El presidente de Perú, Alejandro Toledo, parece dispuesto a aprovechar el desprestigio de los militares para eliminar la injerencia de las Fuerzas Armadas en la actividad política, presente en toda la historia del país.
Los militares presentan una gran vulnerabilidad política luego de los 10 años de gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), un periodo en que algunos de ellos integraron la red de corrupción encabezada por el jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos.
Una comisión nombrada por Toledo planificará una reforma de las Fuerzas Armadas dirigida a profesionalizarlas y modernizarlas y a prohibir la intervención de sus integrantes en la actividad política.
Montesinos y numerosos generales del ejército y de la fuerza aérea sospechosos de haber participado en actos de corrupción están detenidos. Fujimori, también requerido por la justicia, huyó a Japón, donde se vale de su doble nacionalidad para eludir la extradición.
«Esta situación abrió en Perú la primera oportunidad histórica para liquidar el militarismo», comentó la socióloga Imelda Vega, profesora de la Universidad Católica de Lima.
La comisión que estudiará la reforma militar es presidida por el primer ministro Roberto Dañino, y la integran, además, el ministro de Defensa, David Waisman, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Martín Belaunde, el general retirado Francisco Morales Bermúdez y el ex parlamentario Aurelio Loret de Mola.
Morales Bermúdez, el único militar de la comisión, es paradójica, encabezó una dictadura militar entre 1975 y 1980, pero los partidos políticos suelen elogiar su decisión de entregar el poder a un gobierno civil.
Toledo comentó que Morales Bermúdez servirá de puente con los oficiales de las fuerzas Armadas para recoger sus criterios sobre su modernización y profesionalización.
Waisman, primer civil que encabeza el Ministerio de Defensa en la historia peruana, anunció días atrás que en los próximos meses serán pasados a retiro entre 1.500 a 2.000 oficiales del ejército, la marina de guerra y la fuerza aérea.
El ministro indicó que los efectivos serán reubicados en el territorio nacional y se modernizará su equipamiento, a través de la eliminación del parque militar obsoleto «cuyo mantenimiento cuesta mucho y sirve de muy poco en una guerra moderna».
El anuncio de Toledo fue posterior a la difusión de una carta en que los comandantes del ejército, la marina de guerra, la fuerza aérea y la policía se comprometieron a dar un golpe de Estado 10 días antes de las elecciones del 31 de marzo de 2000, con el pretexto del fraude en marcha por la reelección de Fujimori.
Los propios conspirados abortaron el golpe. Fujimori fue reelegido en esa ocasión, y destituido por el Congreso legislativo cuatro meses después.
El ex mandatario aseguró desde Tokio que el objetivo del golpe era frenar las investigaciones sobre actos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidos por Montesinos.
Más de la mitad de los 180 años de vida republicana independiente de Perú, iniciada en 1821 cuando se expulsó al régimen colonial español, transcurrieron bajo gobiernos militares instaurados por la fuerza del poder.
Todos los gobiernos elegidos democráticamente hasta 2000 sufrieron presiones constantes de las Fuerzas Armadas, que incluyeron amenazas de interrumpir la legalidad constitucional.
Fujimori gobernó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia Nacional que conducía Montesinos, y su destitución colocó a los militares en situación de vulnerabilidad política por primera vez en la historia.
El gobierno provisional instaurado por el Congreso legislativo tras la destitución de Fujimori descubrió que Montesinos había comprado la lealtad de los generales a cargo de las regiones militares entregándoles 10 millones de dólares a cada uno.
Ese dinero procedía de comisiones ilegales a la compra de armas y de fondos procedentes del narcotráfico. (FIN/IPS/al/mj/ip/01