La economía de Venezuela comienza el año con grandes dificultades a causa del deprimido mercado petrolero, lo cual, según los expertos, obligaría al gobierno a realizar un severo ajuste fiscal, con el consecuente aumento del descontento social.
Los sindicatos comenzaron a calentar los motores de los reclamos en los primeros días de este mes, en especial en el área estatal que presenta menor capacidad de maniobra salarial.
La caída de los precios del petróleo, que en algunas semanas de septiembre llegó a casi 50 por ciento respecto de igual lapso de 2000, provocó un retroceso en algunos indicadores y acrecentó la conflictividad política, sindical y empresarial.
Datos preliminares del Banco Central señalan que el país finalizó el año pasado con un déficit en su balanza de pagos de 2.434 millones de dólares, muy distante del resultado de 2000, cuando obtuvo un superávit de 5.818 millones de dólares.
El saldo en rojo de la balanza de pagos está directamente relacionado con la rebaja de los precios del petróleo, principal fuente de divisas de Venezuela.
Las autoridades confirmaron que el valor promedio de 2001 de la cesta de siete crudos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual Venezuela es uno de los 11 socios, fue de 23,07 dólares por cada barril de 159 litros, 16 por ciento menos que el año anterior.
Al significativo retroceso de la balanza de pagos se le suma la merma de 25 por ciento de las reservas internacionales, que al cierre del balance de 2001 era de 11.898 millones de dólares, frente a 15.883 millones de dólares contabilizadas un año atrás.
El desempeño negativo de esos dos indicadores está asociado, además de la contracción del mercado petrolero mundial, a la constante fuga de capitales, que sobrepasa los 7.000 millones de dólares, según cálculos privados.
El presidente Hugo Chávez, aunque no hizo mención expresa de esas cifras, aseguró que las dificultades económicas crecerán este año, aunque no adelantó aún cambios en la política económica o presupuestaria.
«Estas señales aún no las ha percibido el gobierno y el retraso en la toma de previsiones podría traer un fuerte ajuste fiscal con graves consecuencias para el bienestar de la población», advirtió Angel Alayón, profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Administración.
«Las alarmas están encendidas en el país, sin embargo no vemos reacciones para evitar el impacto de una crisis», añadió Alayón, quien cree que el gobierno sólo cifra sus esperanzas en un rápido aumento de los precios del petróleo, que termine inyectando dólares a la economía venezolana.
Precisamente, los analistas indican que el gobierno de Chávez no ha evaluado cabalmente las consecuencias de la caída de 22 por ciento de las exportaciones de crudo en 2001, respecto del año anterior, que equivalen a una merma de 6.175 millones de dólares, para ubicarse en 21.710 millones de dólares.
Un alto funcionario del Banco Central, bajo la condición de anonimato, admitió a IPS que 2002 «será un año muy, pero muy difícil» y con problemas para la ejecución de los planes gubernamentales.
Un sector que traerá dificultades al gobierno es el sindical. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, informó que en enero se debatirán una serie de acciones «de calle», que podrían desembocar en la convocatoria de una huelga general.
La CTV presionará al gobierno en dos frentes: el aumento del salario mínimo (actualmente en torno a los 200 dólares) y la firma de decenas de contratos colectivos de empleados públicos.
«Vamos a tener una gran actividad este año. La CTV estará en la calle», amenazó Ortega, cuya elección a la presidencia de la principal central obrera aún espera confirmación de autoridades judiciales y electorales, que deben responder a la impugnación presentada por sectores laborales cercanos al gobierno.
El empleo, según la última encuesta de la firma Consultores 21, es la principal preocupación de los 24 millones de habitantes de Venezuela, que presenta una desocupación de 15 por ciento de la población económicamente activa y donde 50 por ciento de los trabajadores se desempeñan en la actividad informal.
Según la investigación de Consultores 21, la mayoría de los venezolanos consultados creen que el gobierno de Chávez debe centrar sus esfuerzos en promover un plan sostenido de empleo y de mejoras salariales.
El Centro de Análisis y Documentación para los Trabajadores, de carácter privado, determinó que en diciembre de 2001 el salario mínimo para una familia promedio del país sólo alcanzaba para solventar 60 por ciento de la canasta alimentaria básica, que excluye servicios y vestuario.
En tanto, con el actual esquema económico del país, los ojos de todos se centran en el mercado petrolero. El Ministerio de Energía indicó que el precio promedio del petróleo del país, en torno a los 20 dólares en 2001, sufrió un retroceso de cinco dólares por cada barril en comparación con el año anterior.
Adicionalmente, Venezuela debió recortar 407.000 barriles diarios de crudo en su cuota de producción, para cumplir con el plan de recortes implementado por la OPEP en 2001 en busca de aumentar los precios internacionales.
En la óptica del Banco Central, «el retroceso de las exportaciones petroleras» es la principal explicación para el déficit de la balanza de pagos del país, pero al mismo tiempo se registró una expansión de 11,6 por ciento en las importaciones, que sumaron 17.282 millones de dólares.
El presidente del Consejo de Industrias (Conindustria), Eduardo Gómez Sigala, explicó que las importaciones crecieron 157 por ciento desde 1990, pero en ese mismo periodo las exportaciones no petroleras sólo aumentaron 39 por ciento.
Para Conindustria, el gobierno de Chávez, que asumió en febrero de 1999, ha remarcado, por un lado, el modelo importador y, por otro, intensificó la dependencia del crudo para las ventas externas, con lo cual retrocedió la industria nacional no petrolera.
Por su parte, la principal organización empresarial del país, Fedecámaras, aseguró que el clima de confrontación social y política no favorece la actuación de los agentes económicos, al tiempo que han insistido en la necesidad de rectificación de algunas medidas oficiales.
Fedecámaras organizó una inédita paralización de actividades el 10 de diciembre para exigir que Chávez revisara un conjunto de normas aprobadas en el marco de la llamada Ley Habilitante, que le concedió poderes especiales.
«El trabajo productivo exige un mínimo de tranquilidad y paz social, como condición indispensable para su normal desarrollo», indicó a inicios de enero el presidente interino de Fedecámaras, Carlos Fernández, en un mensaje de año nuevo.
«Las tensiones políticas y sociales presagian un panorama (en 2002) de muy poco aliento para la convivencia y la tranquilidad», alertó Fernández. (FIN/IPS/ac/dm/if ip/02
