La justicia argentina atrae desde hoy la atención internacional, tras el inicio del juicio oral a 20 personas acusadas de participar de la «conexión local» para el atentado contra una mutual judía en 1994, que causó la muerte a 85 personas y que habría sido planeado en el exterior.
En las audiencias públicas, que se desarrollan en medio de un fuerte operativo de seguridad, la justicia tratará de determinar los responsables del apoyo logístico del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que investigadores suponen fue planificado y financiado en Siria o Irán.
Precisamente, los fiscales del caso señalaron este lunes que no se puede descartar la relación de los autores intelectuales y materiales del ataque a la AMIA con el saudita Osama bin Laden, considerado por Estados Unidos el principal sospechoso de ordenar los atentados terroristas del día 11 en Nueva York y Washington.
La destrucción de la sede de la AMIA con coche-bomba se produjo dos años después de que otro perpetrado con igual método derribara la embajada de Israel en Argentina, con un saldo de 29 muertos.
La investigación del ataque contra la embajada israelí, que llegó hasta la última instancia de la Corte Suprema de Justicia, concluyó sin resultados, y los familiares de las víctimas de la AMIA sostienen que en este proceso se tienen aún menos pistas que en el caso anterior.
Sin embargo, abogados de la AMIA aseguraron que uno de los sospechosos de atentar contra la legación diplomática de Israel en Buenos Aires figura en la lista del estadounidense Buró Federal de Investigaciones de posibles autores de los ataques del martes 11 en ese país.
Mientras, 15 de los 20 argentinos acusados de colaborar con los terroristas que destruyeron la AMIA eran funcionarios de la policía de la provincia de Buenos Aires en el momento del ataque.
La fiscalía sospecha que cinco de los involucrados fueron «partícipes necesarios» del atentado, por haber hecho los trámites para conseguir y acondicionar el vehículo que se usó como coche- bomba.
Los investigadores encontraron entre los escombros de la mutual el motor de la camioneta modelo «trafic», que fuera cargada con explosivos para hacerlos detonar frente al edificio ubicado en un barrio céntrico de Buenos Aires.
El hallazgo del motor condujo a la policía hasta el mecánico Carlos Telleldín, quien, tras ser detenido en 1994, declaró que armó una trafic con ese motor a pedido de policías bonaerenses.
Los policías acusados niegan la versión de Telleldín, mientras expertos sostienen que no existen pruebas contundentes para establecer una conexión entre las declaraciones de unos y otros.
Por eso, fiscales, abogados y familiares de las víctimas confían en que el juicio oral y público arroje nuevos datos. La justicia ha convocado a declarar a 1.470 testigos, en audiencias que insumirán entre siete y 10 meses.
El fiscal José Barbaccia, uno de los tres que intervinieron en las investigaciones, sostuvo este lunes que a lo largo del proceso procurarán «terminar con las estructuras de silencio y complicidades entre los acusados».
A pesar de los cuestionamientos de familiares de las víctimas, quines consideran que en la investigación de más de siete años hubo muchas irregularidades y encubrimientos, nadie descarta ahora que el proceso eche nueva luz sobre los ataques en Nueva York y Washington.
«Para nosotros, hoy es un día muy importante», declaró Sofía Guterman, madre de una joven muerta en el atentado contra la AMIA.
«Trabajamos más de siete años y hubiéramos querido tener a todos: los ideólogos, los que prepararon la bomba, los que la hicieron detonar y los que ayudaron, pero de todos modos tenemos esperanzas de saber la verdad», añadió.
«Si los policías nos dicen a quién le entregaron la camioneta, se nos abren las puertas de la conexión internacional, donde están los peces gordos», explicó.
No obstante, Guterman apuntó que nadie sabe lo ocurrido en la semana previa al atentado, pues hay un «agujero negro» en la investigación, que es «imposible de penetrar».
«Sabemos que la trafic existió, que fue entregada por el comisario Juan José Ribelli el 10 de julio, 10 días antes del atentado», remarcó.
Explicó que Ribelli y Telleldín mintieron y entregaron pistas falsas durante años, y eso provocó retrasos quizás definitivos en la investigación.
Por su parte, Diana Malamud, viuda de un arquitecto que también murió en la AMIA, es más escéptica.
Malamud, de la agrupación de familiares Memoria Activa, dijo a IPS que el proceso procura dar un cierre a un asunto que fue encubierto por políticos, legisladores y funcionarios judiciales.
«Para muchos, este proceso debería ser un epílogo, pero para los familiares es apenas el comienzo de una investigación en la que hubo graves encubrimientos por parte de políticos y de funcionarios judiciales y policiales», agregó.
Memoria Activa presentó hace más de un año una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), en la que acusa al estado argentino de no prevenir el ataque, de ineficacia en las investigaciones judiciales y de no hacer justicia a más de siete años de ocurrido el ataque.
El presidente de la CIDH, el chileno Claudio Grossman, se hizo presente este lunes en la apertura del proceso y volverá a presentarse periódicamente para estar al tanto de los avances que se produzcan en el juicio, según declaró.
También harán los propio representantes del gobierno de Israel y, por supuesto, líderes de la colectividad judía de Argentina y de otros países.
Sin embargo, los familiares de las víctimas que integran Memoria Activa descreen de estos apoyos, pues entienden que son vulnerables a las presiones políticas y a los intereses económicos. (FIN/IPS/mv/dm/ip/01
