Dos campesinos ambientalistas mexicanos declarados presos de conciencia por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional fueron indultados este jueves por el presidente Vicente Fox.
Al decretar la liberación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Fox dijo que actuaba en función de los compromisos en materia de derechos humanos y justicia que contrajo al asumir la Presidencia en diciembre.
Los campesinos, fundadores de una organización ambientalistas en zonas montañosas del meridional estado de Guerrero, fueron detenidos en mayo de 1999 por soldados y, según sus abogados, torturados e inculpados falsamente.
En la cárcel, los detenidos recibieron numerosos galardones, entre ellos el premio Goldman, considerado un Nobel de los ambientalistas.
Semianalfabetos y pobres, Montiel y Cabrera, enfrentados con empresarios madereros por su oposición a la tala de bosques, fueron sentenciados a seis y 10 años de prisión, respectivamente, por siembra de marihuana y posesión de armas.
Activistas de derechos humanos vincularon la liberación de los campesinos con la conmoción internacional causada por el asesinato de la abogada Digna Ochoa, que fue muerta el 19 de octubre en sus oficinas de la capital.
Ochoa defendió en las primeras etapas del proceso a los campesinos inculpados y había recibido numerosas amenazas.
La organización de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en que trabajó Ochoa, atribuyó el asesinato de la abogada a militares y grupos vinculados a la tala de bosques en el estado de Guerrero.
Ninguna de las apelaciones interpuestas por los abogados de Miguel Agustín Pro Juárez para la revisión del caso contra Cabrera y Montiel fue apoyada por los jueces.
El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), último presidente perteneciente al Partido Revolucionario Institucional en 71 años, sostuvo que militares y jueces actuaron de acuerdo con la ley en el caso.
«Tomando en cuenta las peticiones de diversas organizaciones sociales, (…) la opinión emitida por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, así como las condiciones de salud de los sentenciados, giré instrucciones para su liberación», declaró Fox.
«Con estas acciones mostramos, en los hechos, el compromiso de mi gobierno con la promoción y la observancia de los derechos humanos en nuestro país», añadió.
Tras el asesinato de la abogaba Ochoa, el gobierno de Fox recibió múltiples muestras internacionales de condena, entre ellas declaraciones del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Además, con el revuelo internacional causado por el asesinato de Ochoa cobró nueva vida el caso de los ambientalistas presos.
La organización Agustín Pro Juárez anunció en julio que presentaría el caso de Montiel y Cabrera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, según afirmó, el gobierno de Fox no habría hecho lo suficiente para subsanar la injusticia a la que se sometió a los campesinos.
Luego de la muerte de Ochoa, el gobierno llamó a representantes de la organización, dirigido por la orden católica de la Compañía de Jesús, para establecer una mesa de trabajo conjunta sobre derechos humanos.
En el diálogo se habría acordado la liberación, vía indulto presidencial, de los campesinos ecologistas.
Además, el gobierno dispuso protección policial para cinco activistas de derechos humanos, quienes, al igual que Ochoa, recibieron amenazas de muerte.
Según trascendió, una de las primeras acciones que realizaron Montiel y Cabrera tras dejar la cárcel fue viajar del estado de Guerrero a la capital para declarar ante la Procuraduría de la ciudad por el caso de la abogada Ochoa. (FIN/IPS/dc/mj/hd/01
