Representantes de unas 80 etnias de Colombia pidieron a guerrilleros y a paramilitares el cese de los ataques contra los indígenas, que desde enero tuvieron cerca de 300 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
El pedido fue formulado por el Congreso Nacional Indígena, que concluirá este viernes en la localidad de Cota, a 30 kilómetros de Bogotá, y al que asisten 2.500 delegados de todo el país, muchos de los cuales apelan a la resistencia pacífica contra la violencia.
El inicio de la reunión convocada para analizar la guerra civil, la búsqueda de soluciones y la participación de las comunidades indígenas en el proceso de paz, coincidió el lunes con la noticia del asesinato de cinco miembros de la etnia emberá chamí, del central departamento de Caldas.
Los indígenas responsabilizaron de la masacre, perpetrada el domingo, a paramilitares de derecha. Una semana antes, en Corinto, en el meridional departamento de Cauca, un grupo armado cuya filiación se desconoce dio muerte a otros seis nativos y a seis campesinos.
También en el departamento de Cauca, en una zona rural del municipio de Silvia, fueron encontrados en una fosa común los cadáveres de otros cuatro indígenas que habían sido secuestrados en junio por un frente de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los asesinatos son parte de una campaña de exterminio a que son sometidas las comunidades por las organizaciones armadas, dijo a IPS Armando Valbuena, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Indígenas y campesinos son las principales víctimas de la guerra civil a pesar de que su «filosofía de vida es la convivencia pacífica» y a que han pedido a los grupos armados que se les respete por su carácter de comunidades neutrales y amantes de la paz, sostuvo Valbuena.
El presidente de la ONIC dijo que los nativos defenderán a toda costa su neutralidad, una posición que se vincula con la lucha por la dignidad. «Cuando al pueblo indígena se le invade su territorio se le ataca en su dignidad» y se pone en peligro su existencia, dijo.
El Congreso Indígena exhortará a los grupos armados y a los colombianos en general a que consideren la posibilidad de «construír un país distinto, en un Estado participativo que dé cabida a la diversidad y la pluriculturidad», agregó el dirigente.
Así mismo, el gobernador del departamento de Cauca, Floro Tunubalá, de la comunidad paez, criticó a los grupos armados «que tienen 'valentía' para matar pero no para responsabilizarse por sus crímenes».
Tunubalá, el primer indígena elegido gobernador de un departamento y que también ha sido declarado objetivo militar por pamilitares de derecha, afirmó que ya es tiempo de que su comunidad comience a «defender políticamente» su territorio.
Setenta por ciento de la población de Cauca es indígena.
Los habitantes de la localidad caucana de Caldono, que sufre constantes incursiones de grupos armados, hicieron frente a un ataque de las FARC con música y con sus voces el 12 de este mes.
Con un megáfono desde la iglesia, la guardia cívica organizada para impedir que los bandos en conflicto actúen en su territorio arengó a la población a detener el ataque guerrillero con la consigna de «no queremos más guerra». Así, hicieron retroceder a los armados.
Este episodio tiene precedentes en territorio paez. En junio, en el marco del sepelio del líder indígena Cristóbal Sucué, muerto a manos de las FARC, una asamblea en que cerca de 30.000 indígenas aprobó la creación de la guardia cívica.
Los integrantes de la guardia cívica, armados de bastones cortos de madera decorados con cintas de colores, constituyen grupos de control y vigilancia que ejercen la resistencia civil no violenta.
La resistencia en el departamento de Cauca responde a la amenaza de aniquilamiento y al riesgo de pérdida de las tierras por las que los nativos luchan hace más de 500 años, cuando comenzó la «invasión de los españoles», dijo la indígena Avelina Poncho.
Con esta forma de resistencia se procura, además, «sensibilizar al Estado y exigir acciones concretas que frenen la acción violenta de los grupos armados», dijo a IPS Gilberto Yafué, del Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC).
El CRIC, el Comité de Autoridades Indígenas de Colombia y otras organizaciones de derechos humanos, afirmaron en junio que al menos 7.000 indígenas han sido expulsados desde enero de sus tierras por organizaciones guerrilleras.
Para Lucía Jaramillo, experta en resolución de conflictos, lo ocurrido en el Cauca demuestra la saturación de las comunidades ante la violencia.
Pero Jaramillo afirmó que estas manifestaciones llevan implícito el riesgo de que se sacrifiquen muchas vidas si guerrilleros o paramilitares responden con mayor violencia.
Para afianzar su propuesta de resistencia, los indígenas del Cauca convocan una movilización nacional el 20 de diciembre, para la que pidieron apoyo a la comunidad internacional. (FIN/IPS/yf/mj/ip pr/01
