La Autoridad Nacional Palestina (ANP) de Yasser Arafat comete graves violaciones a los derechos humanos y socava en forma sistemática la independencia de la justicia, advirtió la organización Human Rights Watch (HRW).
Los detenidos, en especial los sospechosos de colaborar con el gobierno de Israel, son torturados para extraerles confesiones sobre las cuales se las condena, aseguró HRW, radicada en Estados Unidos.
Los jefes de al menos 10 cuerpos palestinos de seguridad, que actúan en los territorios autónomos ignoran las órdenes judiciales de liberación de personas detenidas arbitrariamente.
La ANP mantiene encarceladas a unas 450 personas sin acusación ni proceso judicial, la mayoría sospechosas de acuar como informantes de las autoridades de Israel o de haber vendido tierras palestinas a ciudadanos israelíes, según HRW.
Las detenciones se realizan por lo común sin orden judicial y los detenidos pueden pasar meses en la cárcel sin acusación formal. En algunos casos no se les permite la presencia de un abogado durante los interrogatorios.
Plantones, larga permanencia en posiciones dolorosas, (una práctica a la que también recurren las fuerzas israelíes y que fue denunciada por Amnistía Internacional), golpes en las plantas de los pies, puntapiés y suspensión de la víctima por sus muñecas son las formas habituales de tortura.
Se conoce la muerte de cinco palestinos bajo custodia de la policía de la ANP en los pasados 14 meses.
En 1995, Arafat creó el Tribunal de Seguridad del Estado, que desplazó a los tribunales civiles ordinarios y es convocado por decisión del presidente para entender en cada caso.
Este cuerpo llevó a cabo 16 procesos desde el inicio del levantamiento palestino, en septiembre de 2000, y pronunció 15 fallos condenatorios, 11 de los cuales fueron penas de muerte. Dos de esas condenas ya fueron ejecutadas.
Esos juicios duran sólo unas horas, y quienes ejercen la defensa son integrantes de las fuerzas de seguridad en lugar de abogados independientes. Las condenas se fundan exclusiva o principalmente en las confesiones obtenidas durante la detención, aseguró Human Rights Watch.
La organización afirmó que tales procesos son «intrínsecamente injustos», e instó a Arafat a eliminar ese tribunal excepcional y ratificar leyes que aseguren la independencia y la autoridad del sistema judicial ordinario.
A fines del mes pasado, las autoridades palestinas cumplieron órdenes de detención libradas seis meses atrás contra siete supuestos miembros de las organizaciones extremistas Hamas y Jihad (guerra santa) Islámica, en respuesta a la presión de Israel y de Estados Unidos.
Pero las detenciones administrativas sólo agravarán la debilidad del sistema judicial y el derecho al debido proceso de los palestinos, advirtió HRW.
«La Autoridad Nacional Palestina pretende ser tratada igual que otros gobiernos. El presidente Arafat debe asegurar que la ANP tiene un sistema judicial que actúa para proteger los derechos humanos de todos los palestinos», afirmó Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.
El documento de la organización defensora de derechos humanos se publica en una particular coyuntura del levantamiento contra la ocupación israelí, que ya lleva 14 meses, y en el cual han muerto más de 700 palestinos.
El gobierno estadounidense, que procura reducir la violencia en Medio Oriente mientras lleva adelante su «guerra contra el terrorismo» en Afganistán, destinó dos representantes a la región con la misión de lograr un cese del fuego efectivo que permita reanudar las conversaciones de paz.
Pero desde la llegada de los enviados estadounidenses, los actos de violencia continuaron, con muertes en los dos bandos.
Israel sostiene que las autoridades palestinas deberían detener y juzgar a los palestinos que atentan contra los israelíes. La omisión palestina pone de manifiesto el desinterés del gobierno de Arafat en alcanzar la paz, concluye el primer ministro israelí Ariel Sharon.
Arafat, por su parte, insiste en que los estrechos controles, el uso de fuerza letal contra civiles y la política de asesinatos selectivos practicada por Israel son las causas de la violencia y le impiden imponer la ley y el orden en los territorios ocupados.
El informe titulado «Justicia socavada: equilibrio entre seguridad y derechos humanos en el sistema judicial palestino» suministra argumentos a ambas partes.
HRW aseguró que tras el inicio del levantamiento, la Autoridad Nacional Palestina puso en libertad a la mayoría de los militantes de los grupos Hamas y Jihad Islámica que mantenía detenidos.
Algunos de ellos fueron arrestados varias veces este año, pero en cada ocasión se los puso en libertad rápidamente. Las autoridades palestinas practican una política de «puerta giratoria» con los sospechosos de terrorismo, se afirmó en el informe.
«Si la Autoridad Nacional Palestina tiene evidencias de que personas detenidas ahora o en el pasado cometieron delitos violentos contra israelíes u otros civiles, debería llevarlas ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales sobre un juicio justo», señaló HRW.
Por otra parte, la respuesta de Israel al levantamiento, traducida en el bloqueo de ciudades, toque de queda y acoso a abogados palestinos que defienden los derechos humanos, ha perturbado el funcionamiento del ya débil sistema judicial palestino.
Más aún, los ataques israelíes contra instalaciones policiales o centros de detención palestinos comprometen la capacidad de la ANP para mantener el orden, subrayó Human Rights Watch.
Finalmente, la política israelí de «liquidar» a supuestos terroristas palestinos alimenta la convicción la población palestina de que las fuerzas de seguridad de Israel cuentan con informantes en los territorios ocupados.
«Ese sentimiento de 'enemigo interior' divide a comunidades y familias y propaga el miedo y las sospechas», apunta el informe. Unos 30 supuestos colaboradores palestinos fueron asesinados durante el último año.
Si bien Arafat condenó esos actos, las investigaciones fueron superficiales y no se halló a ningún responsable, concluyó HRW. (FIN/IPS/tra-eng/jl/aa/dc/hd ip/01
