Una delegación del gobierno de Perú viajó a las selvas de Cajamarca, a 900 kilómetros de la capital, para tratar de detener el enfrentamiento entre indígenas y colonos por la posesión de tierras, que ya dejó un saldo de 15 muertos.
Unos 150 indígenas aguarunas atacaron la semana pasada la aldea Flor de la Frontera y mataron a ocho adultos y siete niños integrantes de un grupo de campesinos que habían invadido sus tierras.
Siete de esos colonos se trasladaron a Lima, tras el ataque registrado el 17 de este mes por la madrugada, para intentar entrevistarse con miembros del gobierno o con el propio presidente Alejandro Toledo, quien se encuentra de visita oficial en Bolivia.
También viajó a la capital peruana para pedir justicia en favor de su pueblo el «apu» (jefe) aguaruna Carlos Uchucan, al frente de una delegación de la comunidad San José, de donde partió el ataque.
Uchucan advirtió el jueves, en una breve conferencia de prensa en Lima, que podrían repetirse hechos de violencia en otra aldea de colonos, San Pedro, instalada de manera ilegal en tierras de la comunidad aguaruna.
«Nosotros respetamos a la República, pero los colonos desobedecen a las autoridades, a la justicia», dijo Uchucan, para luego preguntar a los periodistas «¿qué harían ustedes si alguien se mete en su casa y se niega a salir?».
Por su parte, Luis Roman, de la organización no gubernamental Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, informó que viven unos 20.000 colonos en distintos lugares de la selva que se enfrentan desde hace años con comunidades de diversas etnias.
Según varios analistas, los colonos de algunas zonas, como la cercana al río Ene, en la selva central peruana, cuentan con el apoyo de los narcotraficantes, y en otras, en especial en Madre de Dios, en la selva sur, son impulsados por empresas madereras.
Los 40.000 aguarunas que viven en las selvas norte y central de Perú integran el grupo étnico más dinámico y mejor organizado del país, y sobreviven gracias a la caza, la pesca, la recolección de frutos y el cultivo de pequeñas parcelas.
Esta comunidad indígena ganó una siniestra fama en el pasado por su práctica de degollar a sus enemigos para reducir sus cabezas.
Expertos entienden que la solución al cruento enfrentamiento desatado ahora por la tenencia de la tierra es de difícil manejo para el gobierno de Toledo, que envió el jueves a esa zona a una delegación para tratar de buscar acuerdos.
Los aguarunas de San José poseen títulos de propiedad de las tierras que defienden y acudieron a la justicia en 1998, cuando comenzó la invasión por parte de colonos procedentes de las zonas andinas de Cajamarca.
En sucesivas instancias judiciales, los aguarunas obtuvieron el reconocimiento de sus derechos, pero los colonos invasores desacataron las órdenes de desalojo.
La justicia tuvo éxito a fines de 2000 al lograr el primer desalojo, pero los colonos regresaron días después mientras sus abogados apelaban la decisión de primera instancia. La Corte Suprema de Justicia le dio la razón a los indígenas y ordenó en junio pasado a los colonos abandonar las tierras.
Pero los intentos de la policía por hacer cumplir la orden final de la justicia fracasaron nuevamente en agosto y septiembre, ante la presencia inquietante de los llamados «ronderos», una fuerza armada campesina creada en la sierra de Cajamarca para luchar contra los ladrones de ganado.
También sucumbió la oferta del Ministerio de Agricultura a los colonos de Flor de la Frontera de entregarles tierras en otras zonas del país, ante lo cual la policía, que tiene prohibido usar sus armas, optó por retirarse.
Otro intento de desalojo, realizado el día 12, también fue abortado por los colonos, que recurrieron a otro dispositivo de protección más sofisticado, como fue invitar a periodistas de un canal de televisión de Cajamarca para asegurarse que la policía de usara la fuerza.
«No nos sacarán, sólo saldremos muertos, pues estas tierras están abandonadas», proclamaron los colonos, algunos de ellos armados con escopetas, según los vídeos grabado en esa oportunidad.
Así, cinco días después y por la madrugada, la población de Flor de la Frontera fue atacada por cuatro lugares diferentes por los aguarunas, portando escopetas, arcos y flechas y machetes.
La policía y las cámaras de televisión regresaron a la zona el sábado pasado para auxiliar a los colonos heridos y registrar el horror de la masacre, que incluyó el incendio de viviendas.
«Los hermanos aguarunas tenían derecho a reclamar el desalojo de los colonos, pero se tiene que castigar los asesinatos que cometieron», dijo el parlamentario Luis Guerrero, representante del gobernante partido Perú Posible.
Guerrero añadió que «los aguarunas agresores se han refugiado en la espesura del bosque con los rostros pintados de negro y rojo en señal de guerra, probablemente con apoyo de su comunidad».
Las primeras investigaciones indican que los ancianos de la comunidad de San José, que constituyen la máxima autoridad moral entre los aguarunas, se burlaron de los «apus» que habían fracasado en sus esfuerzos de desalojar a los colonos con ayuda de la justicia y de la policía.
«Ustedes son niños, no saben cómo se tienen que hacer las cosas…No importa, dejemos las cosas así, nos dijeron para engañarnos y luego prepararon, sin avisarnos y con ayuda de otras familias, el ataque a Flor de la Frontera», afirmó Uchucan.
«No estoy de acuerdo con la violencia, para eso hay justicia. Pero que podemos contestar a los ancianos cuando nos dicen: tu justicia no les importa a los colonos», manifestó el líder indígena, tras señalar que ellos no entregarán a los agresores.
«No somos policías. Primero hay que castigar a los invasores», señaló el cacique.
La antropóloga Imelda Vega Centeno, autora de un ensayo monográfico sobre la región, comentó que «la responsabilidad mayor no corresponde a los ancianos aguaruanas que ordenaron y perpetraron el ataque, ni a los dirigentes campesinos, sino a la doble e hipócrita normatividad legal de nuestro país».
«Por un lado, la ley declara el derecho de los grupos étnicos a sus tierras ancestrales, pero, por el otro, las autoridades del Ministerio de Agricultura suelen dar títulos de propiedad a los colonos, que se superponen con las tierras de las comunidades selvícolas», explicó.
Vega Centeno agregó que «en 1981, el entonces presidente Fernando Belaunde Terry declaró zona de expansión económica a las áreas selváticas de Cajamarca, sostuvo que había que poblarla por razones de seguridad para oponer una barrera demográfica a los intentos de penetración de Ecuador, y propició la instalación de colonos en tierras aguarunas». (FIN/IPS/al/dm/ip if/02
