Sindicalistas estadounidenses y colombianos vincularon la propuesta de política energética del presidente George Bush con la persecución de paramilitares contra la actividad sindical en Colombia, un país que exporta carbón a Estados Unidos.
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó antes de su receso de agosto la propuesta de Bush, que está a consideración del Senado e implica un aumento del uso de carbón como fuente de energía, en el marco de la creación de entre 1.300 y 1.900 nuevas centrales generadoras de electricidad en los próximos 20 años.
Colombia es el cuarto productor mundial de carbón, y exportó el año pasado 30 millones de toneladas de ese mineral, por valor de 794 millones de dólares. El carbón es para ese país la tercera fuente de ingresos por exportaciones.
Por otra parte, Colombia es uno de los países más peligrosos para quienes realizan actividad sindical. Más de 40 dirigentes sindicales han sido asesinados este año, y el año pasado hubo 129 víctimas.
Según la organización no gubernamental colombiana Escuela Nacional Sindical, más de 1.500 sindicalistas fueron asesinados en la última década, y la cantidad llegó a 3.800 desde 1986, afirma Héctor Fajardo, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.
Sindicatos estadounidenses sostienen que diversas políticas de Washington aumentan los riesgos que corren sus pares colombianos. Entre ellas el Plan Colombia, de asistencia a Bogotá para el desarrollo y la lucha contra el narcotráfico por valor de 1.300 millones de dólares.
Las organizaciones humanitarias Human Rights Watch, de Nueva York, y Amnistía Internacional, radicada en Londres, aseguran que fondos de ese plan son empleados en Colombia para apoyar a grupos paramilitares derechistas, responsables del asesinato de sindicalistas.
Bush impulsa un aumento de la inversión estadounidense en otros países, incluyendo la destinada a la explotación de carbón en Colombia, resistida por los sindicatos de ese país, cuya protesta ha sido reprimida por las autoridades.
La mina colombiana de carbón Cerrejón Norte, antes estatal, es explotada en forma conjunta por el gobierno y la firma Exxon Corp, integrante del conglomerado estadounidense ExxonMobil, desde mediados de los años 80.
Esa mina produjo el año pasado 18,4 millones de toneladas de carbón, la mitad del total de Colombia. La mitad de esa producción de Cerrejón Norte quedó en poder de Exxon, que vendió 17 por ciento de su parte a Estados Unidos.
El ejército colombiano garantiza la seguridad de la mina, y tiene numerosos antecedentes de involucramiento en conflictos sindicales. A comienzos de los años 90, Bogotá ordenó a sus Fuerzas Armadas que rompieran una huelga de mineros en Cerrejón Norte, que fue ocupada por los militares con tanques.
Otras compañías del sector energético estadounidense dependen del ejército colombiano para la seguridad de sus campos petroleros, entre ellas la firma Occidental Petroleum.
Los sindicatos estadounidenses mantuvieron durante años cierta hostilidad hacia sus pares de otros países, pero en la actualidad los respaldan contra abusos humanitarios, en parte por su propio interés.
La existencia de mano de obra barata y la represión antisindical favorecen la instalación de compañías estadounidenses en Colombia, un hecho que se traduce en la pérdida de fuentes de trabajo en Estados Unidos, sostienen esos sindicatos.
Exxon disminuyó su producción de carbón en territorio estadounidense tras asociarse con el Estado colombiano en Cerrejón Norte, y redujo de 1.600 a 321 el número de sus trabajadores mineros en Estados Unidos.
En la actualidad, más de la mitad del carbón producido por la firma en el mundo proviene de Colombia.
A medidados de marzo fueron asesinados los mineros Valmore Locarno Rodríguez y Victor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente, respectivamente, del sindicato de la septentrional mina colombiana de carbón Loma, la segunda del país y propiedad desde 1994 de la firma estadounidense Drummond.
Locarno y Orcasita volvían a sus hogares desde la mina, en un autobús de la firma que fue detenido cerca de Valledupar, a unos 45 kilómetros de Loma, por 15 hombres armados, algunos de ellos con uniforme militar, según testigos.
Los pistoleros exigieron documentos de identidad a los trabajadores y secuestraron a los sindicalistas.
Otros mineros presentes afirman que Locarno fue golpeado en la cabeza con la culata de un rifle y que recibió un disparo en la cara, mientras Orcasita era llevado hacia la selva que bordea el camino.
El cadáver de Orcasita fue encontrado luego, con las uñas arrancadas.
El comandante de la policía local, Hugo Alfonso Cepeda, afirmó por televisión que esos asesinatos fueron cometidos por la organzación paramilitar derechista Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las AUC habían amenazado de muerte a dirigentes sindicales de Loma, a quienes acusaron de colaborar con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, señaló el coordinador para América del Norte de la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores Químicos y Energéticos, Ken Zinn.
La región de Loma es escenario de intensos enfrentamientos entre las FARC y las AUC.
Drummond afirma que se negó a pagar a las FARC lo que éstas denominan un «impuesto revolucionario», y que la respuesta de los guerrilleros el año pasado consistió en cinco ataques con bombas contra la vía férrea de 340 kilómetros de la mina a Puerto Drummond, por la cual se traslada el carbón.
El presidente de la firma, Gary Drummond, visitó el año pasado Colombia para pedir protección al presidente Andrés Pastrana.
«El conflicto determina que se adopten con rapidez muchos prejuicios, y uno de esos prejuicios es que muchos dirigentes sindicales apoyan a los guerrilleros», dijo Rafael Albuquerque, representante en Colombia de la Organizacion Internacional del Trabajo.
Roberto Molino, de la Comisión Colombiana de Juristas, apuntó a su vez que «no se puede subestimar la colaboración de fuerzas gubernamentales con los paramilitares».
En 2000, la mina de Loma produjo 11,8 millones de toneladas, cuatro millones más que el año anterior, y cinco millones de toneladas fueron exportadas al estado meridional estadounidense de Alabama, sede de Drummond.
La firma espera extraer de Loma 15 millones de toneladas de carbón el año próximo, y 25 millones de toneladas en 2006.
En 1996, Alabama había exportado 13 millones de toneladas de carbón, provenientes en su mayor parte de minas de Drummond. Desde entonces, la compañía redujo su fuerza de trabajo en Estados Unidos, y las exportaciones de carbón de Alabama el año pasado fueron sólo tres toneladas.
Drummond trasladó sus operaciones a Colombia «en conocimiento de los conflictos políticos y las graves violaciones de los derechos humanos en ese país», señaló el vicepresidente del sindicato Trabajadores Mineros Estadounidenses Unidos, Jerry Jones.
Ese traslado implicó una sustancial reducción de costos para Drummond. Un minero sindicalizado de Alabama cobra 3.060 dólares por mes, sin contar el costo de beneficios sociales, mientras los mineros de Loma ganan de 477 a 955 dólares mensuales. (FIN/IPS/tra- eng/db/aa/mp/lb ip/01
