Organizaciones ambientalistas de Estados Unidos llevaron a juicio a 18 organismos del gobierno federal, a los cuales acusan de violar una ley de 1992 que los obliga a comprar vehículos que no usen combustible derivado del petróleo.
El juicio fue iniciado en una corte de distrito del sudoccidental estado de California por las organizaciones no gubernamentales Sierra Club, Centro para la Diversidad Biológica y Red Bluewater.
La Ley de Política Energética fue aprobada durante el gobierno del presidente George Bush (1989-1993, padre del actual mandatario) y tras la guerra del Golfo de 1991, para reducir la dependencia del país del petróleo y promover el uso de combustibles locales alternativos.
«Es escandaloso que el gobierno federal no pueda reducir la dependencia del petróleo, aunque la ley lo obliga a ello», opinó Russell Long, director ejecutivo de Bluewater.
Autoridades federales anunciaron que no harán comentarios sobre el asunto mientras esté en manos de la justicia, pero un funcionario del Departamento (ministerio) de Energía que no quiso ser identificado dijo a IPS que los fue un error demandar a ese organismo.
«No tenemos autoridad para hacer cumplir la ley», sostuvo.
El Departamento de Energía tiene a su cargo, según la Ley de Política Energética, desarrollar y supervisar un plan para reemplazar 10 por ciento del consumo de gasolina de Estados Unidos por uso de combustibles alternativos como metanol y etanol antes de 2000, y 30 por ciento antes de 2010.
Esa norma estableció que las compras de vehículos de todas las agencias federales con grandes flotas de los mismos debían incluir porcentajes mínimos crecientes de automóviles con combustibles alternativos.
Los porcentajes exigidos fueron 25 por ciento en el año fiscal 1996, 33 por ciento en el 1997, 50 por ciento en el 1998 y 75 por ciento en el año fiscal 1999 y los siguientes.
«Pondremos al país en un claro camino hacia un futuro más próspero, energéticamente eficiente, sensible al ambiente y económicamente seguro», dijo en 1992 el ex presidente Bush.
Los demandantes sostienen que el gobierno se apartó de ese camino, y que la mayoría de las agencias federales ni siquiera se acercaron a los porcentajes mínimos requeridos.
Entre los acusados figuran los Departamentos de Justicia, Transporte, Comercio, Defensa, Agricultura e Interior, y la Agencia de Protección Ambiental.
Las compras de vehículos que usan combustibles alternativos del del Departamento de Comercio, por ejemplo, sólo fueron 11 por ciento del total en el año fiscal 1998, cuando debían ser 50 por ciento, y llegaron a 16 por ciento en el 1999 y 17 por ciento en el 2000, cuando debían ser 75 por ciento.
En el año fiscal 1998, la cuota de la Agencia de Protección Ambiental fue 35 por ciento, en vez de 50 por ciento.
El Departamento de Energía mantiene un sitio en Internet, la red mundial de computadoras, en el cual formula recomendaciones a otras agencias para que cumplan la ley de 1992, pero eso no es suficiente según Hay Tutchton, del grupo ambientalista de abogados Earthjustice, que representa a los demandantes.
En la demanda se alegó que los organismos federales no presentaron al Congreso informes sobre su cumplimiento de esa ley, ni los publicaron en el Registro Federal y en Internet, según exige esa norma.
Tutchton aseguró que los datos en ese sitio de Internet son incompletos, y sólo incluyen un informe de cumplimiento de 1999.
Los demandantes obtuvieron información directa de las agencias acusadas sobre su cumplimiento de la ley de 1992, al amparo de la Ley de Libertad de Información, agregó.
El Departamento de Energía fue acusado de no cumplir un artículo de la ley que dispone la extensión de las disposiciones sobre combustibles alternativos a los gobiernos locales, si el gobierno federal no cumpla las metas fijadas de reducción del uso de gasolina.
En la demanda se sostuvo que algunos organismos compraron vehículos que pueden funcionar con gasolina o con etanol, pero los usan con gasolina, lo cual viola la ley de 1992 y una orden ejecutiva firmada en 2000 por el ex presidente Bill Clinton (1993- 2001).
Californa fue el estado escogido para presentar la demanda porque es el que tiene el mayor número de vehículos sujetos a la Ley, 37.678 en 1998. En Washington hay 3.638 vehículos de agencias federales.
Las normas sobre uso de combustibles alternativos de 1992 contrastan con la actual estrategia del gobierno en la materia. El plan del presidente George W. Bush prevé aumentar la prospección y la extracción de petróleo, aun en áreas vírgenes, y reducir exigencias a la industria de protección del ambiente.
«¿Por qué busca el gobierno quemar más petróleo, si la ley federal estipula avanzar en una dirección más saludable?», preguntó Peter Galvian, del Centro para la Diversidad Biológica.
Un proyecto de estrategia energética del Poder Ejecutivo fue aprobado por la Cámara de Representantes en agosto, pero aún debe ser considerado por el Senado.
La polémica sobre la política nacional de energía se intensificó tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, cuando Bush exhortó al Senado a aprobar su plan para aumentar las reservas nacionales de petróleo.
El gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir la Ley de Política Energética y optar por combustibles alternativos y tecnologías renovables, si en verdad quiere que el país dependa menos de combustibles fósiles, sostuvo Tutchton. (FIN/IPS/tra-eng/dk/aa/en/lp-mp/02
