Tres guatemaltecos acusados de terrorismo en Cuba podrían ser condenados a penas de entre 20 y 30 años de prisión al cabo del juicio que comenzará este jueves, informaron fuentes judiciales y diplomáticas.
El comerciante Nadel Kalam Musalam Barakat y los esposos Jazid Iván Fernández, ex empleado de una constructora, y María Elena González, ama de casa, fueron detenidos en marzo de 1998 en el aeropuerto internacional José Martí, transportando explosivos, detonadores y material electrónico para fabricar bombas.
El embajador de Guatemala en Cuba, Hugo René Guzmán, dijo a IPS que los acusados de delitos contra la seguridad del Estado cuentan con abogados defensores cubanos.
El gobierno de Guatemala espera un juicio justo y adecuado, dijo el embajador, quien prefirió no hacer conjeturas sobre el final del proceso, que coincide con la crisis internacional provocada por los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Meses después del arresto, el Ministerio del Interior involucró al grupo guatemalteco en la planificación de atentados «dirigidos y financiados desde Miami», bastión de los cubanos anticastristas exiliados, «por la Fundación Nacional Cubano-Americana» (FNCA), la principal de sus organizaciones.
El embajador Guzmán informó además que la fiscalía solicitó penas de 30 años de prisión para Musalam, 25 para Fernández y 20 para González. Sin embargo, fuentes judiciales comentaron que el peso de las acusaciones hubiera podido implicar hasta la pena de muerte.
La ola de atentados en que estaría implicado el grupo costó ya la sentencia máxima a los salvadoreños Raúl René Cruz León y Otto Rodríguez Llerena, procesados entre febrero y marzo de 1999.
Cruz León y Rodríguez Llerena apelaron ante el Tribunal Supremo, cuyo fallo puede ser confirmado o rectificado de forma definitiva por el Consejo de Estado de 31 miembros, órgano encabezado por el presidente Fidel Castro.
Las investigaciones sobre estos casos permitieron, según las autoridades cubanas, probar la responsabilidad de la FNCA en la «escalada terrorista», así como la existencia de una «estructura terrorista en América Central» de carácter anticastrista dirigida por el cubano-estadounidense Luis Posada Carriles.
Posada Carriles está preso en Panamá desde noviembre, acusado de encabezar un complot para asesinar al presidente cubano Fidel Castro en la décima Cumbre Iberoamericana, realizada entonces en ese país.
En 1998, Posada Carriles había reconocido al diario estadounidense The New York Times sus vínculos con la FNCA y su responsabilidad en la organización de atentados en Cuba. El acusado es responsabilizado también del sabotaje en 1976 contra un avión cubano con 73 personas a bordo.
El gobierno cubano solicitó su extradición, que fue negada por el gobierno de Mireya Moscoso pese al compromiso formal de no aplicar en este caso la pena de muerte, que no existe en la legislación panameña.
Las autoridades cubanas alegan que la pena de muerte persiste en la legislación nacional como instrumento disuasivo contra las organizaciones terroristas que actúan contra Cuba.
«Albergo la más profunda convicción de que las relaciones entre los grupos terroristas creados contra Cuba en Estados Unidos en los primeros 15 años de la revolución y las autoridades de ese país nunca se rompieron», comentó Castro este mes.
El capítulo 2 del Código Penal, referido a los delitos contra la seguridad interior del Estado, prevé sanciones que van desde 10 o más años de privación de libertad hasta la pena de muerte.
Mientras, la ley de Procedimiento Penal establece para las sentencias a muerte la apelación de oficio (obligatoria aun sin pedido de la defensa) ante el Tribunal Supremo Popular.
Las audiencias del juicio a los tres guatemaltecos podrían prolongarse hasta este sábado, aunque la sentencia sólo se conocería unos 10 después de finalizadas.
Un convenio bilateral sobre cumplimiento de sentencias en el país de origen, que quizás hubiera beneficiado a los hoy procesados, se encuentra aún en trámite de consultas tanto en Guatemala como en Cuba.
Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en enero de 1998, luego de 36 años de alejamiento.
Nuevas tensiones se sumaron al vínculo por el voto de Guatemala a favor de una condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en abril, considerado una respuesta la tardanza en dar inicio al juicio de los tres guatemaltecos. (FIN/IPS/pg/mj/ip hd/01
