Las relaciones del presidente Vicente Fox y las Fuerzas Armadas de México están a prueba por el caso de un general condenado por la justicia militar al que grupos humanitarios consideran preso de conciencia, y por el asesinato de una activista que enfrentó a soldados acusados de torturas.
El gobierno de Fox desatendió el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de poner en libertad antes de este fin de semana al general Francisco Gallardo, preso desde hace ocho años, por lo que ahora deberá responder por el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El destino de Gallardo, un militar que luego de pedir la creación de un defensor de derechos humanos en las Fuerzas Armadas fue acusado de enriquecimiento ilícito y quema de archivos, señalará hasta dónde está dispuesto Fox a llegar en su relación con las Fuerzas Armadas, dijo a IPS Guillermo Mora, de la Universidad de La Salle.
Christian Rojas, portavoz en México de Amnistía Internacional, indicó el lunes pasado que su organización insistirá ante instancias internacionales por la liberación incondicional de Gallardo, a que considera «preso político», y en busca de castigo para quienes lo habrían acusado injustamente.
Los militares mexicanos estuvieron durante 70 años bajo la égida de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero desde diciembre tienen un comandante supremo surgido de otro partido: Fox.
Desde que era candidato, Fox prometió acabar y aclarar los atropellos que habrían acompañado ciertas actuaciones de las fuerzas policiales y militares en la era PRI, entre ellas la lucha contra grupos opositores y organizaciones rebeldes.
Grupos humanitarios tienen documentadas la desaparición en los años 70 y 80 de más de 400 opositores y múltiples abusos por parte de policías y militares.
Unos de los casos más sonados fue la muerte, a manos de militares, de cientos de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco en la capital en 1968. Los jóvenes pedían apertura democrática al gobierno encabezado entonces por Gustavo Díaz Ordaz.
Los culpables de esa matanza permanecen en la impunidad, pues nunca fueron identificados con precisión.
Para Mora, es el momento de ver si Fox se atreve a tocar a las Fuerzas Armadas mexicanas, que a diferencia de otras de América Latina nunca se levantaron contra el orden constitucional, y someterlas al escrutinio de grupos humanitarios.
En su opinión, también pone a prueba la relación de Fox con los militares el caso de la abogada Digna Ochoa, asesinada en octubre luego de recibir una serie de amenazas.
Ochoa defendió a acusados de subversión en procesos judiciales en que algunos soldados fueron señalados como culpables de torturas y de sembrar (falsificar) pruebas.
La justicia militar prometió investigar las imputaciones contra los soldados, pero según grupos humanitarios, los casos están archivados.
Entre 1993 y 1999, la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo llegar ocho recomendaciones a la Secretaría (ministerio) de Defensa, en las que concluyó que varios militares eran responsables de torturas. Ninguno de los soldados señalados fue arrestado o juzgado por los hechos.
Los casos Gallardo y Ochoa son herencia de gobiernos pasados, pero su impacto en las relaciones con la cúpula castrense pone a Fox ante un dilema, ya que ha prometido asegurar el imperio de la ley, observó Roberto Zamarripa, del diario Reforma.
La justicia militar condenó a 28 años de prisión a Gallardo durante la gestión de Ernesto Zedillo (1994-2000), del Partido Revolucionario Institucional, la organización política que controló el poder durante 71 años consecutivos.
Fox, del conservador Partido Acción Nacional, anunció al asumir la presidencia en diciembre la revisión de la causa, pero a último momento indicó que Gallardo debe acudir a la justicia civil para buscar su libertad.
El actual presidente prometió en la campaña electoral desterrar la corrupción y asegurar la independencia de los poderes del Estado.
En 1996, la CIDH recomendó al gobierno de México liberar a Gallardo por considerar que es inocente y víctima de «hostigamientos» injustos por parte del Estado y de la justicia militar.
Luego, ante la demora del cumplimiento de su recomendación, fijó un plazo, que venció el último fin de semana. Como el militar no fue liberado, la CIDH, radicada en Washington, pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica.
«El presidente Fox no se ha decidido a resolver mi caso por temor a confrontarse con el Ejército y a castigar a los jefes militares que me acusaron injustamente», declaró Gallardo desde la prisión.
Durante la gestión de Zedillo, el procurador militar era el general Rafael Macedo de la Concha, que ahora se desempeña como procurador general.
Macedo de la Concha llevó adelante parte del proceso judicial contra Gallardo y conoció también las causas que defendió la abogada Ochoa. Entre las últimas se cuenta la de los campesinos ecologistas Roberto Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y presuntamente torturados por militares.
Montiel y Cabrera, cuya libertad era exigida por organizaciones humanitarias internacionales y que pasaron dos años en prisión, fueron indultados hace dos semanas por Fox, que arguyó razones humanitarias.
Pero el presidente no se pronunció sobre el pedido para investigar y si es necesario sancionar a los militares que torturaron a los dos campesinos y a los jueces civiles que los condenaron a más de seis años de prisión por siembra de marihuana y porte ilegal de armas.
Montiel y Cabrera atribuyeron su encarcelamiento a su oposición a la tala de bosques en su natal estado de Guerrero, en el sur. Sus abogados iniciaron trámites, antes de que los campesinos recobrasen la libertad, para presentar el caso ante la CIDH. (FIN/IPS/dc/ff/hd ip/01
