El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó en libertad al ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999), investigado por tráfico de armas, puede llevar a fiscales y jueces a inhibirse en el futuro ante acusaciones de corrupción a dirigentes políticos.
Menem, que cumplió cinco meses de detención domiciliaria, disfrutó este miércoles de su primera salida tras ser notificado el martes de su libertad, mientras amplios sectores de la sociedad expresaban decepción y críticas ante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
El ex presidente era investigado por su supuesta participación en el contrabando de armas a Croacia, entonces sometido a un embargo internacional de material bélico, y a Ecuador, que mantenía un conflicto limítrofe con Perú. Argentina era garante del tratado de paz entre esos dos países.
Abogados, jueces y fiscales pronosticaron que el fallo operará como advertencia para quienes investiguen en adelante la corrupción administrativa, tanto fiscales y jueces como periodistas, que fueron criticados de manera velada en la sentencia.
La Corte Suprema de Justicia consideró el martes que no había pruebas suficientes para demostrar que existió una asociación ilícita para realizar contrabando de armas, lo cual permitió la libertad de Menem y de su ex asesor Emir Yoma, procesados como jefe y organizador de una organización de ese tipo.
Menem seguirá bajo investigación por contrabando de armas y enriquecimiento ilícito, pero la suposición de delitos no exige la prisión preventiva. De todos modos, en la justicia federal muchos se preguntan quién se atreverá a avanzar ahora en las causas pendientes contra el ex presidente.
Por seis votos a favor, dos en contra y una abstención, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia rechazaron el uso de la figura de asociación ilícita, utilizada por instancias judiciales inferiores «para satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción».
La resolución debía responder exclusivamente a un recurso de queja presentado por Yoma. Sin embargo, el pronunciamiento del tribunal superior sobre la figura de la asociación ilícita obligó a la Cámara Federal —segunda instancia de apelación— y al juez de primera instancia a dar marcha atrás.
El juez federal Jorge Urso, que había ordenado la detención de Menem en junio, le comunicó este martes su inmediata libertad y hasta ensayó una disculpa que pareció responder a las amenazas de represalias que agitaron defensores del ex presidente. «Sepa que nunca quise hacerle daño», le dijo el juez.
Uno de los abogados de Menem, Oscar Salvi, ya había dicho la semana pasada que el juez Urso y el fiscal del caso, Carlos Stornelli, «tendrían que pagar» por poner preso a su cliente, y también había anticipado querellas contra una legisladora que intentó recusar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
La diputada Elisa Carrió había pedido al Ministerio de Justicia la recusación de dos de los nueve miembros del tribunal por su manifiesta amistad con el ex presidente.
Uno de ellos, Julio Nazareno, compartió su estudio de abogado con Menem en los años 70 y otro, Adolfo Vázquez, reconoció su amistad personal con el ex mandatario.
Pero el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, hermano del presidente Fernando de la Rúa, sostuvo que «no estaban satisfechas las condiciones legales para avalar un pedido semejante».
Más tarde, el presidente De la Rúa dijo que el fallo era independiente de la voluntad del Gobierno. «Nosotros no tenemos nada que ver», aclaró.
El mandatario intentó así aventar sospechas de que la liberación de su antecesor había sido alentada por el gobierno para causar conflictos entre Menem y otros dirigentes del Partido Justicialista (peronismo, en la oposición) que competirían por el liderazgo.
Esta interpretación fue mencionada por el abogado Ricardo Moner Sanz, que en 1995 denunció ante la justicia el contrabando de armas.
Moner Sanz dijo que el fallo «es un entierro» de su denuncia y que causó «indignación» en el ámbito judicial por el tono de advertencia que utilizó la Corte Suprema de Justicia, cuhos nueve integrantes fueron designados durante el gobierno de Menem.
El fallo considera «necesario llamar a la reflexión a jueces y fiscales (…) intervinientes en causas de significativa repercusión y frente a una opinión pública —sea formada espontáneamente u orientada por los medios— particularmente sensible ante hechos reales o supuestos de corrupción».
Estos jueces y fiscales deberán «extremar la atención en el encuadre legal de los hechos imputados a funcionarios o ex funcionarios», advierte la sentencia.
Este fue uno de los párrafos más cuestionados por magistrados y periodistas. «Se intenta acusar ahora a quienes llevan el mensaje», señaló Daniel Santoro, del diario Clarín, galardonado en 1995 con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por su investigación sobre la venta ilegal de armas.
Así mismo, expertos alertaron sobre la desilusión generalizada que produce el fallo en la población. «La pequeña luz de esperanza de la sociedad argentina en la independencia de la justicia se desvaneció con este fallo de la Corte que siempre fue funcional al interés de turno», opinó Monner Sanz.
Una encuesta realizada por la firma Analogías, difundida el fin de semana, señaló que 63 por ciento de los consultados estaba en desacuerdo con que la Corte Suprema de Justicia liberara a Menem, 21 por ciento no tenía opinión formada y apenas 16 por ciento estaba a favor.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Andrés D'Alessio, sostuvo que el dictamen es «muy desgraciado». «Lo primero que impacta es la sensación de impunidad que hace rato tiene el pueblo argentino y que este fallo contribuye a consolidar», remarcó.
El uso de la figura de asociación ilícita podía ser discutido técnicamente, pero la justicia federal había apelado a ella porque es una de las pocas herramientas que tiene para hacer cumplir al menos una prisión preventiva cuando hay una fuerte suposición de culpabilidad, explicó D'Alessio.
De todos modos, consideró «desdichado» que la Corte Suprema de Justicia exprese una especie de «reto» a la Cámara Federal cuya seriedad y buenas intenciones no debieron ponerse en duda en el fallo.
En ese sentido, la sentencia afirma que las instancias judiciales inferiores incurrieron en «caminos aparentemente revestidos de legalidad pero en definitiva ilegales» a las que comparó veladamente con «las represiones ilegales del pasado», cometidas por la última dictadura militar (1976-1983).
La sentencia del tribunal fue recibida con algarabía en la residencia en que Menem cumplía detención preventiva desde el 7 de junio. La prisión domiciliaria es un beneficio que tienen en este país los presos mayores de 70 años.
Menem fue a visitar la tumba de su hijo y luego viajó a su provincia, La Rioja, donde sus simpatizantes le prepararon un acto de recibimiento.
Casado en mayo con la conductora de televisión chilena Cecilia Bolocco, el ex presidente prometió que viajará con ella al exterior. Luego se dedicará a recorrer el país.
Pero analistas y encuestadores aseguran que aunque Menem mantenga su gravitación en el Partido Justicialista, nunca podrá recuperar su imagen como para competir por la presidencia en 2003, una tarea en la que él asegura estar empeñado. (FIN/IPS/mv/mj/ip/01
