Manifestantes concentrados este jueves frente a la delegación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la capital colombiana pidieron la mediación internacional para salvar las negociaciones de paz del gobierno con las insurgentes FARC.
El gobierno suspendió el miércoles el diálogo con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y concedió a los guerrilleros un plazo de 48 horas para que abandonen el área desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el sudeste, donde se realizaban las negociaciones.
Pero las FARC aseguraron que no se retirarán de la llamada zona de distensión, que tiene la misma superficie que Suiza y está sujeta a su poder, hasta el 20 de este mes, el plazo que había fijado el presidente Andrés Pastrana antes de la crisis del diálogo de paz.
La alocución presidencial del miércoles de noche despertó dudas entre comentaristas y público. Algunos la interpretarom como la ruptura de la tentativa de reconciliación comenzada hace tres años, pero otros entendieron que Pastrana dejaba abierta la puerta a la reanudación de las negociaciones.
«El gobierno entiende que las FARC no continúan en la mesa (de negociaciones), y como consecuencia de ello, las FARC contarían con las 48 horas que están pactados para su retiro de la zona», dijo Pastrana.
El ministro del Interior, Armando Estrada, contribuyó a la confusión al puntualizar que el plazo impuesto para el retiro de las FARC de la zona desmilitarizada sólo comenzará a correr cuando Pastrana lo decida.
Varios dirigentes políticos y de otros sectores entendieron que se asiste a la «ruptura total» del diálogo de paz. Sin embargo, Estrada dijo que el gobierno tomará medidas «si por cualquier circunstancia se presenta el rompimiento definitivo», insinuando que esas instancia aún no se ha producido.
La situación que se vive es «ambigua», como ha sido todo el proceso de negociaciones, observó a IPS el senador Juan Manuel Ospina, del gobernante Partido Conservador.
Estrada se refería a la suspensión del estatuto político reconocido a los representantes de los guerrilleros en la negociación, a la reactivación de las órdenes de captura contra los comandantes de las FARC y a la toma inmediata de la zona desmilitarizada.
Pastrana respaldó en su discurso por televisión todos sus términos el comunicado que horas antes había difundido el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, quien dijo que el gobierno entendía que el gurpo insurgente «no continúa en el proceso de paz».
El presidente afirmó también que se protegerá a los habitantes de los cinco municipios englobados en la zona de distensión, que han expresado temores ante el anuncio de las FARC de que permanecerán allí hasta el día 20.
«La esperanza es lo último que se pierde», comentó el candidato presidencial de izquierda Luis Eduardo Garzón, uno de los participantes en la manifestación frente a las oficinas de la ONU.
La incapacidad de la guerrilla y del gobierno para hallar soluciones determina la amenaza del recrudecimiento de la guerra, sijo Garzón, un ex dirigente sindical.
«Ni las FARC, ni el gobierno pueden entregarnos un país más bañado en sangre de lo que ya está, cuando todos los colombianos hemos esperado tres años para que esto (la negociación) tuviera resultados y saliera adelante», dijo a IPS Ana Teresa Bernal directora de la Red de iniciativas para la Paz (Redepaz), que participó en la comvocatoria a la concentración ante la ONU.
Cerca de 20 colombianos son asesinados cada día en el marco del conflicto armado, advirtió Bernal. Cinco de ellos mueren en enfrentamientos.
La causa de la suspensión de las conversaciones fue el rechazo de los guerrilleros de los controles que desde el 7 de octubre mantiene el gobierno sobre la zona de distensión.
Esas decisiones consistieron en el aumento del cerco de vigilancia en torno de la zona de distensión, sobrevuelos de la Fuerza Aérea y la prohibición de ingreso de extranjeros.
«El proceso no soporta más el ruido de la zona de despeje», declaró el senador Ospina. Allí se han cometido crueldades, «pero no tantas como se dice», agregó.
El ejército asegura que las FARC utilizaban la zona de distensión para ocultar secuestrados, fortalecerse militarmente y realizar negocios de narcotráfico.
Según Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias, en esa área fueron perpetradas violaciones de derechos humanos.
Ospina no descarta las posibilidades de éxito de una eventual mediación internacional para salvar el proceso de paz. Este jueves, tras una reunión en la casa de gobierno, los delegados de los países amigos del proceso de paz, entre los que se cuentan España, Francia y México, exhortaron a las partes a volver a la mesa de diálogo.
James Lemoyne, representante de la ONU en Colombia, pidió al gobierno y a los guerrilleros que eviten declaraciones o actos de guerra que ahonden la crisis. «Todavía hay tiempo para la paz», dijo.
En Bruselas, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Javier Solana, lamentó las circunstancias que forzaron a Pastrana a tomar una «decisión grave».
«Es lamentable que la guerrilla no haya mostrado aún una verdadera voluntad de paz ni haya abandonado la práctica del secuestro, extorsiones y asesinatos», dijo Solana, e instó a las FARC a flexibilizar su posición.
La Iglesia Católica prepara también una propuesta para salvar el diálogo y el defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, se ofreció como mediador para superar la desconfianza que aleja a los interlocutores.
El clima de temor es palpable. Alfredo Rangel, columnista del diario El Tiempo, advirtió que no puede descartarse la posibilidad de que las FARC lancen una campaña de sabotaje y hostigamiento en las ciudades.
También hay preocupación ante las condiciones en que se cumplirán las elecciones parlamentarias de marzo y las presidenciales de mayo.
Ya han sido anunciadas medidas especiales de seguridad para proteger a los candidatos, y en Bogotá y en capitales departamentales aumentaron las patrullas al conocerse la suspensión de las conversaciones.
El ejército afirma que las FARC aumentaron 35 por ciento su capacidad militar en los últimos tres años y que cuentan con l5.000 combatientes.
El mando militar puso en alerta a 23.000 soldados, entre ellos 4.500 efectivos de la fuerza de despliegue rápido y los 11.000 que custodian los límites de la zona de distensión.
Con esas fuerzas, el gobierno también debe enfrentar a los 8.000 guerrilleros encuadrados en el Ejército de Liberación Nacional y a 9.000 paramilitares de derecha. (FIN/IPS/yf/ff/ip/02
