El proyecto de construcción de una gran planta reductora de aluminio en el sur de Chile podría causar un conflicto con Canadá, según los términos del tratado bilateral de comercio firmado en 1996, advirtieron organizaciones ambientalistas.
Fernando Dougnac, abogado de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una organización independiente, señaló que se puede invocar el tratado comercial para conseguir que el Estado chileno aplique rigurosamente la legalidad vigente en la evaluación ambiental del proyecto Alumysa.
La compañía canadiense Noranda pretende construir en la región de Aysén, unos 1.500 kilómetros al sur de Santiago, una planta para producir 440.000 toneladas anuales de aluminio sobre la base del procesamiento de alúmina, carbón koque calcinado, alquitrán y otros insumos altamente contaminantes.
Noranda, «una firma que tiene un pésimo prontuario ambiental», busca que las autoridades ambientales chilenas aprueben su proyecto, para buscar socios que aporten en una inversión del orden de los 2.750 millones de dólares, dijo Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política (IEP).
Por su parte, Patricio Ramos, coordinador del Comité Ciudadano Regional «Por la defensa de Aysén, reserva de vida», dijo que el proyecto Alumysa dañaría de manera irreversible el patrimonio turístico de la región, así como las actividades agrícolas, ganaderas y de pesca artesanal.
Existe el peligro de que las autoridades aprueben la obra, dando prioridad a la inversión externa y a la creación temporal de unos 3.000 puestos de trabajo, sin evaluar adecuadamente el impacto ambiental, económico y social, indicó Peter Hartmann, director en Aysén del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff).
Los principales grupos ecologistas de Chile crearon una alianza nacional, denominada también «Aysén, reserva de vida», cuyo objetivo es apoyar las gestiones con que el comité ciudadano regional busca llamar la atención del gobierno para que fiscalice adecuadamente el impacto ambiental de Alumysa.
En la alianza participan los mayores grupos ambientalistas de Chile, como Codeff, el IEP, la Red Nacional de Acción Ecológica, FIMA, Geo-Austral, Defensores del Bosque, Greenpeace, la Fundación Terram y Chile Sustentable.
El 22 de noviembre vence el plazo de 60 días para que la ciudadanía de Aysén pueda presentar observaciones al estudio de impacto ambiental presentado por Noranda.
Ramos apuntó que ese estudio es «críptico», de difícil comprensión para campesinos y pescadores de la zona, y además oculta aspectos esenciales de los efectos del proyecto sobre el ecosistema de Aysén y la salud de la población.
Estas falencias fueron anotadas en un informe preparado por expertos de la Universidad Católica para la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Alumysa representa la mayor inversión externa en un solo proyecto realizada en la historia de Chile, lo cual podría llevar a las autoridades a favorecer la aprobación del proyecto ante las dificultades económicas chilenas, como consecuencia de la pérdida de dinamismo de la economía mundial.
La alúmina con que se fabricará el aluminio será importada de Jamaica, Brasil o Australia, países que no quieren tener en sus territorios plantas reductoras por su alta capacidad contaminante, aseguró Hartmann.
El procesamiento de la alúmina requiere de un alto gasto de energía, equivalente a 30 por ciento del aluminio como producto final. «En cada lata de bebida gaseosa se usa como insumo energético el equivalente a un litro de petróleo», agregó el ecologista.
El proyecto de Noranda prevé la producción de energía hidroeléctrica para la planta, mediante la intervención del cauce de tres ríos en la región de Aysén, con embalses que inundarían 9.598 hectáreas de bosques y terrenos ganaderos y agrícolas.
Esas obras ponen en peligro a cinco especies vulnerables de la fauna del sur de Chile.
La planta reductora de aluminio ocupará una superficie de más de un kilómetro de largo por 700 metros de ancho, según el proyecto, que prevé también la construcción de un puerto de gran calado y de unos 70 kilómetros de carreteras.
Dougnac señaló que, en tanto existen objeciones al estudio de impacto ambiental de la empresa canadiense, corresponde que las autoridades chilenas apliquen principios precautorios y paralicen el proceso de aprobación del proyecto.
El abogado precisó que la Constitución y la ley de Bases del Medio Ambiente reconocen el derecho de la ciudadanía a vivir libre de contaminación.
Agregó que la alianza nacional de organizaciones ecologistas empleará todos los recursos legales para detener el actual trámite y obligar a Noranda a realizar un estudio serio de impacto ambiental.
En caso de no prosperar las iniciativas en Chile, quedará todavía la posibilidad de invocar el tratado de libre comercio que se suscribió con Canadá en 1996, indicó Dougnac.
En ese tratado, Chile y Canadá se comprometieron a aplicar rigurosamente su normativa ambiental, contemplándose mecanismos de arbitraje en caso de denuncia de incumplimiento en cualquiera de los dos países, puntualizó. (FIN/IPS/ggr/dm/en/01
