La Comisión de la Verdad, creada este año en Perú para investigar la violencia política que costó casi 29.000 muertos y desaparecidos en los últimos 20 años, avanza con mucha lentitud, según organizaciones humanitarias.
La comisión tiene el cometido de investigar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con dos grupos insurgentes rivales entre sí, el maoísta partido Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
La Comisión de la Verdad fue conformada el 2 de junio por el gobierno de Valentín Paniagua, que se encargó de la transición entre la destitución por el Congreso en noviembre de 2000 del presidente Alberto Fujimori, refugiado hoy en Japón, y la asunción el 28 de julio de Alejandro Toledo.
El presidente de la Comisión, el ex rector de la Universidad Católica de Lima Salomón Lerner, precisó que la función del grupo no es imponer sanciones, sino que «actúa con el propósito de purificar la conciencia nacional para que lo oculto salga a la luz».
Entre los miembros de la Comisión, integrada por dos sacerdotes católicos, un pastor evangelista y seis representantes de la sociedad civil, figuran el general retirado de la Fuerza Aérea Luis Arias Graziani y el ex rector de la Universidad de Huamanga Alberto Morote, hermano de un dirigente de Sendero Luminoso, actualmente preso.
Arias Graziani y Morote son considerados por algunos sectores virtuales representantes de los grupos armados contendientes.
La primera decisión adoptada por la Comisión fue delimitar la etapa histórica a investigar. Algunos partidos políticos querían que sólo comprendiera el periodo presidencial de Fujimori, que fue de 1990 a 2000, «porque los gobiernos de Fernando Belaunde (1980- 1985) y de Alan García (1985-1990) por ser democráticos».
Pero esa posición fue desechada, pues se determinó que 47 por ciento de las 6.200 desapariciones ocurrieron durante el mandato de Belaunde, 27 por ciento en el quinquenio de García y 26 por ciento en el decenio de Fujimori.
Además, el grupo decidió extender sus investigaciones hasta noviembre de 2000, cuando fuera destituido Fujimori, pese a que los dos grupos insurgentes fueron declarados derrotados por el gobierno en 1998.
Los trabajos concretos de la Comisión de la Verdad comenzarán sólo en la primera semana de enero, aunque ya se han llevado a cabo algunos contactos preliminares con familiares de desaparecidos y sobrevivientes de masacres.
La Comisión realizará el 5 y 6 de enero en Lima una reunión con los coordinadores de oficinas descentralizadas, para poner en marcha la labor indagatoria, informó a IPS uno de sus miembros, Carlos Tapia, ex dirigente del Frente Izquierda Unida y director de un grupo de apoyo al retorno de desplazados por la guerra.
Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal, se quejó de la inoperancia del grupo, «a un año de transición democrática y cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nula la ley de amnistía impulsada por Fujimori a favor de los militares condenados por delitos contra la humanidad.
«La amenaza más grande contra los derechos humanos es la indiferencia y olvidar que vivimos en una sociedad en donde todos somos responsables», apuntó.
Por su parte, el sacerdote católico Hubert Lanssiers, presidente de la Comisión de Indultos, indicó que, «si ponemos en práctica el sentido de la solidaridad, entonces creceremos».
«Se han logrado avances, pero las entidades encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos, llámese Poder Judicial y policía, no están cumpliendo su labor», señaló, a su vez, la activista humanitaria y ex ministra de la Mujer, Susana Villarán.
«Más grave me parece la ausencia de una cultura de protección de los derechos y de responsabilidad. La educación será fundamental para alcanzar los cambios culturales deseados», agregó.
Ana María Yánez, del movimiento feminista Manuela Ramos, dijo que «los años de dictadura nos recuerdan que el Estado, en lugar de ser protector de los derechos civiles, puede ser el más grande corruptor y pisotear los derechos humanos. Ahora se espera que el Estado asuma su papel de defensor de los derechos sociales».
La Comisión trabaja en cuatro grupos. El primero se ocupa de analizar las causas histórico estructurales, como la pobreza, inequidad, políticas, ideológicas y educativas, de estudiar la voluntad política del gobierno, de los partidos políticos y de los grupos irregulares en aquella coyuntura.
El segundo grupo de trabajo debe reconstruir las circunstancias en que se perpetraron los crímenes y las violaciones de los derechos humanos, incluyendo la reconstrucción de historias, registro de testimonios y estudios en profundidad.
El tercero tiene la tarea de generar reflexiones sobre los daños causados a la sociedad y proponer un conjunto de recomendaciones para caminar hacia la reparación y reconciliación.
El último grupo diseñará y conducirá programas de participación ciudadana y de educación, dirigidos a propiciar una movilización nacional hacia la paz y la reconciliación entre los peruanos.
Cada grupo será supervisado por un miembro de la Comisión y contará con el apoyo de equipos técnicos de investigación, conformado por profesionales en diversas disciplinas, en especial antropólogos, historiadores, psicólogos, trabajadores sociales y periodistas.
Javier Ciurlizza, secretario ejecutivo de la Comisión, indicó que se han constituido cuatro sedes regionales y 14 oficinas en todo el país, con unas 150 personas involucradas y un presupuesto para el próximo año de seis millones de dólares, monto que se espera aumentar con los aportes de la cooperación internacional.
La primera comisión de la verdad creada en el mundo fue en Uganda, destinada a investigar los cientos de desaparecidos entre 1971 y 1974, y años después le siguió Sudáfrica, para esclarecer los crímenes cometidos para mantener el apartheid, el régimen de segregación racial institucionalizada que rigió hasta 1994.
En América Latina funcionaron grupos institucionales con este cometido en Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala, mientras que en Uruguay aún está en actividad.
El gobierno de Paraguay tomó la decisión de integrar una comisión de la verdad, pero aún no la ha conformado, mientras que en Brasil y Bolivia funcionaron sin mandato legal, impulsadas por organizaciones humanitarias. (FIN/IPS/al/dm/hd/01
