El gobierno y la sociedad civil de Tailandia debaten el alcance de la información que contendrán las etiquetas de los alimentos con material transgénico, en un país donde el 25 por ciento de los productos alimenticios contiene organismos genéticamente modificados.
El 5 de septiembre se celebrará en Bangkok la primera audiencia pública sobre el alcance del etiquetado obligatorio, organizada por la Oficina Administradora de Alimentos y Medicamentos (OAAM), encargada de diseñar la política de transgénicos en la alimentación.
La agencia gubernamental recomienda el etiquetado obligatorio de los alimentos con más de cinco por ciento de sus ingredientes genéticamente modificados, sistema similar al vigente en Japón.
«Tras examinar la política japonesa consideramos que es un modelo a seguir», dijo un especialista de la OAAM que no quiso dar su nombre.
Sin embargo, la fuente admitió que «aún debemos reunir más información de los consumidores, los activistas y la industria antes de dar nuestras recomendaciones finales».
Los transgénicos son nuevas variedades vegetales o animales logradas en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies en el material genético original. Esta introducción se realiza mediante organismos vectores, usualmente virus o bacterias.
El resultado es un nuevo organismo que contiene genes de otras especies. La ciencia aún no ha dado respuestas concluyentes sobre los efectos de los transgénicos en la salud humana y en el ambiente.
Todo producto que contenga cualquier rastro de transgénicos debe llevar etiqueta, según las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas y defensoras de los derechos del público consumidor.
«La gente tiene derecho a saber lo que está comiendo y a elegir alimentos seguros», dijo el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Consumidores de Tailandia (CCO), Saree Aongsumwang.
«Si los fabricantes confían en la seguridad de sus alimentos, deberían apoyar la información sobre todos los productos con transgénicos», sostuvo Jiragorn Gajaseni, directora de la división de Asia sudoriental de la ONG ecologista Greenpeace.
Ambas organizaciones asistirán a la audiencia pública en Bangkok para cuestionar la postura oficial.
«El límite de cinco por ciento es un error y revela que la agencia gubernamental favorece a la industria alimentaria y a los países productores de transgénicos, como Estados Unidos», aseguró Jiragorn.
Por otra parte, la gigante trasnacional de alimentos Nestlé, con sede en Suiza, y la embajada estadounidense expresaron su apoyo a la decisión gubernamental de etiquetar los alimentos modificados.
«Saludamos la iniciativa de la OAAM para alcanzar una solución constructiva en el actual debate sobre ingredientes derivados de organismos modificados genéticamente», según un comunicado de Nestlé entregado a IPS. La empresa aseguró que «cumplirá estrictamente las regulaciones de las autoridades de Tailandia».
«Cada país tiene derecho a hacer sus propias leyes y a aplicar sus regulaciones. Esperamos que éstas se basen en la ciencia», afirmó en una entrevista el consejero de asuntos económicos de la embajada estadounidense Joseph Yun.
«¿Qué pasará con los consumidores que no aceptan ningún rastro de transgénicos en su alimentación? Algunos productos modificados pueden no ser del agrado de la población de tradición budista (mayoritaria en Tailandia)», dijo Auaiporn Suthonthanyakorn, de Greenpeace.
«Nadie puede decir que cinco por ciento de transgénicos es tan seguro como uno por ciento o como 0,001 por ciento. Las etiquetas deben informar si un alimento contiene ingredientes modificados o no y punto», sostuvo René Vellve, de la ONG Acción Internacional por los Recursos Genéticos (GRAIN).
Esto se debe, según GRAIN, a las posibles reacciones humanas al consumo de transgénicos, como «hipersensibilidad, intoxicación, alergias, mayor resistencia a los antibióticos, menor calidad nutricional y posibles efectos mutagénicos», explicó Vellve.
Los consumidores tailandeses reclaman un régimen de etiquetado más firme. «Ese derecho está garantizado en nuestra nueva Constitución» en vigor desde 1997, dijo Witoon Lianchamroon, de la Red sobre Biodiversidad y Derechos Comunitarios (Biothai).
Una encuesta dirigida por la Federación de Consumidores expuso en 1993 que apenas 25 de las 300 personas encuestadas en la capital conocían la existencia de productos transgénicos en los alimentos.
Un estudio similar encargado por Biothai a comienzos de 2001 entre 334 consumidores de Bangkok mostró que 91 por ciento de los mismos estaban informados al respecto y que 82 por ciento querían el etiquetado obligatorio.
Desde que Greenpeace lanzó en abril una campaña nacional sobre el etiquetado, la ONG recibe llamadas diarias «sobre todo de madres y amas de casa preguntando qué alimentos contienen transgénicos», aseguró Auaiporn.
La campaña se basó en un estudio realizado en conjunto con el grupo ambientalista Green Net, según el cual uno de cada cuatro productos alimenticios que se venden en el mercado tailandés contienen ingredientes modificados como soja y maíz.
El informe «Ingeniería genética: El ingrediente escondido en la alimentación tailandesa» reveló que contenían transgénicos el alimento para infantes Baby Cerelac, de Nestlé, la sopa instantánea de maíz Knorr, de Unilever, la pasta Nissin, el queso de soja Vita-Tofu, el refresco instantáneo de cereal Good Times y las papas fritas Pringles.
«Los envases no informaban sobre los transgénicos. Los análisis realizados demostraron la doble conducta de las compañías internacionales de alimentos. Prometen no utilizar transgénicos en Europa y Japón, pero los incluyen secretamente en los alimentos que venden en Tailandia», afirma el estudio.
La mayoría de los fabricantes desmintieron la información. La empresa Nestlé sostuvo en un comunicado que «hay sólo una conducta para los productos de Nestlé, la misma que se aplica en todo el mundo».
«A través del control de calidad, el examen de materias primas y los procedimientos productivos mundiales y los análisis de calidad y nutricionales, nos preocupamos al máximo por la seguridad. Confiamos que los derivados locales de esos cultivos no constituyen un riesgo para la salud», agregó la compañía.
Con vistas a la audiencia pública de la próxima semana, Jiragorn, de Greenpeace, sostuvo que la prioridad del gobierno debe ser «el derecho de los consumidores a conocer todos los alimentos con transgénicos». (FIN/IPS/tra-en/mmm/js/dc/aq/dv en/0
