La postergación en Sri Lanka de un referendo constitucional destinado a poner fin a la guerra de 18 años entre el gobierno y los separatistas tamiles se debió tanto al rechazo de la oposición como a la falta de interés de la ciudadanía, opinaron analistas.
La presidenta Chandrika Kumaratunga pospuso el martes la consulta popular del 21 de este mes al 18 de octubre para poder dialogar más con líderes opositores y con el influyente clero budista, informó la red de televisión Rupavahini.
La mayoría de los srilankeses, a diferencia de Kumaratunga y unos pocos ministros, consideraban el referendo una pérdida de tiempo y dinero, en particular porque existe coincidencia sobre la necesidad de una nueva constitución.
«Era una pérdida de tiempo, y además a nadie le importaba este referendo», afirmó Jehan Perera, analista político y portavoz del Consejo Nacional para la Paz, una organización no gubernamental que promueve una solución pacífica para la guerra con los tamiles.
«No sorprende que la presidenta lo haya postergado», agregó.
La propia Kumaratunga declaró el martes por la noche que su decisión de aplazar la consulta popular obedecía a los deseos de la mayoría.
Los partidos de oposición se opusieron al referendo y lo consideraron una estrategia para desviar la atención de la crisis que enfrenta el gobierno en el parlamento, donde es minoría.
La presidenta lucha por mantener la cohesión de su gobierno desde que su Alianza Popular perdió la mayoría parlamentaria en julio, quedando con 109 de los 225 escaños.
Según los críticos, el referendo fue sólo una de las estrategias de Kumaratunga para ganar tiempo contra los esfuerzos de la oposición, encabezada por el Partido Nacional Unido, para derrocar al gobierno.
Primero dejó que se interrumpiera el estado de emergencia, que durante años permitió a las fuerzas de seguridad combatir a los separatistas tamiles, para evitar que la oposición parlamentaria rechazara su prolongación.
Después, hizo suspender una sesión parlamentaria mientras crecía el debate acerca de una moción de censura.
«Todas las medidas que toma son actos de desesperación para superar una crisis, pero crean otras crisis», opinó Nadesapillai Vithyatharan, director asociado del diario de lengua tamil Udayan.
La Alianza Popular encabezada por Kumaratunga llegó al poder en 1994 con la promesa de reformar la Constitución de 1978 y otorgar más facultades administrativas a las áreas dominadas por la minoría tamil, en el norte y este de la isla.
Kumaratunga prometió eliminar el poder predominante de la presidencia y volver al sistema parlamentario.
En los últimos siete años, el gobierno intentó en varias ocasiones hacer aprobar una nueva Constitución en el parlamento, pero fue rechazado por el Partido Nacional Unido y algunos grupos políticos tamiles. Una reforma constitucional requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios.
Aunque el resultado del referendo no tendría un efecto obligatorio para el gobierno, la aprobación de la reforma constitucional representaría un espaldarazo para Kumaratunga.
La mandataria anunció que el gobierno introducirá una nueva Constitución para fin de año, pero no divulgó detalles sobre las reformas propuestas.
Sin embargo, se espera que otorgue una amplia autonomía a los tamiles, que acusan a la mayoría cingalesa de discriminarlos en la educación y en el empleo.
Kumaratunga también intenta modificar la Constitución para dar más autonomía a las provincias, una de las principales demandas de los tamiles, que suman 3,2 millones de personas en una población total de 18,6 millones.
Los Tigres de Liberación de la Patria Tamil luchan desde 1983 por una tierra independiente en el norte y este de Sri Lanka, en una guerra que ha dejado cerca de 64.000 muertos. (FIN/IPS/tra-en/fs/js/mlm/ip/01
