La hipocresía caracterizó la política de derechos humanos de Estados Unidos en el primer año de gobierno de George W. Bush, en especial tras los atentados del 11 de septiembre, advirtió la organización Human Rights Watch (HRW).
La campaña antiterrorista del presidente Bush «corre el riesgo de reforzar la lógica del terror, a menos que otorgue un papel central a los derechos humanos», afirmó la organización, con sede en Nueva York, en su Informe Mundial 2002, publicado el miércoles.
El respaldo de Bush a regímenes autoritarios de Medio Oriente, Africa septentrional y Asia central, su falta de crítica a la represión que Rusia practica en Chechenia, y su relativa indiferencia a la violencia contra civiles en otras regiones, exponen un doble discurso que sólo alimenta el resentimiento, según el informe.
«Para Washington la violencia se vuelve intolerable no cuando son atacados civiles, sino cuando son atacados ciertos civiles, y según quiénes cometan los ataques», subraya el documento de 670 páginas, que incluye informes sobre los principales acontecimientos ocurridos en 66 países desde noviembre de 2000 hasta noviembre de 2001.
«Tal mensaje difícilmente ayude a crear un amplio respaldo a los derechos humanos», estimó HRW.
Por otra parte, el recorte interno de libertades civiles dispuesto luego de los atentados del 11 de septiembre, minó la credibilidad internacional de Estados Unidos.
Las medidas más irritantes fueron la autorización de Bush para que tribunales militares juzguen a extranjeros sospechosos de terrorismo, y la identificación e investigación de jóvenes procedentes de Medio Oriente y Africa septentrional, afirmó el grupo defensor de derechos humanos.
El informe centra su análisis en los diversos impactos de la campaña antiterrorista en el respeto y goce de los derechos humanos.
En el centro de cualquier combate exitoso al terrorismo debe estar la firme adhesión a los derechos humanos fundamentales, comenzando por el rechazo a la premisa básica del terrorismo: que el asesinato de civiles es un acto político inaceptable, sostiene el documento.
«La lucha contra el terror debe reafirmar el principio de que ningún civil debería ser muerto o violentado deliberadamente», afirmó el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth.
«Pero para muchos países, el argumento del antiterrorismo suministra una nueva razón para ignorar los derechos humanos», agregó Roth.
De hecho, la nueva coyuntura propició «ataques oportunistas» a las libertades civiles, por parte de muchos gobiernos que se sumaron a la coalición encabezada por Estados Unidos.
China describió la represión de los disidentes de Uighur, en la provincia de Xinjiang, como parte del combate antiterrorista, mientras Egipto pretendió que sus medidas contra grupos islámicos, incluyendo torturas y juicios sumarios, eran un «nuevo modelo» de combate al terrorismo.
El gobierno de Israel no se cansa de repetir que el levantamiento palestino contra la ocupación de sus territorios es una guerra terrorista que justifica duras represalias, como los asesinatos selectivos a líderes políticos palestinos, apunta el informe.
Fueron particularmente exitosos los intentos de Rusia de incluir su brutal guerra contra la república separatista de Chechenia en el marco de la campaña internacional, sostuvo HRW.
No sólo Washington acalló sus críticas. Países como Alemania e Italia arguyeron que los esfuerzos contrainsurgentes de Moscú debían ser revalorados a la luz de los supuestos vínculos entre los rebeldes chechenos y Osama bin Laden y su red Al Qaeda, a los que Estados Unidos acusa de los ataques del 11 de septiembre.
La nueva cercanía de Washington con ciertos estados de Asia central, que le suministraron bases para lanzar ataques contra Afganistán, ilustra lo que HRW definió como «la preocupación selectiva sobre los ataques a civiles».
Uzbekistán, que persigue implacablemente a los musulmanes que intentan practicar su fe fuera de los controles estatales, recibirá creciente ayuda militar y económica de Estados Unidos a cambio de su cooperación.
Algo similar ocurrió en Medio Oriente y Africa septentrional, donde el fracaso de la presión de la comunidad internacional para que los regímenes represivos pusieran fin a las violaciones de derechos humanos, inhibió el desarrollo de «una cultura de derechos humanos como antídoto al terrorismo», señala el documento.
«En sociedades donde florecen las libertades, los ciudadanos pueden presionar a sus gobiernos para que respondan a sus reclamos. Pero en Arabia Saudita y otros países donde Osama bin Laden pulsa las cuerdas del resentimiento, los gobiernos prohíben el debate político», apuntó Roth.
«Como la opción del cambio político pacífico está clausurada, las voces del disenso no violento suelen ser acalladas por los promotores de la oposición violenta», agregó.
La imposibilidad de que Washington controle los excesos de Israel o reformule las sanciones contra Iraq para minimizar el sufrimiento de la ciudadanía, indica a muchos en la región que «el compromiso occidental con los derechos humanos es por conveniencia, se abandona cuando un aliado los viola o cuando se debe combatir a un enemigo», afirma el documento.
Por otra parte, el informe recoge los avances en materia de derechos humanos, registrados en 2001.
Entre esos logros, HRW subrayó el juicio de un tribunal internacional al ex presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, el proceso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y la decisión de la justicia de Argentina de invalidar las leyes de amnistía a delitos cometidos por la última dictadura militar.
El informe también subrayó el rápido avance hacia la creación del Tribunal Penal Internacional, ratificado ya por 47 de los 60 países que se requieren para su puesta en vigor, y la vigencia del protocolo que prohíbe el reclutamiento militar infantil.
El documento también señaló como avances las denuncias sobre la discriminación de castas durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, y el rápido éxito con que la comunidad internacional diluyó el conflicto étnico en la ex república yugoslava de Macedonia.
De acuerdo a Human Rights Watcha, la caída del régimen fundamentalista Talibán en Afganistán «crea una oportunidad para cambios positivos», si bien la comunidad internacional debe asegurar que los aliados locales de Estados Unidos rompan con su pasado de «atrocidades».
Por otra parte, el informe recuerda el lento avance para crear tribunales penales para Camboya y Sierra Leona, la impunidad de los responsables de los asesinatos cometidos en 1999 en Timor Oriental, y el sufrimiento de civiles en los conflictos de Angola, Argelia, Burundi, Colombia, Indonesia, República Democrática del Congo y Sudán. (FIN/IPS/tra-eng/jl/aa/dc/hd ip/02
