros para financiar obras de infraestructura, con los llamados «fondos europeos».
Alemania mantiene una firme posición orientada a limitar esa política, en especial por considerar que los candidatos a ingresar son países con menor desarrollo y más necesitados de apoyo.
Dentro de ese panorama, se percibe como un triunfo de los europeístas la aceptación del euro, que comenzó a circular el 1 de enero, junto a las divisas nacionales, como moneda común en Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal.
El programa prevé que a partir del 1 de marzo dejen de circular las monedas nacionales de esos 12 países.
Sólo tres países miembros de la UE, Dinamarca, Gran Bretaña y Suecia, no aceptaron aún el euro, aunque se espera que lo hagan a medio plazo.
Esa moneda fue aceptada como nuevo referente por Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mónaco, San Marino, el Vaticano, Andorra, Kosovo y Montenegro.
En Dinamarca, 75 por ciento de los negocios decidieron aceptarla, al igual que el turismo y los negocios exteriores de Gran Bretaña, Suecia, Polonia y los otros estados de Europa oriental y del sur. (FIN/IPS/td/dm/if ip/02
