El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, promulgó una radical ley antiterrorista que organizaciones de derechos humanos consideran inconstitucional y contrario a las libertades básicas.
El proyecto fue aprobado el jueves en el Senado por 98 votos contra uno, mientras que la Cámara de Representantes había respaldado la iniciativa el miércoles por 357 votos contra 66.
Bush promulgó la ley el viernes, luego de haber sido presionado por el Congreso en las últimas dos semanas para que tome medidas rápidas para enfrentar amenazas a la seguridad pública como los atentados con ántrax perpetrados contra legisladores y otros funcionarios a través del correo.
Si bien artículos extremadamente severos no fueron aceptados, Bush logró la aprobación de casi todas sus propuestas.
El gobierno presentó el proyecto de ley antiterrorista luego de los devastadores atentados contra las torres gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono (Departamento de Defensa) en Washington, el 11 de septiembre.
La futura ley amplía los poderes del gobierno federal y otorga mayor autoridad a los servicios de seguridad para realizar operaciones de vigilancia, intervenir comunicaciones e investigar en secreto a sospechosos de terrorismo, mientras limita la fiscalización judicial.
La norma incrementa las sanciones para quienes alberguen terroristas o los financien e introduce cambios en el derecho al debido proceso.
Por ejemplo, las autoridades pueden retener a esos inmigrantes sospechosos un máximo de siete días antes de presentarlos ante el juez.
Otra medida controvertida faculta al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a elegir objetivos de vigilancia dentro de Estados Unidos, algo que tenía prohibido hasta el momento.
El proyecto de ley también amplía la definición de «terrorismo interno», de tal manera que los promotores o participantes en protestas por razones políticas podrían ser sometidos a la intervención de sus comunicaciones e incluso a proceso penal.
La iniciativa fortalece leyes existentes contra el lavado de fondos de origen ilícito y agrega varia figuras penales – terrorismo, fraude, corrupción y contrabando- a la lista de delitos sujetos a las leyes federales de lavado de dinero.
La aprobación del proyecto de ley, luego de cinco semanas de intensos debates y negociaciones, se produjo mientras otros países toman medidas similares tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
La Unión Europea (UE) considera legislación que reduciría en gran medida los derechos de los inmigrantes.
Los gobiernos de Canadá e India presentaron a sus parlamentos iniciativas que ampliarían los poderes del Estado a costa del contralor judicial y las libertades civiles, advirtieron Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y otros grupos de derechos humanos.
Los mismos grupos manifestaron su preocupación ante el proyecto votado por el Congreso estadounidense, especialmente por sus eventual impacto sobre los extranjeros.
HRW y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, ambos con sede en Nueva York, sostienen que la ley permitiría al Departamento de Justicia detener a los extranjeros en forma indefinida, si no puede deportarlos, mientras crea que representan una amenaza para la seguridad nacional.
«Tanto ciudadanos como no ciudadanos (estadounidenses) tienen el derecho a no ser detenidos en forma arbitraria o indefinida», advirtió el director de HRW Kenneth Roth.
«A la vez que Estados Unidos se defiende del terrorismo también debe reforzar la defensa de las libertades que han caracterizado al país», agregó.
Incluso antes de que el Congreso aprobara el proyecto, estas organizaciones manifestaron inquietud porque unas 1.000 personas, casi todos inmigrantes musulmanes sin ciudadanía estadounidense, continúan detenidos en relación con los atentados del 11 de septiembre.
La mayoría fueron retenidos como «testigos materiales» de los hechos o por delitos menores de inmigración. Uno de ellos, un pakistaní que permaneció en el país luego de que venciera su visa, murió esta semana de una enfermedad cardíaca en una cárcel de Nueva Jersey, donde había sido llevado hace más de un mes.
«Tiene que haber más apertura y transparencia. Hemos pedido más información sobre quiénes son detenidos y si tienen acceso a un abogado. Pero no obtuvimos nada», explicó Jeanne Butterfield, directora de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Algunos activistas creen que los artículos más polémicos de la nueva ley, sobre todo los que afectan los derechos de los inmigrantes, serán cuestionados en los tribunales, según Nancy Chang, abogada con el Centro de Derechos Constitucionales.
«El sistema judicial tendrá la opción de defender la Constitución o aceptar su avasallamiento», destacó.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expresó su «profunda desilusión» con el proyecto de ley y la rapidez con que fue aprobado por el Congreso.
No obstante, legisladores conocidos por su defensa de las libertades civiles y que votaron por el proyecto antiterrorista dijeron que lograron importantes concesiones del gobierno que, en un principio, había solicitado que los inmigrantes sospechosos fueran detenidos indefinidamente, sin supervisión judicial.
Así mismo, lograron que las medidas más polémicas, que amplían las facultades de vigilancia del gobierno, caduquen a los cuatro años, salvo que el Congreso vote la extensión de su aplicación.
«Artículo tras artículo, hemos agregado garantías que no existían en el proyecto (original) del gobierno», declaró el senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial de la cámara alta.
«Hemos hecho todo lo posible para proteger al pueblo estadounidense del abuso de esta nueva herramienta de aplicación de la ley», aseguró. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip hd/01
