Una sentencia judicial cambió radicalmente en Venezuela la vida de los pacientes con el virus del sida, que tras una larga batalla legal cuentan con medicamentos y atención médica del Estado.
Poco más de 10.000 personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) están englobadas en los planes oficiales de atención médica y entrega gratuita de medicamentos a través del Ministerio de Salud y del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS).
Renate Koch, directora ejecutiva de la no gubernamental Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), destacó a IPS que la situación de los pacientes mejoró drásticamente este año, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.
El Tribunal Supremo concedió el 6 de abril el derecho de amparo, por extensión, a todos los afectados por el virus en Venezuela. Los magistrados se basaron en la Constitución de 1999, que obliga al Estado a garantizar el derecho a la salud a la población, sin ningún tipo de discriminación.
La sentencia fue la culminación de cuatro años de procesos y demandas judiciales, principalmente por parte de abogados de ACCSI, una organización que defiende los derechos de las personas afectadas por el sida (síndrome de inmunodeficencia adquirida).
El tratamientos para los portadores del VIH es costoso. Se calcula que, por paciente, se debe pagar mensualmente 1.000 dólares por el llamado cóctel de antirretrovirales, cuando en Venezuela el salario mínimo es de 200 dólares y hay altas tasas de desempleo y empleo informal.
Aunque instituciones públicas de salud ya prestaban atención médica y otorgaban medicamentos a afectados por el VIH, lo hacían sólo de forma parcial y en algunos casos, tras engorrosos y denigrantes trámites burocráticos.
Desde mediados de 2001, las personas contagiadas conocedoras de su situación que solicitan la atención estatal tienen los medicamentos gratuitos.
El Ministerio de Salud y el IVSS han puesto en práctica programas sin costo para los pacientes, que incluyen la consulta médica, los exámenes periódicos en laboratorios y la entrega de los fármacos necesarios.
De acuerdo con información que se ha conocido públicamente, el presupuesto anual del Programa Nacional del Sida (de carácter estatal) es de 40 millones de dólares, de los cuales 60 por ciento se destinan a los medicamentos.
«Cualquier persona que recurra a los servicios públicos recibe atención, incluso hemos conocido casos de personas que están ilegalmente en el país y que han sido atendidas», señaló Koch.
«El IVSS atiende sólo a los afiliados al seguro y el resto de ciudadanos puede acudir al Ministerio de Salud. Logramos también una sentencia para que el Ministerio de Defensa sostenga un plan para los militares activos que resultan infectados», agregó.
Así mismo, grandes empresas han puesto en marcha en los últimos tres años programas propios en beneficio de sus trabajadores afectados por el VIH, comentó Koch.
Este nuevo panorama fue logrado en buena medida por la labor de un conjunto de organizaciones no gubernamentales (ONG) que, como ACCSI, luchan por los derechos de los afectados por el virus del sida.
En tanto, la epidemia sigue caracterizada por contradicciones y falta de información. El Ministerio de Salud indica que hay poco más de 10.000 contagiados, pero reconoce que un buen número de casos no están registrados.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el VIH/Sida (Onusida) corrige al alza esa información y calcula que son un poco más de 60.000 los venezolanos afectados.
Varias ONG creen que el problema tiene una dimensión aún mayor y que los afectados en Venezuela son entre 400.000 y medio millón.
La diferencia en los cálculos se relaciona con la falta de información oficial fiable, con el estigma social vinculado al sida, que lleva a algunos afectados a mantener en reserva su condición, y por las características del virus, que no presenta síntomas en muchos casos y, por lo tanto, pasa inadvertido para quien lo ha contraído.
Arturo González, portador del VIH, comentó a IPS que aunque aún persiste la «marginación» y la «insensibilidad» en los centros públicos de salud, en líneas generales «el trato ha cambiado sustancialmente después de la decisión» del Tribunal Supremo de Justicia.
«Ahora nos tratan con más tacto, porque saben que estamos dispuestos a defender nuestros derechos y podemos demandar los servicios y la atención», comentó.
González es voluntario en la ONG Acción Ecuménica, ligada a la iglesia luterana. Llegó allí hace tres años en busca de medicamentos para una de las llamadas enfermedades oportunistas que atacan a los portadores del VIH al caer las defensas naturales de éste.
En abril, y tras la sentencia del Tribunal Supremo, González se incorporó al programa contra el sida del Ministerio de Salud y además es el encargado de la farmacia de Acción Ecuménica. «Aquí he vivido la solidaridad, he recibido y doy ayuda», dijo.
«Además de la farmacia, damos asesoramiento legal, psicológico y espiritual. Es un programa que tiene ya ocho años y hoy trabajamos de forma coordinada con otras 36 organizaciones e instancias no gubernamentales», informó a IPS Manuel Larreal, coordinador de Acción Ecuménica. (FIN/IPS/ac/ff/he/01
