India y Pakistán se acercan cada vez más a una guerra abierta, a medida que sus gobiernos elevan el tono de su retórica hostil y movilizan tropas, tanques, artillería pesada y cazas a lo largo de la frontera.
Nueva Delhi lanzó una ofensiva diplomática la semana pasada al llamar a su embajador en Islamabad y cancelar los servicios de tren y autobús entre la ciudad pakistaní de Lahore y la capital india.
India exige que Pakistán tome medidas contra Lashkar-e-Toiba (Soldados de Dios) y Jaish-e-Mohammed (Ejército de Mahoma), dos grupos separatistas cachemiros establecidos en territorio pakistaní a los que culpa del ataque del 13 de este mes contra el parlamento indio.
En el atentado murieron 14 personas, incluidos los cinco terroristas suicidas.
Pakistán congeló los activos de Lakshar-e-Toiba y arrestó al líder de Jaish-e-Mohammed, Maulana Masood Azhar, pero India consideró insuficientes esas medidas y reclamó la extradición de Azhar para juzgarlo.
En respuesta al despliegue de misiles de Pakistán en la frontera común, el ministro de Defensa de India, George Fernandes, dijo el miércoles que «los sistemas de misiles están en posición».
En medio del patrioterismo, surgieron rumores sobre la movilización de los misiles con capacidad nuclear Hatf, de Pakistán, y Prithvi, de India, pero todavía ninguno de ambos países montaron ojivas atómicas en ellos.
Jana Krishnamurthy, presidente del Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Nacionalista Hindú), que encabeza la coalición de gobierno de India, advirtió a Pakistán que si usa una bomba nuclear contra India, «dejará de existir».
Esta fue la primera referencia a un ataque nuclear en medio de la guerra verbal.
India y Pakistán, surgidos como naciones separadas en la independencia del imperio británico en 1947, libraron dos guerras abiertas en 1965 y 1971 y una no declarada en 1999 a raíz de su disputa por Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana.
Nueva Delhi acusa a Islamabad de entrenar y proveer armas a los grupos separatistas cachemiros, pero el gobierno pakistaní sostiene que sólo les brinda «apoyo moral y diplomático» y que no son terroristas sino «combatientes por la libertad».
Según Pakistán, su movimiento de misiles tiene fines disuasorios, pero su doctrina militar le permite realizar un primer ataque nuclear contra fuerzas convencionales de India.
Nueva Delhi, en cambio, se adhiere a la doctrina que evita el «primer uso» de armas nucleares, aunque en la práctica, esto podría no significar demasiado.
La distancia estratégica entre los dos países es muy corta, y la hora de vuelo de misiles entre sus ciudades fronterizas varía apenas entre tres y ocho minutos.
Una guerra convencional los llevaría inexorablemente a una conflagración nuclear, como en una tragedia griega en que los personajes carecen de control sobre sus propios actos.
El conflicto podría estallar mientras miles de soldados pakistaníes están estacionados a lo largo de la frontera con Afganistán para impedir la entrada de militantes de Talibán, el grupo extremista derrocado en noviembre en ese país, y de la organización terrorista Al-Qaeda.
El Cuerpo 11 de Peshawar, actualmente sobre la frontera afgana, es fundamental para respaldar un ataque contra India a lo largo del «límite internacional», que se extiende desde Kutch hasta Punjab.
Pakistán desplegó su segundo mayor cuerpo de ataque, la Reserva del Norte, de 70.000 hombres, en el corredor Jhelum-Chhamb, donde India es vulnerable. Decenas de soldados murieron en escaramuzas en los últimos días.
Una vez que comience una operación militar significativa, será difícil controlar a los perros de la guerra.
El gobierno de Atal Behari Vajpayee está bajo creciente presión interna, principalmente de la extrema derecha del BJP, para castigar a Pakistán por no tomar medidas enérgicas contra los sospechosos del atentado del día 13.
Sin embargo, India no ha mostrado sus supuestas pruebas contra los acusados, salvo a Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países europeos.
Entre los funcionarios indios que claman por la guerra se cuentan el ministro del Interior, Lal Advani; el presidente del BJP, Krishnamurthy, y el ministro jefe del norteño estado de Uttar Pradesh, Rajnath Singh.
Para ellos, sólo una operación militar puede rescatar al BJP en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India (140 millones de habitantes) y su termómetro político, donde se celebrarán elecciones legislativas en febrero.
El pasado jueves, esos funcionarios advirtieron a Vajpayee que si no hay un ataque militar contra Pakistán, el BJP perderá el gobierno en Uttar Pradesh, lo que podría provocar el colapso de la endeble coalición gubernamental.
En términos militares, las opciones de India son muy limitadas. India podría lanzar ofensivas terrestres o ataques aéreos de precisión contra «campos de entrenamiento» de terroristas en la parte pakistaní de la región de Cachemira.
Así mismo, podría realizar «persecuciones» a través de la llamada Línea de Control, que divide a Cachemira entre ambos países, contra supuestos militantes, y también lanzar lo que espera sea una operación «corta y rápida» al oeste de Cachemira.
Sin embargo, Nueva Delhi carece de información precisa sobre la ubicación de los escasos campamentos de entrenamiento cerca de la frontera, dado que la mayoría se trasladaron al interior de Pakistán.
Además, la mayoría de los militantes cachemiros no se entrenan en instalaciones permanentes.
Dadas las limitaciones de información de India, los ataques aéreos desde gran altitud serían ineficaces, y los vuelos bajos serían muy vulnerables. La mayoría de los campamentos sospechosos están fuera del alcance de la artillería.
Por otra parte, las persecuciones por tierra serían jurídicamente problemáticas y tendrían altas probabilidades de extenderse y transformarse en un conflicto declarado.
Hoy por hoy, no es posible una «guerra limitada» entre India y Pakistán. Dada su relativa paridad estratégica, cualquier confrontación duraría varias semanas.
Una ofensiva india provocaría ataques de represalia de Pakistán con toda seguridad, porque el presidente pakistaní, Pervez Musharraf, no puede permitirse mostrar debilidad hacia India en momentos en que es blanco de duras críticas de grupos radicales islámicos.
Tras la derrota de Talibán en Afganistán, favorecida por el apoyo de Pakistán a la «guerra contra el terrorismo» de Estados Unidos, Musharraf no tiene otra opción que responder con dureza.
El presidente pakistaní es acusado de traicionar a los Talibán y «venderse» a Estados Unidos. El hermano del ministro del Interior fue asesinado por grupos extremistas.
Una guerra prolongada destruiría la frágil economía pakistaní y provocaría graves dificultades a la economía india por muchos años.
Además, no hay garantías de que India pueda ganar tal guerra. Pakistán no es a India lo que la franja de Gaza es a Israel o Afganistán a Estados Unidos.
Aun si India ganara la guerra, ésta provocaría la caída (o el asesinato) del general Musharraf, un colapso general de Pakistán y su desintegración en distintos grupos étnicos.
Pero el colapso de una potencia nuclear fronteriza con India tendría a su vez efectos devastadores, por lo tanto el propósito legítimo de cualquier operación «antiterrorista» de Nueva Delhi no puede ser la desintegración de Pakistán, sino una acción eficaz para combatir el extremismo y poner a su vecino en el camino de la moderación.
Por estas razones, no resulta sorprendente que los jefes de las fuerzas armadas de India sean renuentes a lanzar ataques militares y partidarios de la vía diplomática, al igual que la mayoría de los generales y almirantes retirados.
La desconexión entre el consejo de contención de esos militares y el patrioterismo de los líderes políticos es un mal presagio para India, porque podría conducir a una operación militar desordenada y de alto riesgo que se saldría de control con facilidad.
En cuanto a las opciones no militares, Vajpayee está bajo presión de la derecha para aumentar la hostilidad «gradualmente», hasta que la guerra se vuelva inevitable.
Las medidas consideradas incluyen la reducción a la mitad de la misión diplomática de India en Pakistán, la prohibición de los vuelos de Pakistan Airlines sobre territorio indio, y la cancelación del estatuto comercial de nación más favorecida.
Nueva Delhi podría incluso derogar el Tratado de Aguas de 1960 y privar de agua dulce a Pakistán.
Estas medidas generarían un mayor resentimiento en Pakistán y parecerían irrazonables y malintencionadas incluso a los pakistaníes moderados.
La derogación del Tratado de Aguas equivaldría a sitiar económicamente a Pakistán, lo cual es inadmisible en el derecho internacional.
Tales medidas extremas sólo empujarían a los extremistas pakistaníes al camino del terrorismo, y esto sería en sí mismo una derrota para India.
Es de esperar que India reestudie sus opciones en forma razonable y explore el camino de la negociación y la cooperación. (FIN/IPS/tra-en/pb/rdr/js/mlm/ip/01
