Casi un millón de trabajadores emigrantes podrán votar en las elecciones de Sri Lanka en virtud de la decisión de la estatal Comisión de Derechos Humanos de que el sufragio es un derecho de todos los ciudadanos, sin importar dónde se encuentren.
Tras escuchar los argumentos del no gubernamental Centro de Servicios para los Migrantes, la Comisión decidió el día 18 recomendar al gobierno y al comisionado electoral que permita votar en elecciones nacionales a los srilankeses que trabajan en el exterior.
Sin embargo, es improbable que eso ocurra antes de los comicios del próximo 5 de diciembre.
Faiz Musthapa, presidente de la Comisión, anunció que su organismo también recomendará una reforma de la ley electoral y sugerirá formas para que los trabajadores residentes en el extranjero ejerzan su derecho al voto.
«Estamos en ese proceso. Esto se aplicaría sólo a los trabajadores emigrantes, no a todos los residentes en el extranjero», aclaró.
Mientras, la Red de Acción de Trabajadores Migrantes (Actform), una coalición de 25 grupos, también pidió el día 24 al comisionado electoral que considere esos derechos.
«Le exhortamos a corregir esta anomalía como asunto de prioridad una vez que se realicen las elecciones parlamentarias», urgió la Red al comisionado Dayananda Dissanayake.
El Centro de Servicios para los Migrantes, afiliado al Congreso Nacional de Trabajadores, lucha por los derechos de los trabajadores migrantes al sufragio desde hace dos años.
El Centro presentó peticiones al comisionado electoral antes de las elecciones presidenciales y generales de 1999 y 2000 respectivamente, y también antes del referendo previsto para el pasado agosto pero postergado indefinidamente.
«El comisionado electoral no pudo hacer nada, por eso presentamos una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos, porque tiene facultades para intervenir en representación de los trabajadores migrantes y otorgarles el derecho al voto», declaró David Soysa, director ejecutivo del Centro.
Más de 800.000 srilankeses se fueron a trabajar a Medio Oriente y otros países asiáticos en las últimas dos décadas, según cifras oficiales, pero el Centro estima que son cerca de un millón. Más de 70 por ciento de ellos son mujeres.
El gobierno estima que las remesas de los trabajadores emigrantes sumarán este año 1.100 millones de dólares, frente a 874 millones el año pasado. Más de la mitad de las remesas proceden de Medio Oriente.
La decisión de la Comisión de Derechos Humanos llegó demasiado tarde para aplicarse a los comicios de diciembre, pero «al menos si hace la recomendación, podrá aplicarse a las elecciones posteriores», dijo Soysa.
El Centro propuso a la Comisión extender a los trabajadores emigrantes el sistema de voto postal empleado por funcionarios gubernamentales, pero otra posibilidad sería establecer centros de votación en las embajadas.
«Como cualquier otro sector de la población, los trabajadores emigrantes deben poder plantear denuncias de abuso y explotación, y responsabilizar a los legisladores por la violación de sus derechos», dijo Soysa.
«Es obvio que los votos de los trabajadores en el extranjero marcarán una diferencia en el resultado de las elecciones», señaló Viola Perera, coordinadora de Actform.
El sufragio «también permitirá a los trabajadores emigrantes promover políticas relacionadas con su estatuto y hacer oir su voz», destacó.
Canadá, Australia y Gran Bretaña ya aprobaron leyes que permiten a sus ciudadanos residentes en el extranjero participar de las elecciones. Filipinas, con siete millones de trabajadores en el exterior, todavía no terminó de elaborar la ley respectiva. (FIN/IPS/tra-en/fs/js/mlm/hd-pr/01
