La persecución del gobierno de Honduras contra activistas y dirigentes indígenas y populares fue objeto hoy de una fuerte advertencia de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
«La situación de los derechos humanos en Honduras es preocupante», dijo a IPS la chilena Dina Coloma, de Amnistía Internacional.
Coloma y la británica Fiona Tasker, ambas representantes de la organización internacional, dieron a conocer este martes el resultado de dos semanas de recorrido por diversas regiones de Honduras.
Ambas activistas aseguraron que en este país existe una campaña de desprestigio contra dirigentes ambientalistas y de derechos humanos que oponen a diversas operaciones de empresas privadas.
«Tememos que esta campaña de descrédito esté motivada por razones políticas», aseveró Tasker.
Veinte dirigentes populares e indígenas y activistas de derechos humanos están acusados ante la justicia por organizar una manifestación de protesta por el asesinato, el mediodía del 30 de junio, del agricultor cafetalero Carlos Flores, quien se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica.
«Si estos 20 activistas son mantenidos en la cárcel, Amnistía Internacional los declarará presos de conciencia», advirtió Coloma.
Los detenidos son acusados de los delitos de desobediencia, desacato y atentado luego de organizar el 19 de julio una manifestación en Tegucigalpa que terminó con una violenta represión policial.
La población del municipio de Gualaco, en el departamento de Olancho, 170 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, «está viviendo con tremendo temor por la represión» sufrida a manos de «los agentes de seguridad de la empresa hidroeléctrica» contra cuyas operaciones protestaba Flores.
Según Amnistía, los habitantes de Gualaco soportan amenazas y hostigamiento porque la mayoría se oponen a la construcción de una represa hidroeléctrica en su comunidad, proyectada por la privada empresa Energisa.
La represa sobre el río Babilonia dañará los ecosistemas de la localidad y desviará las aguas que cientos de campesinos utilizan para regar sus cultivos, afirman los pobladores que se oponen a su construcción.
«Si en los años 80 se mataba a las personas por cuestiones políticas a escondidas, ahora se hace a plena luz del día», dijo a IPS el dirigente ambientalista Isidro Zúniga, habitante de Gualaco.
Zúniga aseguró que Flores fue asesinado por agentes de seguridad privados frente a su madre, a su esposa y a sus hijos. Desde enero los pobladores reciben intimidaciones, balaceras y amenazas directas de esos agentes, afirmó.
La represión en esa localidad llegó a tal grado que la escuela no abre sus puertas hace tres meses por el temor de los maestros a los actos de violencia, dijo el dirigente ambientalista.
Este país está volviendo a sufrir un periodo de represión, porque muchas personas vinculadas con el poder político pretenden acallar las protestas sociales, dijo a IPS Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras.
«En los años 80, la justificación para reprimir a los activistas era la defensa de la seguridad del Estado. Ahora es la defensa de la seguridad económica de ciertas empresas», sostuvo Pavón.
Amnistía también expresó su preocupación porque la desaparición de decenas de activistas de derechos humanos y civiles en los años 80 quedaron en la impunidad y nunca fueron esclarecidas.
La organización internacional también lamentó la persistencia de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de niños pobres que viven en las calles a manos de policías y la marginación de las minorías sexuales. A muchas organizaciones de homosexuales se les negó el derecho a la personería jurídica.
«La amplitud de las preocupaciones que se nos plantearon durante esta visita demuestra una vez más la imprescindible necesidad de que el gobierno hondureño emprenda una serie de medidas para mejorar la situación de los derechos humanos», dijo Amnistía en un comunicado. (FIN/IPS/nms/mj/hd/01
