La capital cubana, que concentra 20 por ciento de los 11 millones de habitantes del país, presenta un severo deterioro habitacional que los planes del gobierno no alcanzan a resolver.
Investigaciones señalan que hasta 1999 sólo 57 por ciento de las 575.795 viviendas existentes en La Habana eran calificadas de buenas, mientras que 43 por ciento restante se hallaba en estado regular o malo.
«Pero en algunos municipios el escenario es aún más complicado», advirtió el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, en su estudio «Ciudad de La Habana, desempeño económico y situación social».
El trabajo publicado por el Centro de Estudios de la Economía Cubana y la Oficina para Cuba de la alemana Fundación Friedrich Ebert aseveró que 75 por ciento de las viviendas ubicadas en la Habana Vieja eran calificadas de mala o regular.
También indicó que en 1999 en la capital había 7.143 ciudadelas, edificios con muchas habitaciones interiores pequeñas e independientes que confluyen en un patio común, 38 por ciento de las cuales se concentraban en la Habana Vieja y en Centro Habana.
«Mi edificio fue declarado inhabitable, pero seguimos viviendo ahí porque no tenemos donde ir», dijo María Martínez, residente en una zona de la Habana Vieja que aún no es atendida por los programas de reconstrucción.
Sin embargo, Pérez Villanueva señaló que 11,3 por ciento de las edificaciones construidas el año pasado en el país corresponden a La Habana, con 2,2 millones de habitantes.
Informes oficiales indican que el ritmo de construcción promedia las 40.000 viviendas anuales, mientras que las tareas de conservación y rehabilitación alcanzan a unos 300.000 inmuebles en el mismo lapso.
A pesar de este esfuerzo, «la escasez de materiales y de financiamiento» hace que las cifras no alcancen a cubrir los «niveles necesarios», admitió en entrevista con la prensa estatal el presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, Mario Cabello.
Al respecto, datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) señalan que la edificación de casas por parte de la población en Cuba alcanzó a 40 por ciento del total, frente a sólo 17 por ciento en 1989.
Pero más de 90 por ciento de la construcción de viviendas en La Habana recae en el sector estatal, mientras en el resto del país 55 por ciento de los esfuerzos está a cargo de cooperativas y de particulares.
Martínez aseguró que, en su caso, le ha sido imposible obtener los materiales necesarios para reparar su vivienda. «No tengo dólares para ir a las tiendas recaudadoras de divisa (TRD), donde suele haber de todo», se quejó.
La red de TRD fue creada por el gobierno de Fidel Castro a mediados de los años 90, luego de que se autorizara la libre circulación del dólar en el país.
También algunos centros de trabajo suelen suministrar recursos de construcción a sus trabajadores, que pueden recurrir además a los «rastros», sitios estatales de venta a precios de oferta y demanda, aunque en moneda local.
La otra vía para obtener los materiales es el mercado negro, que se nutre fundamentalmente del robo de recursos a los principales suministradores y, según expertos, tiene como caldo de cultivo una alta demanda y una oferta deficitaria.
«Evidentemente hay una cantidad de materiales con diferentes procedencias legales o ilegales, que también son utilizados en estos trabajos, cuyos orígenes aún no están claros», reconoció Cabello.
Las autoridades cubanas impusieron a mediados del año pasado modificaciones a la Ley General de la Vivienda e hicieron más riguroso el proceso legal para construir, remodelar o ampliar un inmueble «por esfuerzo propio».
Las medidas aplicadas intentan también frenar el auge de las permutas, único método que permite actuar al sector privado, debido a que está prohibida la compra-venta inmobiliaria.
Se afrontaba una «situación crítica con las permutas y las grandes cadenas, donde intervenían hasta 20 casas y siempre resultaba la venta ilícita de dos o tres», comentó María del Olvido Vales, subdirectora jurídica de la Vivienda en Ciudad de La Habana.
El impacto de lo que oficialmente se describió como «batida contra el lucro», se hizo sentir en 2000 con más de 1.400 confiscaciones de viviendas «malhabidas», 548 expulsiones de ocupantes ilegales y multas por valor de más de 1,5 millones de dólares.
Este año, 21 lujosos inmuebles del barrio habanero de Santa Fe, varias de las cuales pertenecían a extranjeros, fueron también expropiados al amparo de la nueva legislación y entregados al estado para su uso social.
«Detrás de la edificación de esos inmuebles majestuosos o de su compraventa ilegal suelen moverse grandes sumas de dinero. Allí constatamos las acciones más corruptas y degradantes en torno a la vivienda», afirmó un funcionario gubernamental. (FIN/IPS/pg/dm/dv/01
