Miles de trabajadores migrantes que llegan cada año a esta meridional ciudad de Vietnam carecen de derechos laborales y sociales y son explotados por empleadores inescrupulosos, ante la pasividad de las autoridades.
Nguyen Tran y su hermano Dung dejaron su aldea en la provincia litolareña de Quang Nam hace tres años, para buscar trabajo en Ho Chi Minh. Desde 2000 están empleados en una tintorería en el distrito de Tan Binh, donde su duro trabajo y habilidosas manos son apreciadas por su empleador.
El mayor anhelo de los hermanos Nguyen es viajar a su hogar familiar para las celebraciones de Tet (año nuevo), en febrero. Pero será imposible, pues deberían haber comprado sus boletos de autobús con dos meses de antelación y sólo a fines de diciembre percibieron su paga, que es de carácter anual.
Tran y Dung no se quejan, aunque saben que su salario es inferior a los de otros trabajadores, pues permanecen en la ciudad sin el permiso de residencia que les permitiría obtener un mejor salario y beneficios sociales.
Según las autoridades, miles de habitantes rurales llegan a Ho Chi Minh por año para conseguir trabajo en las empresas públicas o extranjeras. Sin embargo, para ser empleados deben obtener en primer lugar el certificado de residencia que otorga el gobierno local.
Pero ante el desmesurado crecimiento demográfico de la ciudad, las autoridades intentan desalentar el flujo migratorio, limitando la entrega de los permisos y otros documentos.
La población de Ho Chi Minh, llamada Saigón hasta la reunificación de Vietnam en 1975, se duplicó de 3,3 millones en 1976 a 6,6 millones en 2000, según el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales. En la última década, la ciudad incorporó 120.000 nuevos residentes por año.
Tales circunstancias determinan que los trabajadores migrantes sean considerados ilegales, y por tanto vulnerables a la explotación de empleadores inescrupulosos.
Aunque las protestas empiezan a hacerse oír, la mayoría no sabe cómo lograr que las autoridades se interesen por su situación.
Según un informe estadístico oficial de 2000, la mayoría de los migrantes internos de Vietnam presentan bajos niveles educativos.
De 400.000 trabajadores migrantes entrevistados, casi 40 por ciento sólo asistieron a la escuela primaria o eran analfabetos y apenas 4,8 por ciento tenía formación técnica o secundaria.
Le Thi Hieu contaba al menos con experiencia como confeccionista de ropa cuando dejó cuatro años atrás su hogar en la central provincia de Thua Thien Hue para vivir en Ho Chi Minh.
Aunque no tenía certificado de residencia para aspirar a un empleo en las grandes fábricas de vestimenta, después de un tiempo pudo hallar trabajo en una pequeña empresa privada.
Pero Hieu obtiene menos de la mitad del salario que perciben quienes trabajan en las grandes compañías, y su horario laboral no está protegido por la ley de ocho horas.
Por una jornada de 16 horas frente a la máquina de coser, Hieu recibe 1,3 dólares. «De la mañana a la noche, me siento junto a la máquina. Luego de un año de trabajo mi cuerpo empieza a sentir las secuelas. Es el precio que debo pagar por estar en la gran ciudad», dijo.
Hieu tiene pocas alternativas y se conforta recordando que sus escasos ahorros ayudan a su familia. Otros sufren peor suerte, en particular aquellos que carecen de un oficio.
Minh, Hoa, Long y Thang, por ejemplo, no sabían más que trabajar en las plantaciones antes de llegar a la ciudad en busca de sustento. Los cuatro jóvenes debieron pasar varias semanas desempleados hasta que ingresaron como aprendices a una obra en construcción.
«Como no soy albañil ni carpintero, el contratista me propuso ser ayudante, con un salario de un dólar por día», la mitad del de lo que se paga a un residente legal por un empleo similar, relató Minh.
Pero luego de 300 jornadas de trabajo, Minh y sus amigos sólo percibieron la mitad de sus sueldos, mientras el empleador les aseguraba que aún no había percibido el pago de los propietarios del edificio.
«Es mentira. El ya se embolsó el dinero, pero prefiere prestarlo a otros y obtener algún interés en lugar de pagar a sus trabajadores», dijo Minh.
Cuando los trabajadores reclamaron los haberes adeudados, el contratista los despidió. Los afectados se quejaron ante el gobierno, pero la respuesta que obtuvieron fue nula, porque Minh y sus amigos no habían firmado un contrato de trabajo.
«¿Cómo podríamos hacerlo siendo trabajadores ilegales? Es un círculo vicioso. Como no tenemos permiso de residencia, no podemos firmar un contrato laboral, y como no tenemos contrato, nunca obtendremos el permiso de residencia», se lamentó Minh.
«Debería haber normas para proteger a los trabajadores de los empleadores explotadores», agregó.
La enorme oferta de mano de obra barata estimula a las empresas a imponer condiciones laborales cada vez más duras. Las pequeñas firmas de vestimenta, como la que emplea a Hieu, son conocidas por aprovecharse de la desesperación de muchos trabajadores, que se consideran afortunados de tener empleo.
«Nuestro jefe nos obliga a trabajar horas extra, pero nunca nos compensa por ello», y quien se atreve a reclamar es despedida, aseguró la confeccionista. Nadie comete ese error, «pues tenemos miedo a perder nuestros empleos», concluyó Hieu. (FIN/IPS/tra- eng/tdtl/ccb/dc/lb dv/02
