El año 2001 fue de retroceso en América Central en materia de derechos políticos y civiles, aseguraron organizaciones no gubernamentales.
Tres desapariciones forzadas, una cadena de amenazas de muerte, torturas y ejecuciones extrajudiciales de niños de la calle, desequilibran el balance del año en América Central, señalaron los activistas a IPS.
«Este año en el istmo hubo hechos que no se veían desde los tiempos de la guerra», advirtió Celia Medrano, coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca).
Codehuca, integrada por 12 organizaciones de los siete países del área, identificó a Guatemala como el país con mayores problemas en materia de derechos civiles y políticos. Es decir, derechos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Ya es hora de que el mundo sepa que el proceso de pacificación de América Central no está bien encaminado, dijo Medrano, de nacionalidad salvadoreña. «Vivimos una etapa regresiva que será muy peligrosa si no es atendida a tiempo», aadvirtió.
Nicaragua y Honduras fueron caracerizados por Codehuca como los países de mayor violación de los derechos económicos, sociales y culturales, principalmente por su alto grado de pobreza y exclusión.
En los otros países, Codehuca señala problemas específicos en materia de legislación, represión policial y administración de justicia.
Por ejemplo, Medrano indicó que la legislación de Belice discrimina a los inmigrantes y se permite a los profesores el castigo físico en el sistema educativo.
En Costa Rica y Panamá, las fuerzas de seguridad reprimieron este año manifestaciones públicas de descontento social.
En El Salvador, las autoridades judiciales cerraron sin resolver el caso de seis jesuitas y dos empleadas domésticas asesinados en 1989, cuando aún se libraba la guerra civil.
Codehuca exhortó a los gobernantes de la región y a la comunidad internacional a detener el proceso de deterioro de los derechos civiles que cree haber identificado.
«Coincido con la afirmación de que este año, Guatemala fue el país centroamericano en que más fueron violados los derechos políticos y civiles», dijo a IPS el activista guatemalteco Mario Polanco.
Polanco, director del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), uno de los principales centros de derechos humanos de Guatemala, afirmó que su preocupación se basa en información estadística.
«Durante el año 2001 se incrementaron al menos 20 por ciento las violaciones a los derechos humanos» en Guatemala, aseguró. El GAM lleva un registro anual de violaciones a los derechos humanos y actualmente prepara un recuento total.
En 2000, el GAM documentó 1.800 violaciones a los derechos humanos, y esa cantidad fue superada en los primeros 10 meses de este año, según la información preliminar del grupo.
Entre las principales denuncias figura la desaparición forzada de tres personas, una de ellas identificada como Carlos Marroquín, de 36 años, que habría sido víctima de prácticas de «limpieza» social.
También se han denunciado en Guatemala ejecuciones extrajudiciales, amenazas de muerte, allanamientos ilegales y la militarización del presupuesto nacional.
Uno de los hechos que marcaron a Guatemala este año 2001 fue el juicio contra tres militares de alto rango y un sacerdote acusados del asesinato en 1998 del obispo defensor de los derechos humanos Juan José Gerardi.
Los tres militares fueron condenados el 8 de junio a 30 años de prisión, mientras que el religioso tendrá que pasar 20 años en la cárcel por complicidad.
Los activistas consideran que ese juicio significó un progreso en materia de administración de justicia, pero también arguyen que fue un caso excepcional, determinado por la presión y la expectativa internacional que lo rodeó.
En agosto, un escándalo que aún no ha sido resuelto envolvió al vicepresidente guatemalteco Juan Francisco Reyes, que fue acusado por dos parlamentarias de imprimir con recursos del Estado panfletos difamatorios anónimos contra un empresario.
Una de las denunciantes y la principal testigo de cargo presentaron como pruebas las placas de impresión que presuntamente fueron usadas en una imprenta del gobierno para preparar los panfletos. Las dos mujeres debieron abandonar el país, tras recibir amenazas de muerte.
Este fue también el año de la «africanización» de Guatemala, agregó Polanco. Se trata del hambre manifestada en agosto a causa de una sequía y que se cobró decenas de víctimas, especialmente niñas y niños, que murieron de inanición.
El Foro de Guatemala, una red no gubernamental, cree que el hambre presente en el oriente del país podría extenderse el próximo año a otras zonas y amenazar a 185.000 personas.
Guatemala también figuró en la cabecera de las noticias internacionales el 13 de junio, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico -el primero en sus 20 años de existencia- en el que estaban implicados niños.
La Corte Interamericana, radicada en San José, encontró culpable al Estado guatemalteco de la ejecución extrajudicial de cinco menores y lo condenó a pagar medio millón de dólares a los familiares de las víctimas.
Pero fue Honduras el país centroamericano de peor registro en 2001 en materia de tratamiento a la infancia, debido a la tortura y asesinato de niños de la calle, señaló Ana Salvador, portavoz de la no gubernamental Casa Alianza.
Salvador, cuya organización trabaja para mejorar la situación de niñas y niños pobres de América Central, aseguró que en Honduras hubo este año un promedio de 50 ejecuciones extrajudiciales por mes.
Casa Alianza ha documentado el asesinato de 1.000 hondureños menores de 18 años desde 1998 a diciembre de este año.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahinir, estuvo este año dos semanas en Honduras para levantar un informe sobre los niños de la calle.
Se espera que Jahinir divulgue su informe en el primer trimestre de 2002. (FIN/IPS/nms/ff/hd/01
